El sistema de salud de Río Negro enfrenta una crisis estructural que lleva décadas.
Este problema no sólo se ve en esta provincia, lo atraviesa todo el país. En el mundo el sistema de salud se encuentra en una situación delicada y en forma continua los países desarrollados incorporan al debate cambios para modificar este escenario.
El dilema es siempre el mismo: ¿cómo hacer eficiente un sistema donde la demanda asistencial crece y los recursos son limitados?
Muchos de estos interrogantes fueron compartidos en las jornadas denominadas “¿Cómo salir de la crisis del Ipross?”. El debate, organizado por el “Río Negro”, se realizó el martes en Viedma y contó con la presencia –como panelistas– del presidente de la Confederación de Clínicas y Sanatorios de la Argentina, Gustavo Mammoni; del ex funcionario nacional y ex secretario de Salud de Río Negro Javier Vilosio y de la ex presidenta de la obra social de Santa Fe, María Inés Insaurralde.
Ante la presencia de cerca de un centenar de personas, los especialistas expusieron sus experiencias sobre los problemas de las obras sociales provinciales y la inviabilidad o las limitaciones que éstas deben enfrentar dadas las actuales condiciones de mercado.
En el sistema que contempla el funcionamiento de las obras sociales existe una relación directa entre el nivel de prestaciones, el rol del Estado y la demanda por parte de los afiliados. Hay un equilibrio dinámico que va modificándose en forma continua, en función de las presiones externas que debe soportar el sistema. Hoy las obras sociales muestran distorsiones complejas en este equilibrio.
“En general, siempre se empieza al revés con las negociaciones entre el Estado, como referente de las obras sociales provinciales, y los prestadores”, confió Vilosio en parte de su alocución. Es común escuchar, en este sentido, “tenemos tanta plata para dar cobertura a nuestros afiliados. No hay un peso más”. Ahora bien, nada se sabe sobre las verdaderas necesidades de los afiliados y, menos aún, acerca de la calidad de servicios que se termina brindando por esa masa de dinero disponible por la obra social.
Para mantener la eficiencia de este esquema, es cada vez más importante un sistema de información que permita dar una continuidad estadística a determinadas variables que maneja la obra social. “Sin dudas, el poder de negociación con el que cuenta el Estado es ínfimo a la hora de sentarse con los prestadores, teniendo en cuenta que estos últimos manejan mucha información de la que la obra social carece”, acotó Insaurralde.
En esta misma línea se manifestó Mammoni: “La obra social nos termina pagando lo que puede; nosotros pedimos lo que necesitamos y nadie termina cancelando lo que verdaderamente vale el servicio”, resumió el especialista la coyuntura que atraviesa hoy el sistema de obras sociales provinciales.
“Uno de los principales problemas es, en este sentido, la limitada cobertura que existe hoy y los insuficientes médicos disponibles para la creciente demanda de servicios”, remarcó Mammoni.
Entre los tantos conceptos a tener en cuenta surgidos del debate luego de cada una de las exposiciones, se pueden mencionar los siguientes.

• El sistema no se corrige sólo con el aporte de más fondos. Hoy, un mejor nivel prestacional no está garantizado a través del mero aumento de los recursos orientados a las obras sociales provinciales. “Ésta es una pata de todo el complejo problema que sufre el sistema. El mayor aporte es necesario, pero en forma aislada lo único que hace es trasladar la dificultad hacia adelante. La dirigencia debe trabajar, en este sentido, sobre dos ejes: la coyuntura y lo estructural. Para esto último hay que definir una estrategia y, en función de lo que se quiera realizar, los aportes para ello. Sin estrategia de mediano y largo plazo, el dinero pasa sólo a solucionar la coyuntura, nada más”, remarcó Vilosio. Desde otro punto de vista, María Inés Insaurralde puso énfasis al señalar que, si bien los fondos frescos por sí solos no son determinantes para sostener la competitividad de la obra social, es real que “los aportes que reciben siempre van detrás de lo que verdaderamente les corresponde y eso también complica cualquier tipo de negociación con los prestadores. Sería importante que los gobiernos cumplieran con la ley en este sentido”. Un dato de importancia para remarcar sobre este tema: los ingresos de las obras sociales sindicales –por dar un ejemplo cualquiera– llegan en forma directa a través de transferencias automáticas de la AFIP; los fondos de las provinciales –en general– están condicionados por la disponibilidad de los presupuestos de los estados, pese a que en la mayoría de los casos existen leyes que avalan las transferencias automáticas al sistema.

• Informatización y capacitación. La mayor parte de las obras sociales existentes en el país carece de información sobre sus afiliados. Es así que, en muchos casos, aparecen la sobreprestación en el sistema e irregularidades que son difíciles de corregir si no existe un sistema informático con los datos necesarios para ello. Este tipo de desvíos se traduce en mayores costos, los que pegan de lleno en la estructura presupuestaria de la obra social. “Pero sólo con un buen soporte informático no alcanza para llegar a buen puerto –confió Mammoni al abordar este tema–. La necesidad de capacitar al personal para la gestión pública es clave en este sentido. Y eso lleva tiempo y mucho esfuerzo”, acotó.

