Algo huele mal en el programa económico.
Los números no cierran y el gobierno volvió a echar mano a los recursos del sector privado para compensar los desvíos de la economía.
No hay nuevas ideas ni decisión política para emprender cambios estructurales que permitan salir de este nuevo corsé en el que entró el programa económico. Como en los ’90, se trata de corregir los desvíos con más de lo mismo. El aumento de las retenciones al campo apuntala este argumento.
El objetivo de recaudar más vía la transferencia de fondos del sector privado al público (retenciones) responde a la necesidad de sostener la sobredimensionada estructura del gasto en el que se encuentra inmerso el presupuesto nacional.
Desde el gobierno aseguran que la economía no está encorsetada y que existen alternativas para salir de esta coyuntura. “Es imprescindible controlar los precios internos para que no se genere mayor presión inflacionaria. Y para eso se necesitan fondos extras”, confió un funcionario de Economía al ser consultado por el tema.
Pero existe un “Plan B” sobre el que ya está trabajando parte del gobierno. El mismo consiste en devaluar progresivamente el peso argentino a tasas superiores a las actuales. “Se está trabajando también en este frente, pero hoy este esquema tiene sus riesgos; hoy se sabe cómo entrar pero no cómo salir”, confió la fuente oficial.
Un reciente trabajo elaborado por Fundación Mediterránea (*) detalla que el dólar debería ubicarse hoy en torno de los 3,60 pesos para poder sostener la actual estructura de gastos presupuestarios.
Desde el gobierno saben que ésta sería una salida fácil de ejecutar, pero con consecuencias impredecibles.
Una devaluación como la que se propone aumentaría los ingresos del Fisco por dos vías: la externa, a través de las retenciones a las exportaciones, y la interna, a través de impuestos al consumo por efecto de mayores precios. Por otro lado, permitiría licuar la estructura de gran parte de los costos presupuestarios que hoy presentan un crecimiento desproporcionado.
Si todo cierra, ¿por qué no se devalúa? Por la presión inflacionaria. (Ver recuadro)

