Los números de la provincia de Neuquén son complejos, pero el gobierno de Jorge Sapag, con el "dibujo" que hace de los mismos, los vuelve aún más complicados.

Con los límites que establece un déficit estructural de 400 millones de pesos -dato éste publicitado intensamente en todos los medios regionales- la administración provincial otorgó aumentos de sueldos -hasta hoy- al 70% de la administración pública provincial.

Según información oficial, el presupuesto presentado hace días en la Legislatura contemplaba ingresos totales por 4.007 millones de pesos y egresos por algo más de 4.430 millones, lo que muestra un desequilibrio algo mayor a los 400 millones.

Sin embargo, en esta última cifra la administración sapagista no incluye los recientes aumentos de salarios otorgados a los docentes neuquinos, porteros y auxiliares de servicio del Consejo Provincial de Educación y a los trabajadores de ATE y de UPCN, entre otros, que percibieron incrementos promedios del orden del 25%.

El presupuesto presentado tampoco tiene en cuenta la reciente recategorización de los trabajadores del Estado ni el pase a planta permanente de algo más de medio millar de trabajadores. En definitiva, no contempla para este 2008 un incremento en las erogaciones corrientes de algo más de 300 millones de pesos sólo en materia salarial, cifra que se eleva sobre un piso de 500 millones al año cuando se la anualiza.

La masa salarial cerrará este año en 2.500 millones de pesos, todo un record en comparación con cualquier indicador económico de la provincia.

Como en las mejores épocas del sobischismo, la administración Sapag ingresó en una fiesta del gasto para intentar, de esta manera, consolidar un poder que le fue otorgado por el voto popular hace poco más de seis meses en las urnas.

Como estrategia política, esta actitud podría ser valorada por algunos actores de la sociedad. Como estrategia económica, es una conducta de alto riesgo desde cualquier punto de vista.

Dejando de lado el genuino reclamo de los gremios en aras de mejorar la situación de sus afiliados, con los números oficiales sobre la mesa y el reciente incremento de la masa salarial, el gobierno de Sapag estaría mostrando para el cierre del 2008 un presupuesto altamente deficitario.

LA CARTA OFICIAL

Sin embargo, desde el sapagismo pocos son los que ven un problema presupuestario en el corto plazo.

Oficialmente hablan de una mejora en la coparticipación que compensará las mayores erogaciones proyectadas. Obviamente, se trata de un argumento sin sustento económico ya que poco se puede esperar del aumento de esos recursos en función de la potencial demanda de gastos que está generando el Ejecutivo provincial.

La esperanza está en otra vereda.

“Las renovaciones de los contratos van a generar recursos de sobra para poder compensar estos gastos”, se le escuchó decir esta semana a un alto funcionario del Ministerio de Hacienda provincial.

Algunos hablan de 1.000 millones de pesos, otros de 1.500 millones y los más optimistas arriesgan que podrían llegar a las arcas provinciales unos 3.000 millones de pesos a partir del segundo semestre del año producto de la renovación de los contratos petroleros, los cambios en los impuestos a cobrar sobre la extracción de hidrocarburos y la nueva relación que mantiene el gobierno nacional con CFK.

Como en los ’90, el gobierno provincial sueña con volver a contar con una nueva serie de “joyas de la abuela” para poder disponer entre sus gastos.

En este sentido, cabe destacar que en 1991 la administración Sobisch recibió entre bonos, acciones y efectivo algo más de 700 millones de dólares. Esa cifra fue literalmente dilapidada en gastos corrientes (salarios), quebrantos en la bolsa y erogaciones que poco contribuyeron al desarrollo productivo de la provincia. En sólo dos años la provincia despilfarró, en ese entonces, más de 500 millones de dólares en gastos improductivos.

Lo preocupante de esta nueva administración es que está gastando a cuenta de algo que no tiene consolidado todavía en el presupuesto.

Si bien Jorge Sapag es quien está gestionando personalmente las negociaciones con las petroleras y el gobierno central, hasta ahora son sólo promesas lo que se escuchó a la salida de cada una de estas reuniones.

“Es realmente una conducta irresponsable”, confió el diputado justicialista Ariel Kogan al ser consultado por el tema.
En rigor, el gobierno está actuando en forma imprudente se mire por donde se mire el caso. Sube los gastos sin disponer hoy de la contrapartida de recursos para sostenerlos.

Supongamos el escenario más pesimista: recesión económica en el mundo, valores del crudo en baja, caída en la rentabilidad de las empresas, problemas de caja en el gobierno de CFK y que lo acordado con la administración Sapag deje de existir (como muchas de las promesas incumplidas por la Nación y las empresas petroleras). Todo terminará con un déficit crítico para el presupuesto producto de gastos corrientes consolidados en sus máximos niveles e ingresos creciendo a tasas históricas.

En un escenario optimista, el tema también resulta complicado. Supongamos, subidos a la ola de algunos sectores del oficialismo, que no son 1.000 sino 3.000 los millones de pesos que recibirá la provincia por los nuevos contratos hidrocarburíferos a partir del segundo semestre de este año.

Con un gasto en masa salarial incrementándose anualmente en alrededor de 500 millones de pesos, estos 3.000 millones se esfumarían en algo más de tres años de gestión. Luego de este tiempo, sin estos ingresos extraordinarios –ya que llegan por única vez–, el gasto corriente continuaría consolidado en niveles records con recursos que volverían a sus niveles tradicionales. Una ecuación explosiva para cualquier administración provincial.

Está claro que Sapag no quiere confrontar, ni con los gremios ni con el frente interno del MPN y menos aún con el gobierno nacional, luego de la puesta en marcha de esta nueva fiesta del gasto.

La imprudencia que se observa en el manejo de las cuentas públicas llevará, en el mediano plazo, a realizar un compulsivo ajuste presupuestario que, sin lugar a dudas, traerá aparejado un alto costo político y social.

El exitismo de algunos funcionarios que señalan que “el petróleo no se acaba” y que “los precios ya no bajarán de los 100 dólares el barril” no tiene bases sustentables, pese a que hoy todos los indicadores se tienen a favor con un crudo a 135 dólares.

Con esta consigna, la administración apuesta a contar con una lluvia de fondos a partir del segundo semestre del año. Gran parte de estos potenciales ingresos ya está siendo gastada “a cuenta”. Nada se habla de reconversión de la matriz productiva de la provincia. Ni de la calidad del gasto y los servicios que presta el Estado frente a la masa de dinero que se lleva.
Volviendo a los dichos del diputado Kogan: todo suena a un acto de total irresponsabilidad.

JAVIER LOJO

jlojo@rionegro.com.ar