BUENOS AIRES.- La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires viene denunciando desde el 2005 que más de 125.000 trabajadores, en su mayoría extranjeros indocumentados, sobre todo bolivianos y peruanos, eran sometidos a un régimen de servidumbre por sus patrones.
Alicia Pierini, titular del organismo, advirtió que sociedades propietarias de conocidas marcas tercerizaban sus producciones con talleres de costura que, a su vez, ocupaban casi siempre a extranjeros con una situación de residencia irregular, por lo que no opondrían resistencia a la violación de sus derechos. La sobreexplotación se verificó en jornadas laborales de 16 a 20 horas diarias, por las que percibían remuneraciones inferiores a las fijadas en los convenios laborales, y poca comida, en gente que mayormente "vivía" hacinada en esos sitios.
La situación se vinculó, asimismo, con los 750.000 extranjeros indocumentados que residirían en la Argentina.
Uno de los casos más notorios se conoció el 30 de marzo de 2006, cuando se incendió uno de esos talleres -en Luis Viale 1.269, de la ciudad de Buenos Aires-, lo que provocó la muerte de seis ciudadanos bolivianos -cinco menores de edad- que habitaban en el lugar. La repercusión mediática obligó al gobierno porteño de turno a disponer inspecciones que motivaron la clausura de 1.300 de esos establecimientos. De cualquier manera, se dijo que alrededor de 1.500 se mudaron a la provincia de Buenos Aires para evitar los procedimientos.
La organización no gubernamental Fundación Alameda se presentó formalmente como tal en diciembre pasado, luego de surgir en una asamblea en el barrio de Floresta (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y después convertirse en cooperativa. Se trazó como objetivo "luchar por el trabajo digno y combatir el trabajo esclavo en todas sus formas", aunque inicialmente abarcó el textil, en el que existiría la complicidad de inspectores de diferentes áreas gubernamentales, personal de la Policía Federal y hasta un ex cónsul de Bolivia.
Como en la reciente reunión de Martín Lousteau, ministro de Economía y Producción, y Noemí Rial, secretaria de Trabajo, con representantes de la industrias textil y de la indumentaria (ver aparte), se habría comentado que más del 70% del personal estaba "en negro", se recordó que la Unión de Trabajadores Costureros, a través de Alameda, denunció en sede judicial, junto a la Defensoría del Pueblo primero y la citada dependencia de la cartera laboral después, que "85 marcas basan su producción en esta inhumana modalidad laboral que viola los más elementales derechos". La fundación calculó a fines de febrero que por cada prenda vendida a 100 pesos en un comercio el taller recibía 3,25 y el costurero 1,87, en tanto la materia prima representaba entre 11 y 14. Aun con los impuestos y gastos de alquiler del local y margen de ganancia, a ciertas marcas les quedaría "limpio" más de la mitad del precio final.
El problema subsiste. La policía bonaerense desarticuló un taller textil clandestino en el distrito de Florencio Varela, el martes 4. Allí un ciudadano boliviano explotaba a compatriotas, hasta que uno consiguió escapar y denunció lo que sucedía y pudo descubrirse que otras siete personas (algunas menores) trabajaban y tenían prohibido salir del lugar, ni siquiera para regresar a su país ya que el propietario tenía sus documentos. Por eso la causa fue caratulada "Privación ilegal de la libertad", con intervención de la unidad fiscal 2, de Quilmes.