CÓMO SE LLEGA
A ESTA PARIDAD

En el trabajo mencionado se señala que en el actual contexto macroeconómico probablemente el instrumento más potente de que disponga el gobierno de Cristina Kirchner para compensar los desvíos del gasto sea la política fiscal.
Hoy hay un contexto de acentuada volatilidad de las monedas en el mundo y –por ende– de los precios de las materias primas, junto con una abundante liquidez externa de corto plazo, aunque con una marcada escasez de financiamiento de largo plazo. De ahí la sobrecarga impositiva con que juega el gobierno.
Las últimas decisiones buscaron reforzar el superávit primario, pero aumentando la presión tributaria sobre el campo, cuando todavía resulta difícil predecir en qué nivel se estacionarán los precios de las materias primas.
El estudio destaca que el mismo resultado fiscal, pero con derivaciones mucho menos conflictivas, se habría podido lograr definiendo un sendero nítido para la evolución del gasto público, atendiendo sí las cuestiones de infraestructura y la política social pero colocando balizas para encauzar presiones inflacionarias y, al mismo tiempo, extender el horizonte de quienes toman decisiones de inversión.
Una pauta en línea con el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) nominal habría cumplido plenamente ese objetivo.
El gasto público representa un serio problema para el programa económico.
La crisis del 2001 estalló, entre otras cosas, por la imposibilidad de financiar un gasto público que, en ese entonces, había alcanzado una cifra de 66.900 millones de dólares, consolidando las erogaciones de la Nación y las provincias.
A principios del 2002, el “dólar Remes”, fijado en 1,40, buscaba licuar esas erogaciones llevándolas al equivalente a 47.800 millones de dólares, en consideración de que la economía argentina sólo podría financiar un presupuesto de esa magnitud.
En el 2008, suponiendo una suba del gasto consolidado de Nación y provincias a un ritmo del 30% anual, las erogaciones estatales podrían alcanzar una cifra de 301.600 millones de pesos. Así –continúa señalando el informe– estas jurisdicciones, a una paridad de 3,17 pesos por dólar, estarían gastando este año nada menos que 95.100 millones de dólares, lo que contrasta con los infinanciables 66.900 millones de dólares del 2001.
El aumento del gasto público en dólares entre el 2001 y el 2008 ha sido impactante, pero esta comparación lineal no es del todo válida en términos económicos. Hay que tener en cuenta, al menos, dos datos relevantes: la inflación de Estados Unidos (para considerar el dólar no en términos corrientes sino constantes) acumulada entre el 2001 y el 2008 y la evolución del tamaño de la economía argentina durante ese período.
Considerando esos dos factores, se obtiene una cifra corregida equivalente a 54.300 millones de dólares para el 2008, o sea, todavía inferior a los 66.900 millones del 2001 pero ya superior al tope implícito en el “dólar Remes”.
¿Cuánto por encima?
Un 13,5% más, si es que son correctos los supuestos asumidos.
Entonces, teniendo en cuenta lo ocurrido con la inflación de Estados Unidos y el mayor volumen de la economía argentina, la paridad que lleva el gasto en dólares al nivel buscado en el 2002 es un tipo de cambio no de 3,17 pesos, como el operado en estos días, sino de 3,60 pesos por dólar.
¿Significa esto que habrán de comenzar a abrirse paso nuevamente las presiones devaluatorias? No necesariamente, porque la moneda norteamericana del 2008 es bien diferente de la del 2001: aquél era un “superdólar” y hoy adolece de las vitaminas básicas.
Basta con saber que, si el tipo de cambio bilateral (pesos por dólar) subió un 217% entre el 2001 y el 2008, el multilateral (canasta de monedas) lo hizo más del 300% en términos nominales en igual período.
El ejercicio sirve para alertar sobre la importancia de comenzar a preparar un “aterrizaje suave” para el vuelo del gasto, de modo de estirar en el tiempo la percepción de “holgura cambiaria” (contra la canasta de monedas) y no tener que enfrentarse a un círculo vicioso de elevadas expectativas inflacionarias y devaluatorias que, de ocurrir, empujará hacia arriba las tasas de interés de corto plazo y, principalmente, dificultará la ampliación del horizonte para la toma de decisiones de los agentes económicos.
Si esta conclusión tiene validez focalizando sólo en los aspectos internos, se refuerza aún más si se incluye en el cuadro el contexto externo de volatilidad de monedas y materias primas, junto al limitado financiamiento de largo plazo.
Por más que la divisa norteamericana sea en esta etapa una moneda débil, no son tantos los agentes económicos en la Argentina que hoy disponen de un presupuesto un 42% más amplio en dólares corrientes que el del 2001, como es el caso del sector público consolidado.
Este escenario debería ser suficiente como para iniciar una etapa en la que se pueda lograr el doble objetivo de estabilizar el gasto público y atender las prioridades sociales y de infraestructura que reclaman solución.
(Redacción Central)

(*) “El dólar Remes, de 1,40 en el 2002 a 3,60 en el 2008”, J. Vasconcelos; revista “Novedades Económicas” edición 434.
Marzo del 2008

Sin margen por la inflación

Una devaluación del 13% para llevar el dólar a 3,60 pesos podría tener efectos muy negativos sobre el programa económico. Para muchos economistas consultados por el tema, una medida como ésta sería el principio del fin. Si bien el frente interno estaría resuelto para el gobierno –tanto en el plano fiscal como en cuanto al apoyo empresario a esta medida– una devaluación generaría importantes presiones sobre los precios internos.
La inflación, como fenómeno económico, tiene causas y efectos. La definición de sus causas no es una cuestión sencilla debido a que un aumento generalizado de los precios suele convertirse en un complejo mecanismo circular en el cual no resulta sencillo determinar los factores que impulsan el incremento de los precios.
Una devaluación del 13% sobre una economía que ya está “recalentada” en materia de inflación no es una receta aconsejable. Es por ello que desde el gobierno la puesta en marcha de este “Plan B” no halla pleno sustento para su aplicación. Desde el Ejecutivo se insiste en mecanismos de financiamiento más simples y lineales para reencauzar el programa económico.
“Las extraordinarias condiciones que presentan los precios de los commodities en el exterior permiten que tanto el Estado como el sector privado usufructúen este beneficio”, aseguró la fuente del Ministerio de Economía.
El problema se dará si los precios de estos commodities comienzan a ceder. Este escenario tomará al gobierno con una estructura de gastos presupuestarios consolidados en niveles muy altos y menores ingresos como resultado de la caída de la recaudación por retenciones. “Ahí sí se puede comenzar a materializar una devaluación progresiva para equilibrar el presupuesto”, confió la fuente. En definitiva, hoy más que nunca el gobierno depende de los factores externos para sostener su programa económico.
(Redacción Central)