En los últimos meses se desaceleraron las ventas de viviendas, por lo que comenzó a frenarse la construcción. Mientras tanto, los bancos congelaron y hasta dejaron de ofrecer créditos hipotecarios a tasa fija como consecuencia de la presión inflacionaria y la incertidumbre económica, esta última profundizada por el prolongado conflicto desencadenado entre el gobierno nacional y el sector agropecuario. Además, incidió la obligación para los vendedores de sacar el Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles (COTI) para departamentos que se vendan a más de 300.000 pesos. "No hemos sido capaces de formular un sistema que permita que las viviendas sean accesibles para la gente y que amplias capas de la población puedan elegir entre alternativas, según sus posibilidades y necesidades, y además, que puedan pagarlas mediante créditos a 20 ó 30 años con tasas de interés de un dígito", advirtió Fernando Esquerro, presidente de la Asociación de Empresarios de la Vivienda y Desarrollos Inmobiliarios.

El 9 del corriente, un día antes de que se cumplieran tres meses desde que el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) aprobara los cuestionados derechos de exportación móviles, Cristina Fernández de Kirchner anunció el "Programa de redistribución social". La presidenta firmó para ello el decreto 904, que captará la diferencia entre la retención a la soja de 35 puntos, vigente al 10 de marzo, y lo que pueda aumentar. De lo que se obtenga, el 60% será destinado a construir en distintas partes del país, "como mínimo", 30 hospitales de complejidad cuatro y más de 300 centros de atención primaria de la salud. Además, el 20% se canalizará a viviendas rurales y urbanas y la misma proporción restante, a caminos rurales.

Insistió en recordar la señora de Kirchner que ninguna de las casi 300.000 soluciones habitacionales "que ha creado el gobierno -el anterior, el de su esposo- fue realizada en forma directa por el Estado nacional", ya que "todos los fondos son remitidos a provincias y a municipios para que éstos ejecuten".

La pretensión oficial es que el programa sea ejecutado entre los ministerios de Salud, de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios en forma descentralizada, mediante convenios con provincias y municipios de todo el país. No obstante, Julio de Vido, titular de la última de las carteras mencionadas, asumirá la responsabilidad de manejar la caja de 2.100 millones de dólares que se acumularían este año y el venidero.

La presidenta evocó, también, que lanzó:

" El "Plan de intervención territorial", que significa "el diseño del país que queremos en materia de infraestructura, obra pública y servicios".

" El "Plan social", para abordar la pobreza de una forma diferente en más de mil municipios.

" El "Plan de uso racional de la energía", que en una primera etapa permitió "ahorrar más de cien megavatios".

Cristina Fernández de Kirchner no precisó cuántas unidades habitacionales se harán. Como "la expec

tativa de recaudación ronda los 800 millones de dólares para el corriente año y los 1.300 millones para el 2009", según el decreto 904, el 20% asignado equivaldría a 420 millones.

Legisladores opositores interpretaron que el programa significa "un aumento del presupuesto", por lo que debería aprobarlo el Congreso, y plantearon dudas acerca de lo que sucedería si cayera la cotización internacional de la soja... Eduardo Buzzi, presidente de Federación Agraria, opinó que no podía ser que el gobierno sometiera las obras públicas a "los vaivenes del mercado de Chicago".

Durante la presidencia de Néstor Carlos Kirchner se decidió que hubiera un área responsable de los programas del Ministerio de Desarrollo Social, que en ese entonces era la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Por la ley 24464 se dispuso -en los papeles- que el gobierno nacional no interviniera en la ejecución de los programas ni en las adjudicaciones sino a través del Sistema Federal de la Vivienda. Y la cartera de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios otorgó fondos al Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi) y a los nuevos planes federales y los de Emergencia Habitacional, Mejoramiento de Viviendas, de Desarrollo Social en Áreas Fronterizas del Noroeste y Noreste Argentinos (Prosofa); Mejoramiento de Barrios (Promeba), de Provisión de Agua Potable, Ayuda Social y Saneamiento Básico (Propasa) y de Saneamiento en Áreas Carenciadas (Prosac), este último con inclusión de los de Asistencia en Áreas con Riesgo Sanitario (Proarsa) y de Obras Menores de Saneamiento (Promes).

Todos los programas fueron -y son- concretados por los institutos provinciales de la vivienda, por lo que a ellas debían -deben- dirigirse las entidades públicas y privadas -municipios, cooperativas y organizaciones no gubernamentales, entre otras- que solicitaran fondos para ejecutar y/o mejorar conjuntos habitacionales.

ACCIONES PÚBLICAS EN MATERIA HABITACIONAL

En la Argentina, las acciones oficiales en materia de vivienda fueron poco estables, parciales y, en oportunidades, inconsistentes con otras políticas gubernamentales. Por eso el déficit habitacional se mantuvo prácticamente sin variaciones en las últimas tres décadas en alrededor de 3 millones de unidades, aunque reflejó variaciones menores en el último censo del 2001, cuando la oferta anual -incluso la privada- absorbió casi por completo el crecimiento vegetativo de la población.

Tras la crisis del 2001 la política estatal se concentró en el "Programa de emergencia habitacional" y, especialmente, en el "Programa federal de la construcción", centralizado por el Poder Ejecutivo Nacional en el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

Cómo no recordar la "Primera exposición federal de la vivienda social" en la ciudad de Buenos Aires, en las postrimerías de julio del año pasado, que difundió los resultados alcanzados por las jurisdicciones y evaluó tanto los efectos del acceso de la población de menores recursos a la vivienda digna e infraestructura básica como la creación de empleos y el apuntalamiento del crecimiento económico. En la inauguración estuvieron Julio de Vido, titular de Planificación; José López, secretario de Obras Públicas; Luis Bontempo, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, y gobernadores y autoridades de entidades gremiales empresarias y sindicales vinculadas y hasta de universidades. A la tercera jornada concurrió asimismo Cristina Fernández de Kirchner, entonces senadora nacional.

MIGUEL ÁNGEL FUKS

miguelangelfuks@yahoo.com.ar