• Modelo socio/sanitario, con la convocatoria de todos los actores, establecido antes de la modalidad de pago. Es clave generar un modelo sanitario nacional, para no dar lugar a iniquidades. El mismo debe contemplar los distintos segmentos de la demanda, inclusive tener muy bien protegidos los segmentos sociales críticos de pobreza. Bajo este “paraguas” deberían trabajar las obras sociales provinciales. “Es poco racional terminar acordando pagos a los prestadores sin antes empezar a trabajar en este modelo; es como poner el carro delante de los caballos”, gráfico Insaurralde. En este sentido, los tres especialistas dejaron en claro que, para que exista un modelo socio/sanitario madre regido desde la Nación, el Estado debe dar cierta prioridad a la salud. Y allí es donde se refleja cierto pesimismo. El Estado, en general, no incluye el sistema sanitario entre sus prioridades. “Sólo analicemos quiénes estuvieron al frente del Ministerio de Salud en las últimas administraciones: Avelino Porto, Alberto Kohan, Eduardo Bauzá, Julio Corso, Erman González, como muchos otros, funcionarios que poco y nada tenían que ver con la salud del país. Hoy vivimos un período político dominado por las encuestas; lamentablemente el Ejecutivo mide prioridades con esta herramienta. La salud está en cuarto o quinto lugar entre las prioridades, detrás de la seguridad, inversiones, trabajo, inflación y educación”, destacó Mammoni en conversación con este medio.

• Inflación. Éste es un tema que vuelve a aparecer como crítico para el sistema. Durante gran parte de la década del ’70 y toda la del ’80 las obras sociales vivían de las utilidades que les brindaba el sistema financiero. En aquellos días todo organismo tenía al frente un gerente financiero para que “sus números” cerraran. Con la llegada de la convertibilidad las reglas de juego cambiaron: la bicicleta financiera dejó de ser el principal recurso de las obras sociales y muchas de ellas cayeron al abismo. Hoy las reglas vuelven a cambiar. La inflación ya está instalada en la sociedad y los costos de las obras sociales provinciales están desacoplados de sus ingresos. “En la medida en que el salario sea la variable de ingresos de la obra social y éste siempre esté detrás de la inflación, no va a existir ecuación que cierre –protestó Insaurralde–. El Estado provincial debe contar con una partida de rentas generales que se destine a compensar estos desvíos entre los costos y los ingresos producto de la creciente inflación existente en el sistema”, destacó la profesional. Pero detrás de este concepto no hay que olvidar el análisis de uno de los puntos mencionados: “no sólo con mayores fondos se corrige el sistema”.

• Despolitización del sistema. Para los tres panelistas, éste es un tema clave que todavía cuesta mucho imponer tanto a nivel provincial como nacional. Las obras sociales provinciales no tienen futuro sin un programa claro en vista de hacia dónde quieren ir en función de los recursos con los que cuentan y en la medida en que no sean prendas de canje de la política. La mayor parte de las obras sociales provinciales es manejada por políticos que poco tienen que ver con la salud (en el mejor de los casos algunos son médicos) y sólo dan satisfacción a las demandas exigidas por el poder al cual responden.
Los verdaderos dueños de las obras sociales son sus afiliados, no los políticos de turno. En tanto no se comprenda esto, las limitaciones para lograr competitividad en el mercado serán cada vez mayores.

(Redacción Central)

Salud y bienestar

Muchas veces se pierde de vista la frontera entre lo que es salud y lo que entiende el paciente como bienestar. Y en las obras sociales provinciales, donde los favores políticos están mucho más expuestos, esta frontera es aún más difícil de divisar. La salud es definida por la Constitución de 1946 de la Organización Mundial de la Salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social. “Bienestar” es la posesión de las cosas necesarias para vivir bien.
Un ejemplo claro se vio en la exposición del martes al analizar el tema.
A un paciente que se acerca a un oftalmólogo por problemas de vista (miopía, por ejemplo) se le dan tres opciones: la primera, que se compre anteojos tradicionales, con un costo para la obra social de 100 pesos; la segunda, que use lentes de contacto, con un costo aproximado para la obra social del orden de los 600 pesos, y la tercera, que se someta a una cirugía de refracción, con un costo aproximado de 6.000 pesos.
Cualquiera de las tres opciones que plantee el médico cubre el problema de salud traído por el paciente. No obstante, llevar los lentes todos los días soluciona el problema de salud pero empeora su bienestar. ¿Cuál es la reacción normal del paciente? “Si la obra social me cubre la cirugía o los lentes de contacto, tomemos estas opciones”. Obviamente el médico que lo asesore deberá justificar la necesidad del paciente –muchas veces no real– para adoptar cualquiera de las dos últimas opciones, con los mayores costos para la obra social que esta decisión acarrea. La pregunta es, entonces, ¿la obra social debe tender a la salud o al bienestar del paciente?
La respuesta general es casi siempre la misma: “Bueno, la pobre señora iba a pasar toda su vida con lentes...”. Es fácil ser solidario con el dinero de terceros.

II jornada

En el marco de la problemática de las obras sociales provinciales, “Río Negro” está trabajando para realizar en mayo las segundas jornadas, tituladas “Cómo el Ipross puede salir de la crisis”, donde se abordarán temas propios de la obra social rionegrina con la participación de actores directos: un referente del Estado y otro de los prestadores, además de afiliados.