Si hay algo para resaltar del gobierno de los Kirchner, es el superávit que se logró en las cuentas fiscales en los últimos años, de la mano de la distorsiva presión tributaria ejercida sobre la economía.
Muchos de esos impuestos provienen de las producciones regionales. Sin embargo, la pasividad de los gobernadores en reclamar lo que les corresponde determinó un esquema de distribución de los recursos nacionales visiblemente alejado de la configuración que debería presentar de acuerdo con la versión original de la ley de coparticipación 23.548.
En efecto, ésta establece que las jurisdicciones subnacionales deberían recibir el 57,36% de la masa coparticipable neta, en tanto que al gobierno nacional le correspondería el 41,64% de la misma, quedando el 1% restante en manos de los ATN o Aportes del Tesoro Nacional (éstos, si bien son girados al Tesoro Nacional, tienen como destino final las arcas provinciales). De este modo, computando los recursos propios y los ATN, las provincias deberían percibir casi el 60% de los recursos coparticipables en la distribución primaria.
No obstante, a partir de 1990 las necesidades financieras del Tesoro Nacional, principalmente a consecuencia del déficit recurrente del Sistema Nacional de Seguridad Social (SIJP), dieron lugar a un proceso de creación, modificación y eliminación de impuestos nacionales y de afectaciones previas a la distribución entre la Nación y las provincias de determinados impuestos para fines específicos, así como a la firma de diversos pactos fiscales que impusieron un techo a las transferencias provinciales en el período 1992-2002.
El conjunto de reformas emprendidas alteró, en perjuicio de los gobiernos subnacionales, los porcentuales de distribución pre- vistos en la ley de coparticipación. Como consecuencia de ello, a partir de 1992 (año en que se asignó al SIJP el 20% del Impuesto a las Ganancias) las provincias fueron perdiendo sistemáticamente ingresos provenientes de la recaudación nacional, transformándose en claras perdedoras en el esquema de asignación de recursos tributarios nacionales.
Si se hace una comparación de la distribución de los recursos durante ambas etapas, se advierte que previo a las reformas (1991) las provincias recibían un 46% del total de ingresos tributarios (excluyendo recursos de la seguridad social), en tanto que para el 2007 ese porcentaje se redujo a sólo el 33%.
En resumen, debido a las reformas introducidas por el gobierno nacional, las provincias han dejado de percibir 13 puntos porcentuales de la masa de recursos tributarios. Asimismo, desde marzo del 2002 y hasta diciembre del 2007, las transferencias automáticas a las provincias estuvieron, en promedio, por debajo del 34% de lo recaudado por la Nación, es decir que durante buena parte del período de pos convertibilidad no se ha dado cumplimiento a la garantía establecida en el artículo 7 de la ley 23.548, modificatorias y complementarias.
Conclusión: el federalismo en el país hace agua.
(Redacción Central/E&R)