Las investigaciones de los tres asesinados que aparecieron en General Rodríguez (Buenos Aires) revelaron aspectos del negocio ilegal de la efedrina y posibles operaciones de redes ramificadas desde México y Colombia, a través de socios locales que pertenecerían al sistema de salud y contribuyeron al financiamiento de la campaña electoral de Cristina Fernández de Kirchner. La situación obligaría a que se alejara del cargo Héctor Capaccioli, titular de la Superintendencia de Seguros de Salud desde febrero del 2006, cuando lo nombró Alberto Fernández, por entonces jefe de Gabinete.

El apodado "Capa" fue operador radial en radio El Mundo y secretario general de su gremio, se desempeñó como secretario de Descentralización durante un tramo de la gestión de Aníbal Ibarra como jefe de Gobierno porteño y se convirtió en uno de los recaudadores de las campañas del kirchnerismo desde el 2003.

Según lo declarado por el Frente para la Victoria ante la Justicia electoral, el 36,5% de los donantes en el 2007 pertenecía al sector de la salud, entre ellos laboratorios, droguerías, servicios e insumos. La Coalición Cívica solicitó que se investigaran las donaciones de uno de los tres muertos, Sebastián Forza, titular de la droguería Seacamp, quien aportó 200.000 pesos a la última campaña, pese a tener 1,8 millón pesos de pasivo como contratista del Hospital Francés y ser denunciado trece veces por adulteración de medicamentos. Capaccioli aceptó que Seacamp sumó a la campaña, pero dijo no conocer a Forza ni que tuviera inhibiciones.

Según otras denuncias que investiga la Justicia, se pierden recursos de las obras sociales -manejan aproximadamente 7.000 millones de pesos anuales- por supuestos tratamientos contra el cáncer, hemofilia o sida, proporcionados a afiliados "fantasmas" e inexistentes, que paga la SSS. Estos fraudes aparentemente serían inviables sin la participación de sindicalistas.