Juan Martín Rosauer, presidente de CAFI, se mostró preocupado por el aumento de los costos y la crisis energética que afecta al sector. Por ello, en esta charla que mantuvo con "Río Negro Económico" destacó la importancia que tendría un nuevo esquema tributario para el sector frutícola. A continuación, lo que habló con este suplemento.

-¿Cuáles son las variables del contexto económico que más preocupan al sector?

-A nivel macroeconómico el sector está muy preocupado porque se perdió la ventaja que produjo la devaluación. Los costos de mano de obra están un 30% más caros que en aquel momento. Los agroquímicos, si bien son en dólares y nunca bajaron los precios, hoy están aproximadamente un 15% más caros. En estos dos componentes está representado el 80% del costo del productor.

-¿Y a nivel de presión tributaria?

-La carga impositiva es impresionante comparada con el 2001; ahora pagamos retenciones del 10% y en aquel momento teníamos reintegros y reembolsos por exportar por puertos patagónicos. También se agregó el impuesto a los débitos y créditos y se eliminó la reducción a las contribuciones patronales que había introducido Cavallo.

-¿Cómo cierra entonces el negocio?

-Todavía cierra gracias a que el valor de los commodities, incluida la fruta, ha subido en los últimos años. Este año pareciera que la tendencia también es favorable. Pero esa variable no depende de nosotros.

-¿Cómo impacta la crisis energética?

-Ésa es otra gran preocupación del país en general y en la zona ya sufrimos restricciones en el invierno del año pasado, que afectó parcialmente, ya que fue fuera de la temporada alta. La preocupación es que, si sigue aumentando la demanda de energía más que la oferta, a la larga las restricciones van a ser más importantes y pueden darse en el verano. En ese caso provocarían un daño millonario; se generarían problemas en cascada.

-¿Cuál fue la incidencia de los cortes de ruta?

-Muy mala, desde muchos puntos de vista: se pierden días de cosecha, la fruta sufre y además desencadenan el efecto dominó de atraso en las demás variedades. Si miramos las estadísticas de exportaciones, al 31 de enero estábamos un 35% abajo con respecto al año pasado, si bien también incidieron otros factores.

-También perjuicios no cuantificables...

-Sí, lo peor de los cortes es no sólo lo económico sino la sensación de ilegalidad que uno tiene al momento de negociar los salarios. Se negocia bajo extorsión. Hubo una conciliación obligatoria, el gremio no la acató y el Ministerio de Trabajo no aplicó ninguna sanción. Lo malo es que esto parece lo normal y aceptable.

-¿Y en cuanto al gobierno provincial?

-Ni el gobierno provincial ni el nacional quieren actuar, y si la Justicia le pide al gobierno que ponga la policía para liberar la ruta, la provincia no arbitra los medios para ha

cerlo, entonces nadie toma una decisión política.

-¿Cómo está impactando la inflación?

-Es otro de los temas que preocupan. Si los costos aumentan entre el 20 y el 30%, por más que los mercados mejoren, puede ser del 5 al 10%. Es una cuestión de tiempo. Creemos que estamos en el límite, si esta tendencia sigue, y a nivel nacional no vemos un cambio que haga pensar que se va a modificar en uno, dos o tres años más, la actividad entrará nuevamente en una etapa de pérdida.

-¿Qué hay que cambiar?

-Hay que sincerar las tarifas de energía. La demanda domiciliaria está creciendo al 25% anual. Como la tarifa está igual desde hace siete años, no hay incentivos para ahorrar. Pero se castiga a una em

presa cuando consume más para aumentar la producción.

-¿Y en cuanto al tema fiscal?

-El gobierno está aumentando el gasto de una forma muy considerable. Hay que bajar la presión fiscal y atacar el tema inflacionario, que es malo tanto para el salario como para la actividad en general.

-¿Cómo evalúa la calidad institucional?

-La Justicia no es independiente, el Poder Legislativo está muy condicionado por los dineros de la Nación. Prácticamente no tenemos inversiones del exterior porque el modelo, si bien resulta adecuado desde el aspecto macro con superávit comercial y fiscal, no es lo suficientemente atractivo por la falta de seguridad jurídica para invertir. Son más las empresas que se están yendo que las que están viniendo.