El Instituto de Políticas Económicas y Sociales (IPES) de la Confederación General Económica (CGE) manifestó la necesidad de que se reforme la actual ley de entidades financieras para que el sector de las pequeñas y medianas empresas pueda acceder más fácil al financiamiento. El Instituto, coordinado por Guillermo Gómez Galizia, brindó un informe económico al tiempo que dio a conocer su propuesta de reforma a la citada norma. También estuvieron presentes el titular de la CGE a nivel nacional, Daniel Millaci, y los redactores de la propuesta Horacio Irigoyen, Juan Carlos Latrichano y Hugo Settembrino.
La propuesta de reforma indica que la ley de Instituciones Financieras Nº 21.526 fue sancionada en el año 1976, en tanto que las normas de crédito del Banco Central responden a las normas bancarias de Basilea, implementadas en la década del '90. La citada norma reemplaza a la ley 18.061 que habilitaba a las cajas de crédito a usar cuentas a la vista que eran giradas mediante letras de cambio de cooperativas.
Los autores de la propuesta indicaron que, si se adopta un sistema similar al de la antigua ley 18.061, se "regionalizaría" el sistema crediticio debido a la presencia local de las cajas de crédito. Indicaron que en la actualidad son cuatro las provincias que se llevan el 80% del total de créditos otorgados en el país, incluida la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe.
En opinión de los integrantes del IPES, la aplicación de la antigua ley fomentaría el crédito para las pymes debido a que las cajas de crédito se especializan en clientes pequeños. Además, sostuvieron que se abarataría el costo impositivo partiendo de la idea de que la libranza de cuenta a la vista se hallaría exenta del impuesto al cheque. A criterio del IPES, el actual sistema de normas de crédito bancario promueve el crédito para las grandes empresas debido al sistema de calificación que discrimina a las pymes, al tiempo que promueve el crédito al consumo debido a que no se previsiona en base al flujo de fondos sino en función del grado de atraso en los pagos.
