BUENOS AIRES.- Entre otros hechos y protagonistas más o menos recientes y que supuestamente se investigan pero de los que no se habla figuran:
• Un incendio en Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (Santa Cruz), en junio del 2004, a raíz del cual murieron 14 mineros y Néstor Kirchner, entonces presidente de la Nación, decidió intervenir la empresa manejada por el empresario Sergio Taselli. Designó al diputado Daniel Peralta, quien en mayo del 2007, mediante un artilugio legal, reemplazó en la gobernación de la provincia a Carlos Sancho, quien previamente la obtuvo por la renuncia de Sergio Acevedo. Después –¿por no tener otra alternativa?–, Kirchner premió a Peralta para que fuera su candidato en las elecciones a gobernador de octubre pasado, en las cuales se impuso.
• El derrumbe de un silo en construcción en la fábrica de aluminio de Aluar, en Puerto Madryn (Chubut), el 20 de junio último. Allí murieron 13 obreros, casi todos bolivianos, quienes se desempeñaban en la subcontratista CODEL de Infa, responsable de la obra.
• El fallecimiento de un trabajador, aplastado por el martillo hidráulico que reparaba en la fábrica Bahco Siat, de la localidad santafesina de Santo Tomé, el 4 del mes pasado.
• Cinco días más tarde se registraron 2 muertos y 6 heridos por la explosión de un horno parado para su mantenimiento en la planta de Acindar de Villa Constitución (Santa Fe). La filial local de la Unión Obrera Metalúrgica atribuyó lo sucedido a “la política de explotación e intensificación de los ritmos de producción que ha impuesto la patronal en la fábrica” y reveló que “de los 2.600 allí ocupados, la mitad se desempeñaba en empresas tercerizadas, con sueldos más bajos y peores condiciones laborales”. El secretariado nacional del gremio lamentó lo ocurrido y señaló que pudo evitarse con “una dirección responsable, seguridad industrial, sin fraude laboral y con la integración de un comité mixto integrado por las partes en protección de la vida”.
Luego el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Santa Fe identificó casi 80 empresas de la provincia emplazadas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) por sus índices de accidentes, superiores al 10% del promedio nacional, y anunció que enviaría a la Legislatura un proyecto de ley para crear comités paritarios de higiene y seguridad laboral en las firmas que tuvieran más de 50 empleados y, en aquellas con menos, el cargo de delegado de prevención para un obrero capacitado.
• La explosión en el buque “Cassana”, en los Astilleros Río Santiago, el 14 de febrero pasado, provocó heridas y quemaduras a 11 operarios, uno de los cuales posteriormente falleció. Y, si bien la empresa estatal sostuvo que no se podía imputar el accidente “a la falta de seguridad” laboral, la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) bonaerense denunció que  los afiliados “no cuentan con ART (aseguradoras de riesgo del trabajo) ni autoseguro”.
Éstos y otros episodios pusieron en evidencia las falencias de la legislación sobre riesgos del trabajo, cuya reforma estuvo trabada en el Senado de la Nación, donde la Comisión de Trabajo y Previsión Social decidió tratar la semana pasada no sólo el correspondiente proyecto sino también todos los del “paquete” elaborado por el diputado Héctor Recalde (ver aparte), que tenían orden del día y caducaron el 10 de diciembre último. Luego de conocerse fallos de la Corte Suprema de Justicia que admitieron la vía civil para reclamar indemnizaciones, ingresó también en la cámara alta un proyecto para que se pudiera optar entre lo establecido en la ley específica vigente y lo que pudiera corresponder de acuerdo con el derecho civil.
El artículo 39 de la ley 24.557 –sancionada en 1995 y que comenzó a aplicarse en julio del ’96– trabó de alguna manera la posibilidad de que un empleado con cobertura de una aseguradora de riesgos del trabajo (ART) entablara una demanda civil. Al ser declarado inconstitucional por la CSJ, surgió la discusión sobre si debía aceptarse que el trabajador tuviera la opción de cobrar el seguro o iniciar un juicio, que es la posición empresaria, o permitírsele que reclamara ambos resarcimientos. Semejante dictamen alentó, seguramente sin proponérselo, numerosos juicios y desencadenó incertidumbre respecto de la previsibilidad del sistema y su funcionamiento.
