Desde la llegada al poder de la familia Kirchner, el gobierno nacional intentó, con un alto grado de demagogia y oportunismo, culpar a las políticas de los '90 de las crisis económicas recurrentes que vive el país.

Las privatizaciones no quedaron fuera de este esquema.

De allí que en los últimos años empresas como Aguas Argentinas SA y Correo Argentino SA, por nombrar algunas de ellas, pasaran a ser propiedad del Estado luego de presionar a los empresarios que las manejaban para que dejaran sus acciones.

El caso de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas no es muy diferente.

La falta de una política económica coherente, la fuerte distorsión de precios relativos, la coerción de los gremios avalada desde el poder político y la continua intervención del Estado en el mercado de la aeronavegación determinaron la salida abrupta del Grupo Marsans del paquete accionario de las empresas.

El costo fiscal de esta maniobra: cerca de 2.000 millones de dólares, teniendo en cuenta el nivel de deuda actual que presenta la compañía y los fondos necesarios para poder sostenerla en funcionamiento.

Como toda empresa estatizada, Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas pasan ahora a ser parte del dominio político del ministro Julio de Vido y su mano derecha en este tema: el secretario de Transporte, Ricardo Jaime.

Un punto no menor teniendo en cuenta los antecedentes de estos dos funcionarios desde que llegaron al gobierno.

Todos sabemos que la nueva aerolínea estatizada será una empresa financiada con aportes del Tesoro nacional. La duda es: ¿cuánto les costará a los argentinos esta nueva aventura? Imposible de predecir.

Ejemplo: los números de AySA (la empresa Aguas Argentinas estatizada) y Correo Argentino (ex Grupo Macri) sólo son conocidos por el ministro De Vido y los sindicalistas relacionados a esta firmas que viven del Estado.

Pasarán muchos años antes de que se conozca cuánto fue el dinero que recibieron estas empresas de los contribuyentes para poder sostenerse dentro del sistema.

Sin el proyecto del tren bala a la vista, De Vido y su gente depositan gran parte de su futuro político en el resultado que muestre la estatización de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas.

PRESIONES

Sin liberar de responsabilidades al Grupo Marsans, en la vuelta de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas al Estado argentino mucho tuvo que ver la forma de ejercer el poder del gobierno en su relación con los ex accionistas de la empresa.

* Tarifas. Desde el 2001, momento en que se hizo cargo el grupo español de las empresas de bandera, hasta fines del 2007 los costos fijos internos de la actividad treparon más del 300%. La mayor parte de este aumento provino de salarios y el precio del combustible (con el petróleo en los últimos doce meses por encima de los 100 dólares). En este mismo período, la suba de tarifas de cabotaje (directas, teniendo en cuenta las autorizaciones de la Secretaría de Transporte, e indirectas, producto del subsidio al combustible que recibieron todas las empresas del sector) no superaron el 60%. Este desfasaje entre costos e ingresos fue determinante a la hora de hablar del quebranto de la empresa y la fuerte deuda tomada en los últimos tres años.

En el mejor momento de las empresas, la demanda de pasajes de cabotaje suplía con creces la oferta. Había, en ese momento, margen para ajustar tarifas porque existía la demanda potencial que lo podía tomar sin problemas. Pero el gobierno no quiso asumir “el costo político” de esta decisión, pese a que hoy lo está pagando mucho más caro con el paso de acciones a manos del Estado.

* Presión sindical. La presión ejercida por los distintos gremios aeronáuticos contribuyó a potenciar el caos del servicio. Sin dudas, toda esta ofensiva gremial estuvo avalada en todo momento por el gobierno nacional, ya que los sindicatos eran los que más presionaban para la reestatización de estas dos empresas. Incluso, hasta la semana pasada se negaron a aceptar la incorporación de capital privado si eso conllevaba a la fusión de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas, una de las exigencias del empresario Carlos López Mena cuando se lo tentó desde el gobierno a comprar parte de las acciones del Grupo Marsans. El sentido común lleva a pensar que no hay salida económica para dos empresas que se superponen en sus actividades... dos directorios, dos oficinas centrales, el doble de personal, etc., etc. El gobierno ya garantizó la continuidad de estos “mayores costos” a los sindicatos, concesiones que termina pagando toda la sociedad.

En definitiva, la inseguridad jurídica con los manejos tarifarios y las maniobras de los sindicatos avalados por el matrimonio K fueron el tiro de gracia para que el Grupo Marsans termine por ceder sus acciones al Estado argentino.

EL ROJO FISCAL
El gobierno nacional se hace cargo de empresas que están plagadas de problemas. Esto, en materia económica, significa la pérdida de cientos de millones de dólares hasta la estabilización del negocio. La duda en este tema es si el gobierno será capaz de revertir la crítica situación de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas para devolverlas saneadas al sector privado. Nuevamente, los antecedentes no permiten ser muy optimistas al respecto. Podemos estar en las puertas de otro escándalo.

El gobierno nacional deberá hacerse cargo en el corto plazo de alrededor de 1.000 millones de dólares y otro tanto que podrán ser refinanciados, obviamente con nuevas garantías que, muy pocos dudan, saldrán del mismo Estado. Si bien son pocas las cifras que se tienen de esta operación, distintas notas periodísticas y estudios privados determinaron lo siguiente:

* La deuda global se ubica cercana a los 960 millones de dólares (falta definirla contablemente, pero ya anticiparon que podría ser mayor). Cerca del 30% de la misma debe ser cancelada en el corto plazo por lo que el Estado deberá hacerse cargo de unos 260 millones.

* Algo más de 150 millones de dólares se necesitan para la compra de repuestos y poner en funcionamiento las aeronaves. El 50% de la flota está virtualmente paralizada por la falta de mantenimiento y repuestos.

* El Grupo Marsans acordó un pago por parte del Estado de 150 millones de dólares para la salida de la empresa.

* El subsidio al combustible por parte de Economía, que en promedio llega a los 60 millones anuales, se incrementará por encima de los 100 millones.

* El déficit anual que presenta la firma está en torno a los 360 millones de dólares anuales. Este sin duda iría disminuyendo a medida que se incorpore capital y se pongan a trabajar las aeronaves que hoy están paralizadas por falta de mantenimiento.

Pero obviamente, esto no se puede hacer de un día para otro.

Todo este desembolso que deberá hacer el Estado nacional para poner las cuentas de la empresa “en orden”, complican el equilibrio fiscal. Las mayores erogaciones estimadas –no previstas en el presupuesto–, sumadas a los menores ingresos –por no contar con las retenciones móviles–, sin dudas modificará, a partir de ahora, el positivo escenario que tuvieron las cuentas fiscales durante el primer semestre del año.
(Redacción Central/ABA)

JAVIER LOJO

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