BUENOS AIRES.- Cuando las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) se han convertido en el nuevo paradigma de la economía mundial, la Argentina demuestra capacidades competitivas y comparativas que le permitirían transformarse en un proveedor destacado en el exterior de software y servicios informáticos (SSI), por ejemplo para la agroindustria, la salud, los contenidos dinámicos y otros desarrollos
Los SSI estuvieron entre las actividades que más crecieron aquí durante la presente década como consecuencia de la reactivación económica, los esfuerzos públicos y privados, las investigaciones en las universidades, la fuerza laboral, las radicaciones de empresas extranjeras, las iniciativas de los clusters y polos tecnológicos y las exportaciones favorecidas por el tipo de cambio.
Es una industria que movilizó 5.800 millones de pesos durante el año pasado, un 21% más que en 1996, y cuya participación en el Producto Bruto Interno (PBI) osciló del 0,66% en el 2003 al 1,30% en el 2007, según el Centro de Empresas de Software y Servicios Informáticos de la República Argentina (CESSI).
Existen aproximadamente 1.000 empresas, que ocuparon 14.000 empleados directos en el 2004 y 48.000 en el 2007; de estos últimos, 15.000 se dedicaban a buscar soluciones off shore. Las exportaciones, a su vez, crecieron casi siete veces entre el 2000 y el 2007, hasta llegar a 380 millones de dólares anuales (un 23% más que en el 2006).
Semejante evolución “tracciona al sistema educativo”, destacó Lino Barañao, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, quien señaló que en la medida en que se ofrezcan puestos de trabajo “dignos y bien remunerados” habrá quienes se orienten a tales estudios. “Tenemos que mostrar que realmente el área de software equivale a lo que era la ingeniería décadas atrás”, agregó.
Barañao y funcionarios de los ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y de Educación acompañaron a Martín Lousteau, ministro de Economía y Producción, en una reunión con exportadores de “servicios con valor agregado” –estuvieron los de Motorola, IBM, Accenture, Globant y Assa, entre otros– el 7 de febrero último.
“La Argentina posee ventajas comparativas que no se pueden desaprovechar”, dijo entonces el principal habitante temporario del porteño Palacio de Hacienda, quien citó, entre otras, el nivel de capacitación del personal, la infraestructura de las comunicaciones y el huso horario cercano al de Europa y Estados Unidos, que favorece a los call centers.
El propósito de Lousteau es “instalar en los centros internacionales, antes de fin de año, la idea de que la Argentina se convertirá en uno de los diez principales países del mundo con potencial para este tipo de operatorias” (es el número 20).
La intención de aumentar las ventas al exterior será estudiada por funcionarios del gobierno y directivos de las empresas, en aspectos tales como: incentivos para las exportaciones de servicios, recursos humanos, infraestructura y difusión de la “marca argentina”.
“Existen oportunidades para aprovechar y áreas en las que se podrían explotar más nuestras posibilidades y de esa forma duplicar el volumen de nuestra industria en pocos años”, aseveró Miguel Ángel Calello, presidente del CESSI.
Las exportaciones volvieron a ser tratadas el 13 de febrero pasado por Lousteau con Earl Anthony Wayne, embajador de Estados Unidos, quien dejó entrever la posibilidad de que se fortalezcan las inversiones de su país en el área.
Antes de la Semana Santa, Lousteau completó el “paquete” de medidas que apuntalará los servicios (y también a los sectores agroindustrial, automotor y textil), que conforman un mercado mundial de 300.000 millones de dólares anuales y parecerían no tener límites para su evolución.
La CESSI pronosticó, en setiembre del 2007, una expansión de las actividades del 90% a lo largo de un cuatrienio, que proporcionarían 30.000 nuevos puestos.
En el 2011, además, la facturación ascendería a 9.340 millones de pesos y las exportaciones, a 1.970 millones y el empleo abarcaría a 70.400 personas, previó la entidad en su “Plan de acción sectorial de la industria del software 2008-2011”, complementario de las “Propuestas para un plan estratégico 2004-2014”. La industria fue considerada la mayor creadora de nuevas empresas y empleos calificados, que exigen una formación sólida en aspectos tecnológicos y son retribuidos con altos salarios.
Por la ley 25.922 de promoción industrial, sancionada en el 2004, se establecieron beneficios fiscales e impositivos para todas las firmas nacionales de la actividad. A su vez, el Fondo Tecnológico Argentino (Fontar), dependiente de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, asignó una financiación de 200 millones de pesos (50% para subsidios y 50% para créditos) a proyectos de innovación.