Dicha ley otorgó prioridad a las prevenciones en las empresas a fin de reducir la siniestralidad laboral y así mejorar la calidad de vida de los empleados, con responsabilidades para unas y otros y obligaciones para las ART de realizar actividades permanentes de asesoramiento y control y otras para la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).
Carlos Tomada, ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, terminó de redactar un proyecto de reforma, en agosto del 2006, pero como generó reacciones adversas en la CGT el entonces presidente Néstor Carlos Kirchner desistió de enviarlo al Congreso.
Recalde (justicialista de la ciudad de Buenos Aires), recientemente reelecto presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación, es un abogado que asesora a la Confederación General del Trabajo (CGT) y docente universitario, que en el 2007 dijo contar con el respaldo de la central que lidera Hugo Moyano para impulsar la propuesta de “indemnización integral”, que incluyera no sólo la incapacidad sino también el daño moral. Tuvo en cuenta que los montos resarcitorios previstos en la ley 24.557 se mantenían invariables desde enero del 2001, por lo que proyectó “pisos” mínimos de 300.000 pesos para los casos de incapacidad total o muerte y de 250.000 multiplicado por el porcentaje de incapacidad cuando ésta fuera parcial y permanente y oscilara entre el 50 y el 66%.
La propuesta apuntó a establecer, por otra parte, que mientras se prolongara la situación provisoria de una incapacidad el afectado cobrara el 100% de su remuneración. Las ART cuestionaron la modificación de las fórmulas para determinar cuánto debe recibir un trabajador, por interpretar que los montos podrían elevarse “casi hasta triplicarse”, sobre todo porque las indemnizaciones tendrían relación directa con la actualización de los salarios.
Aunque Héctor Oscar Verón, en su momento titular de la SRT, estuvo de acuerdo con la actualización de las coberturas, manifestó que le preocupaba más “el aumento de accidentes y enfermedades laborales en cada año” y planteó que era necesario abrir la lista de estas últimas para incluir las nuevas que se fueran detectando.

Una estrategia para evitar accidentes

BUENOS AIRES.- Cuando Héctor Oscar Verón probablemente no imaginaba que luego de cuatro años como titular de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) pasaría a desempeñarse como asesor de Alberto Fernández, jefe de Gabinete –lo reemplazó Juan González Gaviola– reconoció que el organismo debía “mejorar las condiciones y medio ambiente de trabajo, como única estrategia para evitar los accidentes y enfermedades profesionales”. Creía entonces necesario “contar con el esfuerzo colectivo y el compromiso de todos los actores sociales directa e indirectamente involucrados”.
Aseveró, también, que después de “una profunda crisis, de un país devastado, en el cual la falta de trabajo era el denominador común”, el Estado debía “volver a tutelar la salud y la seguridad de los trabajadores”. Por eso el año pasado firmó las “directrices nacionales para los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo”, con el propósito de “ayudar a los empleadores a tener un sistema de gestión de la prevención”, teniendo como referencia las de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Con ésta generó un acuerdo de cooperación técnica para ejecutar el proyecto “Mejores condiciones de trabajo y productividad en pequeñas y medianas empresas manufactureras”.
Verón reconoció que el sistema necesitaba un cambio y que en ese momento se estaba ante la “oportunidad histórica de discutir y elaborar una nueva ley de riesgos del trabajo, por primera vez con la participación pluralista de todos los sectores”. Advirtió acerca un aumento de los accidentes, “no ya durante los traslados sino en los propios lugares de trabajo, que ponían en evidencia la falta o ausencia de medidas de prevención y también las deficientes condiciones y medio ambiente de trabajo”. Poco se recuerda su preocupación por la “desactualización de los montos indemnizatorios”, así como su advertencia de que el cambio no podía “centrarse sólo en un aumento de los mismos sino que debía propender a mejorar sus imperativos preventivos y cuestiones operativas de reparación, lógicamente con una profundización en la inspección de trabajo, desvalorizada y desmembrada durante años, al compás de la devaluación de la cultura del trabajo”. Y todo esto con “responsabilidades de empleadores, aseguradoras y trabajadores claramente determinadas”.
