BUENOS AIRES.- "Creo que en la Argentina se está discutiendo la distribución del ingreso y un modelo de país", proclamó reiteradamente en sus recientes alocuciones Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de la Nación. Como devolución de gentilezas, reconoció que los trabajadores y sus dirigentes sindicales demostraron que no son "los malos de la película" que iban a "pedir salarios para que se derrumbaran el crecimiento, la producción, la actividad económica".

Antes, la presidenta convenció a Hugo Moyano, secretario general de la CGT, de que los reclamos salariales se hicieran con "mesura y cordura". Y, aunque la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor fue la primera que se conformó, aparentemente, con el 19,5% de aumento el 20 de febrero pasado, para marcar la tendencia a las demás convenciones colectivas, empresarios del sector dejaron trascender que se acercaría al 25% por efecto de la recomposición de adicionales, el pago de suplementos y la incorporación a los salarios de sumas no remunerativas.

Hubo gremios que adhirieron a ese "techo" mientras el matrimonio Kirchner adhería a la celebración de Moyano por sus primeros veinte años al frente del gremio de origen. En tanto, Carlos Tomada, ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, sostenía que "no es bueno que haya un número único que unifique los aumentos", pero aclarando que los porcentajes que se establecieran no debían "provocar expectativas inflacionarias". Cuando los precios minoristas ya escapaban de cualquier previsibilidad -antes del paro agropecuario-, Tomada exhortaba a que "trabajadores y empleadores sean responsables como lo fueron en los últimos cuatro años".

El esquema de acuerdos por dos años, con topes del 20% para los aumentos y revisiones semestrales, no calmó los ánimos empresarios por la falta de un índice oficial confiable sobre la inflación y la aceptación gubernamental de los requerimientos de la CGT. Aunque no faltaron sindicatos que se sintieron poderosos y no aceptaron el tope aparentemente acatado por Moyano, como en principio la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) y el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), en la cartera laboral consideraron que en algún momento cederían posiciones. El Sindicato de Empleados de Comercio se mantuvo en tratar remuneraciones y cambios de categorías y mejoras laborales. Otros sindicatos "chicos" no se conformarían con el 19,5% porque tienen sueldos más atrasados.

El 28% de los trabajadores en blanco (registrados) percibía en el segundo semestre del 2007 menos de 800 pesos, o sea que no llegaban a cubrir la canasta básica utilizada para medir la pobreza, en ese momento de 871, de acuerdo con un informe de la consultora Economía & Regiones. Las mayores proporciones de puestos con salarios bajos -inferiores a 1.500- se verificaron en el noreste, centro, noroeste y Cuyo, y los que tenían más elevados, en las regiones patagónica y pampeana.

Fausto Spotorno, economista jefe de la consultora Orlando Ferreres y Asociados, afirmó que entre el 2003 y el 2007 la participación de la masa salarial en el Producto Bruto Interno (PBI) ganó casi 7 puntos y pasó del 34,3 al 41,6%.

La desocupación durante la presidencia de Néstor Carlos Kirchner habría disminuido el 57,8%, de acuerdo con datos del INDEC correspondientes al cuarto trimestre del 2007 y se habría ubicado en el 7,5%.

"La pobreza aumentó a lo largo del año pasado, pese a la suba del empleo y de los ingresos", alertó Ernesto Kritz, director de la consultora Sociedad de Estudios Laborales (SEL), mientras el INDEC demoraba la difusión de datos y se deducía que en un momento dado subestimaría el número de pobres e indigentes de la misma manera que minimiza el alza de los precios. En el 2007 había 10,8 millones de habitantes pobres a raíz de las subas de los precios de los productos básicos, de los cuales 3,5 millones eran indigentes (ver aparte). Sólo el año pasado quedaron en esa situación 1,3 millones de personas.

Si bien en los años recientes hubo cierta recuperación en la participación del salario en el PBI por la recuperación de puestos, el ritmo habría declinado en el 2007, en parte porque subsisten trabajadores precarios o desprotegidos. La remuneración promedio habría subido el 22,2% respecto del 2006, ubicándose entonces por encima del incremento de los precios al consumidor.

La CGT decididamente oficialista admitió la mejora de la participación del ingreso de los asalariados, pero como la mayoría de los gremios supuso que la inflación del 2007 fue del 18%, frente al 8,5% pergeñado por el INDEC. Incluso sus principales dirigentes se animaron a sostener que distaba de ser la ideal, o sea el 50% del PBI, porque se vivió un año electoral en el que hubo "una excesiva búsqueda de rentabilidad y faltaron inversiones de los empresarios".