Entre las medidas que favorecieron el crecimiento, la consultora Internacional Data Corporation (IDC) indicó el plan “Mi PC”, las licitaciones con financiación para incorporar tecnologías a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y las siguientes dos leyes:
• la 25.856, promulgada el 6 de enero de 2004, que estableció que la producción del software debía considerarse una producción de transformación asimilable a una industrial para percibir beneficios y
• la 25.922 de promoción, publicada en el Boletín Oficial del 9 de setiembre también de 2004, que adicionalmente previó el Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software (Fonsoft).
Cuando Néstor Kirchner aún no había concluido su mandato presidencial, recibió a la conducción de la CESSI, que le presentó el “Plan digital del bicentenario”, complementario del estratégico para el período 2004- 2014. Vislumbraron que las mayores posibilidades para ubicar a la Argentina en una posición de liderazgo mundial entre los países no centrales se encontraban en la agroindustria, salud, contenidos dinámicos y desarrollo al exterior con valor agregado (“valueshore” o “valuesoft”). Otras áreas con ventajas eran la administración gubernamental, la educación, las cadenas productivas y el turismo.
Como sucede en el ámbito internacional, en el país actuarían “cadenas de producción de material pirata”. Aquí el 75% de los programas es ilegal, proporción que si disminuyera 10 puntos en cuatro años permitiría disponer de 3.900 nuevos empleos, 81 millones de dólares en ingresos fiscales y 630 millones de la misma divisa en inversiones, de acuerdo con un estudio de IDC y Business Software Alliance (BSA). Esta última diseñó, por otra parte, mecanismos para aplicar las normas sobre propiedad intelectual y comercio, de acuerdo con los requisitos de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Según la Asociación de Incubadoras de Empresas, Parques y Polos Tecnológicos de la República Argentina (Aipypt), en el 2003 había 33 incubadoras de empresas identificadas y 22 parques tecnológicos. La Sepyme trabajó con clusters de Rosario, NOA (Tucumán, Salta y Jujuy), NEA (Chaco y Corrientes) y Neuquén (inicialmente con unas 15 empresas). Participó, asimismo, en la conformación de grupos exportadores, ofreció asistencia técnica y el 50% de los honorarios del coordinador de cada uno por 2 años y organizó misiones al exterior, como la de Barcelona (España), en mayo último, y de compradores internacionales en Córdoba, orientada principalmente a empresas informáticas, en julio del 2007.

Mayor participación en el mundo de la alternativa “libre”

BUENOS AIRES.- El software “open source”, también llamado “software libre” (SL), ofrece nuevos desarrollos o copias y modificaciones que permiten acceder a los códigos fuentes. Entre los más conocidos están el Linux (y sus parientes Gnomo, Ubuntu y Enlightenment), Inferno, OpenSolares y Darwin BSD (el tipo Unix más difundido). En Salta, en el 2000, se diseñó un Linux modificado que bautizaron “Ututo XS” y fue promocionado como “el primer sistema del mundo 100% libre”.
La consultora IDC estimó que la participación del SL en el mundo crecería el 26% desde el 2006 hasta el 2011 y oscilaría de 1.800 millones de dólares a 5.800 millones respectivamente.
En la Argentina, desde comienzos de siglo se intentó avanzar con el software libre –no siempre 100% gratuito, pero que cuesta menos que el “cerrado”– y hubo organismos estatales y empresas que lo adoptaron, junto con hardware local. Otro tanto sucedió en naciones europeas; por ejemplo, en las escandinavas se difundió más porque el finlandés Linus Torvalds diseñó, en 1991, el sistema operativo Linux. México, Brasil, Venezuela y Ecuador intentaron encarar sus propios procedimientos. En Estados Unidos, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) y la marina (US Navy) fueron las primeras en adoptarlo, años después de que lo hiciera China.
En la Argentina no se aplica un software libre único. Red Hat, como otras firmas, lo suministra si le pagan los costos del mantenimiento y el soporte, pero programas de desarrolladores independientes pueden bajarse gratuitamente, como hace años realizan dependencias de la administración pública nacional.
La asociación civil Software Libre Argentina (Solar) publicita las ventajas técnicas, sociales y políticas, hasta entre las autoridades nacionales, en el convencimiento de que cumple con requisitos imprescindibles tales como:
• Transparencia. Audita “las funciones y efectos reales del software para evitar ‘puertas traseras’ impuestas con desconocimiento del Estado por proveedores u otros agentes”.
• Perennidad de la información y acceso. “Libera al Estado de monopolios particulares, garantizándole el acceso tanto a la información pública como a la privada”. Por otra parte, “los estándares y licencias libres permiten que todos los aplicativos interactúen entre sí”.
