Los actos de violencia ocurridos en Córdoba esta semana son sólo la punta del iceberg de un problema que tiene el gobierno y que, por ahora, pareciera de difícil resolución.

Las cajas fiscales de las provincias penden de un delicado equilibrio. Muchas de ellas ya están con un "rojo" que no pueden revertir.

El gobierno nacional, en esta primera parte del año, limitó sensiblemente las partidas "extra coparticipables" para las provincias, lo que generó serios problemas a la hora de cancelar los salarios y aguinaldos de los empleados públicos. Algunos gobernadores ya están reclamando fondos frescos para poder cancelar los haberes de julio. "Los subsidios para el control de precios se están llevando una gran cantidad de fondos. Sin ellos, la economía se plancha. Los gobernadores deben entender cuáles son las prioridades para el gobierno", apuntó un importante asesor del Ministerio de Economía ante la ofensiva de los mandatarios provinciales.

Los números oficiales dejan al descubierto los problemas que se vienen. Durante junio, los subsidios al sector privado crecieron 58%. Las transferencias discrecionales a las provincias cayeron 61%.

El perverso modelo de relación que tiene la Nación con las provincias comienza a agrietarse. Las partidas prometidas por el poder central para sostener las estructuras de gastos primarios en algunos distritos no llegan y esto se termina reflejando en los actos de violencia de esta semana en la ciudad de Córdoba.

Pero no es sólo la provincia administrada por Schiaretti la que comienza a hacer agua con su presupuesto. Días atrás se supo que el gobernador Daniel Scioli solicitó 1.200 millones de pesos para poder hacer frente a parte de sus obligaciones (salariales y con proveedores) para cerrar el semestre sin grandes apuros. Obviamente, el verticalismo que muestra Scioli ante los K impide que este tipo de pedidos trasciendan en forma oficial. Santa Fe es otra provincia en problemas. Esta semana el gobernador Hermes Binner solicitó al jefe de Gabinete, Sergio Massa, la transferencia inmediata de una presunta deuda que mantiene la Nación con la provincia por unos 1.000 millones de pesos.

En definitiva, las provincias comienzan a reclamar lo que consideran que les corresponde. Habrá que esperar para ver cómo va a actuar la Nación frente a estas presiones. (Redacción Central)