El 90% de un grupo de 79 compañías líderes ajustará salarios este año, como comprobó la consultora en recursos humanos Hewitt en una encuesta efectuada en febrero último. Por otra parte, una investigación de Ernst & Young determinó que el 84% de las firmas que relevó tenía previsto mejorar los haberes de quienes trabajan fuera de convenio en el primer trimestre. En un relevamiento realizado entre 108 grandes firmas, otro 38% coincidió en que habrá otra suba en la segunda parte del año, siempre que evolucionen las ventas y la rentabilidad.

La CGT y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) reclamaron a la presidenta, en audiencias por separado en enero pasado, que convocara lo antes posible al Consejo del Salario, a sabiendas de que eso no ocurrirá antes de junio debido a que todavía habrá paritarias en mayo. Confían en que conseguirán un aumento del 20% del ingreso mínimo, actualmente de 880 pesos, que de esa manera llegaría a 1.176. La CGT intentará que se eleve el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias y la CTA propondrá temas que no se resuelven en las convenciones colectivas, por ejemplo los vinculados con casi la mitad de los trabajadores no comprendidos en las mismas.

Un mapa social con diferentes interpretaciones

BUENOS AIRES.- La desigualdad social en la Argentina aumentó durante años y ahora no se puede conocer oficialmente porque el INDEC no está difundiendo los datos sobre los ingresos declarados en la encuesta permanente de hogares (EPH). La que se consideró una manipulación, presuntamente se hizo para disminuir el impacto que provocaría conocer qué pasa con la pobreza y la indigencia.

Personal del organismo recordó que no siempre las personas consultadas proporcionaron las respuestas que corresponderían. Y, entre aquellas que sí lo hicieron, muchas omitieron o redujeron en sus respuestas los montos percibidos. Durante bastante tiempo preocupó la calidad de los resultados de la EPH sobre el ingreso y el consumo, ya que la franja de la población con mayores entradas se acostumbró a subdeclararlas, dando mayor importancia a los alquileres, intereses crediticios y ganancias empresarias y menor a los salarios y jubilaciones; en tanto, los segmentos pobres a veces sobredeclaraban, algo que se interpretó como un "efecto vergüenza". Por eso hubo diferencias entre las informaciones aportadas por la EPH y las cuentas nacionales, que entre otras cosas sirven para calcular el Producto Bruto Interno (PBI). Según las últimas cifras oficiales disponibles para la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, el 28% de los habitantes vivía por debajo de la línea de pobreza, o sea que sus ingresos no cubrían la canasta básica total (CBT). De ellos, el 7% no superaba la línea de indigencia, de manera que no llegaba a cubrir la canasta básica alimentaria (CBA).

La CBA se determina en función de los requerimientos alimenticios mensuales imprescindibles para un hombre de 30 a 59 años, con una actividad definida como "moderada". En marzo pasado, ascendía a 449,59 pesos para una familia tipo (jefe de familia varón de 35 años, esposa de 31, un hijo de 5 y una hija de 8), por ejemplo. La CBT, a su vez, comprende la CBA y los bienes y servicios indispensables y para el mismo ejemplo era de 970,86. El INDEC puntualizó que los valores correspondientes a ambas canastas eran obtenidos mensualmente de los precios al consumidor relevados para el aglomerado Gran Buenos Aires.

Las presentaciones sobre la distribución funcional del ingreso de la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales del INDEC revelaron que los mayores incrementos en el cuarto trimestre del 2007, respecto de igual período del 2006, fueron los de la construcción, 32,1%; explotación en minas y canteras, 29,6%, y enseñanza, 26,4% (ver infografía). Ciertos cálculos demostraron que el ingreso medio resultó un 48% más elevado en las cuentas nacionales que en la EPH.

¿Remuneración promedio superior al alza de precios minoristas en el 2007?

BUENOS AIRES.- Entre 1950 y 1976 la puja distributiva fue considerable y permanente y la participación de los trabajadores en el Producto Bruto Interno (PBI) osciló entre el 37 y el 51%. La Argentina mostró el reparto más equitativo en 1974, cuando superó a los de Brasil, Chile, México, Colombia y Bolivia y se comparó con los de Uruguay y Costa Rica, aunque estas dos últimas naciones estaban por debajo de la referencia local.

Durante la última dictadura militar, en el tramo presidido por Jorge Rafael Videla y siendo José Alfredo Martínez de Hoz su ministro de Economía, la participación de los trabajadores en el PBI cayó al "piso" histórico del 22,6% a raíz del endeudamiento externo, el régimen financiero vigente y la apertura comercial.