• Calidad y seguridad. “Utiliza los mínimos recursos posibles y permite trabajar a muchos usuarios, por ejemplo, desde diversas terminales, cuyas actualizaciones o mejoras no requieren instalar todo o cambiar de hardware”.
• Economía. La apoya “de manera sustentable y solidaria, favoreciendo la libre competencia entre empresas de diferentes escalas y promoviendo el desarrollo tecnológico de las mismas. También impulsa la aparición de una industria local de soporte y de servicios asociados”.
• Costos. Aporta “un modelo de negocio que no se basa en la venta indefinida de un mismo producto sino en sus servicios asociados (implementación, soporte, capacitación, etcétera)”.
 Para favorecer la aplicación del software libre, en la Argentina se elaboraron diversos proyectos de leyes, ante los cuales entidades empresarias y profesionales expresaron sus inquietudes y disidencias.
Algunos de aquellos proyectos tuvieron en cuenta que dependencias estatales utilizaban ilegalmente software amparado en derechos de autor sin pagar los derechos de uso, encontrándose en los ámbitos educativo y de la investigación las mayores adhesiones.
Cuando Martín Borrelli –actual legislador por la ciudad de Buenos Aires de Compromiso para el Cambio– era diputado nacional por el Partido Federal, allá por el 2001 participó en una de esas propuestas y advirtió sobre la coexistencia de tres factores:
• la falta de recursos o asignaciones presupuestarias suficientes para solventar los derechos de uso,
• desidia o indolencia de funcionarios de distintos niveles y
• absoluta ignorancia de las obligaciones legales.
Del análisis de la cuestión, se verificó que “el ritmo de actualización tecnológica hacía que el software debiera ser actualizado cada dos o tres años, para evitar la incompatibilidad entre distintas versiones, con el riesgo cierto de perder información en determinados archivos”. Asimismo, “por la mayor demanda de memoria del software actualizado, era imprescindible renovar el hardware en ciclos no superiores a los tres años”. En un alto porcentaje de los casos, dicha renovación era “impulsada sólo por la necesidad de mantener uniformidad dentro de un mismo organismo del Estado y no por el incremento de las demandas de mejor calidad de software del mismo grupo de usuarios”. Pudo comprobarse, incluso, que “cada vez que se adoptaba un nuevo software debía comenzar un nuevo ciclo de capacitación del personal, que casi nunca llegaba a completarse”.

Podría incrementarse la falta de personal calificado

BUENOS AIRES.- La industria del software y servicios informáticos (SSI) registra unos 48.000 puestos directos, que perciben un salario promedio de 1.500 dólares mensuales, según la consultora IDC.
Sin embargo, observó que “a menos que la falta de personal calificado sea tratada con urgencia, la demanda por saberes vinculados con la conectividad y las redes en la Argentina excederá en un 23% en el 2010, cifra que representará la escasez de 6.172”, de acuerdo con el informe preparado con datos de siete países de América Latina que la empresa Cisco encargó a IDC.
Las remuneraciones pagadas por las compañías a los programadores influyen, en muchos casos, para que estudiantes universitarios abandonen sus estudios.
Los buenos empleados están ocupados y los nuevos incursionan en lo que UniversoBit llamó el “círculo vicioso de rotación” (del 25% en el 2006).
Firmas del sector reconocieron que no invierten en capacitación y que deberían acompañar la planificación de cursos con incentivos y promociones; otras, en cambio, capacitan por su cuenta y riesgo, sin ayuda estatal, incluso a egresados universitarios a los que consideraron insuficientemente capacitados y sin buen dominio del idioma inglés.
Todavía faltarían carreras universitarias con títulos intermedios, teniendo en cuenta que muchos de quienes las cursan sólo quieren ser programadores o técnicos, para luego completar su capacitación en las mismas empresas.
“Si hay que pagarles a los chicos para que estudien informática, les pagaremos para que sean programadores”, prometió Martín Lousteau, ministro de Economía y Producción, en la reunión del 7 de febrero con representantes de los “servicios con valor agregado”.
La Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (Sepyme) lanzó hace un año el programa de crédito fiscal para capacitación de empresas del sector SSI, con la intención de que financiaran la formación de personal y devolvieran dichos aportes con certificados de crédito fiscal utilizables para cancelar impuestos nacionales.
El citado organismo permitió, además, que subsidiaran la adquisición de equipamiento cuando las capacitadoras fueran instituciones sin fines de lucro.
La ley de promoción de la industria del SSI estableció exenciones previsionales a puestos cubiertos por quienes hubieran cursado el secundario completo.
La necesidad de introducir “nuevas variables” para lograr “un modelo de jóvenes profesionales flexibles y competitivos” fue admitida por Lino Barañao, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.