La participación de las provincias en los recursos totales del país es cada vez menor.

Como contrapartida, cada año que pasa la Nación concentra mayores fondos, los que son utilizados arbitrariamente para someter el frágil sistema federal hoy vigente.

Estadísticas oficiales muestran que en 1991 las provincias recibían el 46% del total de la recaudación nacional. Este año las primeras proyecciones, basadas en el cierre del primer trimestre, determinan que esa participación ha caído al 30%, es decir que los estados del interior del país han cedido 16 puntos del total de sus ingresos.

La mayor parte de estos desvíos está dada por los impuestos distorsivos que aparecieron en el 2002, en plena crisis económica, con el objetivo de contener los graves problemas sociales que enfrentaba la Argentina en ese entonces.

La promesa de la Nación usada para fundamentar esta nueva carga impositiva sobre el sector privado fue que la aplicación de estos tributos –al comercio exterior y la suba de la alícuota a las transacciones bancarias– iba a ser transitoria y que, por lo tanto, no era conveniente que los mismos fueran coparticipables.

Hoy este pragmático argumento ha cambiado.

Estos fondos no coparticipables que hace un par de años eran destinados a contener la crisis social en la actualidad son utilizados para sostener el programa económico y el desbocado gasto estatal y para doblegar el federalismo provincial a través de la arbitraria utilización de los excedentes generados.
Con estos impuestos distorsivos el gobierno puede mantener su pauta de superávit fiscal.

Pero la dependencia de estos tributos es cada vez mayor dentro del presupuesto. Si hoy dejaran de existir, el gobierno nacional computaría un importante déficit estructural en sus cuentas públicas.

Desde la salida de la convertibilidad el Estado nacional habrá recaudado –tomando las proyecciones del 2008– sólo en concepto de retenciones a las exportaciones y derechos a las importaciones cerca de 140.000 millones de pesos, el equivalente a 35 presupuestos neuquinos y más de 40 rionegrinos.

Dentro de este esquema, algunas provincias ceden más recursos que otras. Las que no se alinean políticamente con el gobierno central encuentran serias restricciones en las partidas que llegan a sus arcas.
Por otro lado, producto de un programa económico con altos niveles de regulación, aquellas provincias que exportan commodities –por los que hoy se pagan excelentes precios en el mercado internacional– ceden gran parte de sus recursos para sostener el programa económico.

Neuquén es un claro ejemplo de ello. Hoy esta provincia es una de las principales productoras de gas y petróleo del país. Conforme a las leyes vigentes, percibe regalías (12% promedio) por el crudo y el gas que se extrae de su suelo tomando como referencia los precios internos/externos controlados por el gobierno nacional. El costo de esta medida es muy alto para la administración de Jorge Sapag.

Según estimaciones propias, Neuquén resignará este año cerca de 1.900 millones de pesos para sostener el actual modelo económico nacional. Este resultado surge de los potenciales ingresos que percibiría con regalías tomadas a precios internacionales, a lo que hay que agregar la suba adicional por la coparticipación del impuesto a las Ganancias que se generaría por las mayores utilidades de las empresas en un mercado liberado. Es decir, Neuquén estaría cediendo casi el 50% de los recursos que hoy presenta el actual presupuesto provincial.

Río Negro, con este mismo esquema, dejará de percibir cerca de 350 millones de pesos durante este año.
Desde el gobierno central se argumenta que todo este sistema de transferencias de recursos permite sostener los actuales niveles de crecimiento del país. Un dato no menor, al hacer el frío análisis que muestran las proyecciones estadísticas.

Nadie pone en duda las necesidades económicas del Estado nacional para sostener un eficiente esquema de ayuda social. Otros son los puntos oscuros que exigen revisión.

A simple vista, lo que se observa claramente es la iniquidad que presenta este programa económico, en donde sólo un pequeño grupo de provincias realiza la mayor parte de las transferencias al Estado nacional –con el esfuerzo que ello conlleva– para sostener las variables macroeconómicas internas, sin percibir en forma proporcional los recursos que se reparten en todo el país.

Con este razonamiento, habría que preguntarse si es conveniente para las administraciones neuquina y rionegrina insistir en mantener una “relación carnal” con la Nación o presentar una discusión seria sobre lo que realmente ambas provincias aportan al sistema y reciben por ello.

LEYES Y OBLIGACIONES

Los antecedentes que pueden extraerse de los cuatro años de gobierno K muestran que poco interesan al gobierno nacional las distorsiones o iniquidades existentes en el programa económico, en la medida en que sigan creciendo los recursos para su sostenimiento.