Después, la irrefrenable inflación en la presidencia de Raúl Ricardo Alfonsín, que desembocó en hiperinflación, tampoco favoreció la recuperación.

Pasaron demasiadas cosas en el primer mandato de Carlos Saúl Menem. No sólo estuvo vigente la convertibilidad del peso con el dólar, sino que también se descentralizaron las negociaciones colectivas y se replanteó la determinación de las remuneraciones, eliminando las indexaciones y vinculando las mejoras con la productividad. Asimismo, se limitó el derecho de huelga, se modificó el régimen de vacaciones, se privatizó la prevención de accidentes de trabajo, se aplicaron contratos temporarios para rebajar costos empresarios (bautizados como "contratos basura") y disminuyeron los aportes patronales a la seguridad social, las asignaciones familiares y las indemnizaciones por despidos. La reforma del Estado contribuyó, inclusive, al surgimiento del "sindicalismo empresario", con un fortalecimiento desigual de las obras sociales utilizadas por sus responsables como fuentes de financiamiento y las inserciones de gremios en administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP), en el gestionamiento de la participación accionaria de sus afiliados en empresas privatizadas y hasta la adquisición y/o participación en servicios públicos privatizados (Luz y Fuerza y la Unión Ferroviaria, por citar dos casos).

En 1998 la Argentina mostró una caída en la equidad distributiva, que se profundizó a fines del 2001 y con la crisis y devaluación del 2002.

Cierta mejora comenzó en el 2003 pero se estancó al año siguiente, cuando recuperó el nivel del 2000. Si bien la generación de empleo se recompuso respecto de la caída ocasionada por la devaluación, la mayor parte del crecimiento se atribuyó a los trabajadores informales cuyas remuneraciones eran muy bajas en comparación con los que se encontraban "en blanco".

El sector empresario supeditó reiteradamente los aumentos de haberes a la mayor productividad pero, a veces sin reconocer esta última, no siempre la trasladó a los salarios, como sucedió en la pos-convertibilidad.

En su presidencia, Néstor Carlos Kirchner aseveró que la recuperación económica era consecuencia de los acuerdos entre empresarios y trabajadores en el marco de las negociaciones colectivas, "que hemos recuperado -puntualizó- como herramienta de redistribución del ingreso y de la inclusión social".

El PEN aseguró que desde el 2003 se crearon 2,75 millones de nuevos puestos de trabajo a tiempo completo y aumentaron los salarios reales y la cantidad de jubilados. En el cuarto trimestre del 2007 se publicitó que el desempleo de la población activa había caído al 7,5% -tasa que trepaba al 8,1% si se contaba como desocupados a los beneficiarios de los planes sociales-, según el INDEC. Por eso se estimó que en la población total de los centros urbanos había 1,18 millones de desocupados y 1,44 millones de subocupados.

Créase o no, el gobierno anterior buscaba desempeñar "un rol activo en la mediación del conflicto distributivo para acotar sus efectos sobre la formación de expectativas inflacionarias". Carlos Tomada, entonces y ahora ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, sostuvo que se pusieron en marcha "políticas activas para el desarrollo y el crecimiento económico del país, la generación de nuevos puestos de trabajo y la mejor y más justa distribución del ingreso" y que "el Estado asumió un papel principal, como reparador de las desigualdades sociales -entre otras decisiones, mediante el plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados-, fiscalizador del trabajo de calidad y puente entre quienes quieren trabajar y los que apuestan a producir".

Distintos gremios aceleraron sus demandas salariales a fines del año pasado. Algunos acordaron recibir un "bonus", con suma fija extra o aguinaldo completo, a fin de compensar el desfase entre las inflación real y la formal, lo que en los hechos significó desconocer la política oficial y beneficiar a casi medio millón de trabajadores.

La remuneración promedio habría sido superior al alza de los precios al consumidor, de acuerdo con ciertos economistas, y fue superada en el caso de los empleados públicos.

El año pasado, 305 organizaciones sindicales firmaron 1.025 convenios y acuerdos salariales tripartitos, que comprendieron a casi 4 millones de trabajadores, como destacó la cartera laboral.

Gabriel Sánchez, presidente del Instituto de Estudios de la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea, argumentó que en el 2007 hubo "una política fiscal súper expansiva y una política monetaria acomodante", que "generaron un importante exceso de demanda de bienes y servicios y mejoraron sustancialmente el poder de negociación salarial, al llevar el desempleo cerca de sus límites naturales para un país como la Argentina".

La información oficial sobre pobreza e indigencia no se difunde actualmente.

MIGUEL ÁNGEL FUKS