González Gaviola, a poco de reemplazar recientemente a Verón, reveló que del cruce de datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) surgió que 263.253 empresas declararon trabajadores en relación de dependencia con aportes al sistema previsional, pero que contrataron parcialmente o con demoras una ART o no lo hicieron, por lo que fueron intimadas a pagar una deuda acumulada con el sistema de 430 millones de pesos. Por tal motivo, aquellos empleadores que no aseguraron al personal deberán pagar las cuotas omitidas al “fondo de garantía” administrado por la SRT.
El sistema estableció la obligación de los empleadores de afiliarse a las ART o autoasegurarse. A cambio del pago mensual de esa póliza, que en promedio representa el 2,7% del salario (ver cuadro), las ART deben hacerse cargo fundamentalmente de la atención médica y las indemnizaciones de los damnificados.

La necesidad de un nuevo marco normativo

BUENOS AIRES.- Cuando el diputado oficialista Héctor Recalde (ver aparte) imaginaba que su proyecto de reforma a la ley de riesgos del trabajo sería aprobado antes del 28 de octubre de 2007, buscó “acelerar los tiempos” teniendo en cuenta la proximidad de las elecciones y solicitó opiniones a diferentes sectores empresarios y sindicales.
Para José Ignacio de Mendiguren, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), el régimen aportó “resultados satisfactorios”, pero era “perfectible”. Reconoció que había que discutir los “rezagados” montos de las indemnizaciones, con un criterio de “previsibilidad” para no terminar “desprotegiendo al trabajador y poniendo a las pequeñas y medianas empresas en una situación de inseguridad jurídica muy fuerte si la ‘industria del juicio’ creciera indiscriminadamente”.
Desde la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (Uart), que nuclea a 19 compañías, aceptaron la necesidad de actualizar las indemnizaciones, pero observaron el “impacto” que tendrían en los costos de las empresas. Jorge Aimaretti, presidente de la entidad, aseveró que fueron los fallos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), desde el 2004, los que desequilibraron a las ART, fundamentalmente, al declararse la inconstitucionalidad del artículo 39 de la ley 25.577, que impedía a los trabajadores protegidos entablar demandas por la responsabilidad civil del empleador, y la decisión de la Corte de permitir que un damnificado pudiera demandar a su empleador pese a haber cobrado la indemnización de la aseguradora.
Posteriormente, en dos provincias se conocieron fallos con distintos criterios ante casos de responsabilidad solidaria de ART por accidentes laborales en empresas que no cumplieron con las normas de seguridad.
Aimaretti sostuvo que la incertidumbre vinculada con la judicialización de los riesgos del trabajo “socava la base sobre la cual se articulan la automaticidad y la calidad de la cobertura del seguro”. Manifestó, además, que “la única alternativa sostenible y asegurable como forma de convivencia o de interdependencia es optar por uno u otro sistema de reparación” y que en la Uart estaban dispuestos a “evaluar las alternativas que se presenten en cuanto a si son gestionables dentro de la lógica del seguro”. De cualquier manera, insistió en que era clave “un esquema en el que las contingencias estén preestablecidas y las indemnizaciones dinerarias sean tales que hagan innecesarios reclamos adicionales”.
Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de la Nación, sostuvo ante la asamblea legislativa, el 1 del actual, que la generación de 3,7 millones de puestos de trabajo permitió pasar de 13 millones en el 2002 a 16,5 millones en la actualidad y que se necesita llegar a los 19,5 millones. Mientras tanto, el sistema de riesgos de trabajo cubre hoy a 7,2 millones de personas de 700.000 empresas.
“La necesidad de un nuevo marco normativo como garantía de la calidad prestacional para los trabajadores” fue aceptada por Aimaretti, con “mejoras operativas a nivel del sistema, ya sea en materia de prevención, de prestaciones, de recaudación y de impuestos, así como también de temas de alto impacto social, como accidentes de tránsito”. Al proyecto de Recalde lo definió como “insuficiente” ya que “posee inconsistencias técnicas que lo hacen inabordable”.
Según coincidieron varias ART, el mercado se caracteriza por una “exacerbada conflictividad, motivada por la incertidumbre reinante”, que hace que los beneficiarios del sistema “no consideren adecuadas las prestaciones, lo que hace necesaria la inmediata intervención estatal para recomponer el equilibrio”,
Esperan que el futuro sistema imponga un marco jurídico que “permita definir los riesgos cubiertos y la cuantía de las indemnizaciones” y que no continúen los fallos que lo debiliten e impidan brindar coberturas.