El gasto público se incrementa a tasas preocupantes y, para la actual administración central, eso sólo se sostiene con mayores ingresos; de dónde lleguen los mismos es lo que menos le interesa: lo importante es contar con ellos.

Este pragmatismo oficial viola en forma continua acuerdos preestablecidos y leyes que regulan la relación entre la Nación y las provincias.

El artículo 7 de la ley 23.548 (modificatorias y complementarias) determina que las provincias deben recibir como “piso” el 34% del total de lo recaudado por la Nación. Se considera inconstitucional que los recursos repartidos bajen de este valor.

Sistemáticamente, desde el 2002 la Nación violó la ley, tomando en cuenta que el promedio de transferencias durante el período 2002-2008 se ubicó en el 31,8% del total de los recursos obtenidos por el poder central, es decir, 3,2 puntos menos que lo que determina la ley de coparticipación.

Un reciente informe elaborado por la Consultora Economía & Regiones (E&R) señala que en los últimos 73 meses las transferencias automáticas a las provincias alcanzaron los 2.770 millones de pesos mensuales, mientras que la recaudación neta de la Nación se ubicó en el mismo período en un promedio de 8.587 millones de pesos, lo que determina una participación del 31,8%.

Este último cálculo indica que, desde marzo del 2002 hasta el mes pasado, las provincias resignaron a favor de la Nación 10.897 millones de pesos.

El estudio de E&R destaca que este año la situación es mucho más compleja para los estados del interior.
Las estadísticas oficiales muestran que en el primer trimestre los recursos no coparticipados, pero que corresponde transferir por ley, totalizaron 1.521 millones de pesos. Las proyecciones muestran, en este sentido, que Río Negro dejará de percibir –pese a que le corresponde por ley– alrededor de 160 millones de pesos por coparticipación durante el 2008 y Neuquén, otros 104 millones.

Esto también parte de lo que se denomina la falta de calidad institucional que vive hoy el país.

Cambios necesarios

La reducción en los niveles de reparto de los ingresos federales se profundizó a partir del 2002. El ministro de Hacienda de Río Negro, Pablo Verani, ratificó esa fecha como decisiva en el cambio real de las condiciones en la distribución de fondos. Aun así, el funcionario entendió que el reclamo provincial debe centrarse en la actualización de montos, como las transferencias por desequilibrio y por el traspaso de los servicios educativos. Verani recordó que en el 2002 se modificó el esquema de coparticipación, dejando afuera a las provincias de posteriores tributos como el impuesto al cheque, un 15% del IVA (que se destina a las cajas previsionales aunque la Anses ahora tenga plata a plazo fijo) y las retenciones.
El trabajo de la consultora Economía & Regiones (E&R) se hizo eco de la preocupación de los mandatarios provinciales porque casi el 20% de las transferencias de marzo se liquidó recién el último día hábil, producto de la postergación de la liquidación de los recursos provenientes del impuesto a las Ganancias. Consideró que si este atraso se repitiera “sistemáticamente pondría en graves aprietos financieros a las provincias, especialmente a aquellas más chicas, para las cuales dichos fondos representan más del 70% de sus recursos”.

Los mandatarios provinciales coinciden en señalar que se necesita –con urgencia– replantear la ley de coparticipación actual, de modo de liberar los recursos con que se queda la Nación.

¿Hacia un nuevo pacto fiscal?

Está claro que las provincias no pueden seguir el “training” que les impone la Nación.

Desde el gobierno central se manejan las pautas de gastos sobre determinados servicios que hoy están en manos de los estados federales. La educación es tan sólo un ejemplo. La Nación fija los aumentos de salarios para los trabajadores del sector, pero éstos deben ser asumidos por las provincias. En este contexto, el mensaje desde el poder central resulta paranoico: “los gobernadores deben ajustar los gastos corrientes para no entrar en desequilibrios”. Es decir, la administración K socializa los gastos del país pero capitaliza los recursos, un esquema inviable en el mediano plazo. La presión tributaria de la Nación (en relación con el PBI) es cada vez mayor dentro del sector público consolidado. No ocurre lo mismo con las provincias.

De mantenerse el perverso esquema de poder que promueve la administración K sobre las provincias a la hora de coparticipar recursos, se profundizarán los desequilibrios presupuestarios de las provincias y con ello se reeditarán los ya históricos “pactos fiscales”.