Si alguien le pidiera a Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de la Nación, que definiera en una sola palabra el modelo político, económico y social que se puso en marcha el 25 de mayo de 2003, elegiría: “trabajo”. Y, si tuviera que referirse a los destinatarios, tampoco dudaría: los jóvenes. Lo subrayó cuando presentó el plan “Jóvenes con más y mejor trabajo”, el 10 de enero pasado, pero sin mencionar propuestas anteriores, incluso conocidas durante el mandato de su cónyuge, Néstor Carlos Kirchner (ver aparte).
La preparación del plan se atribuyó al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con el objetivo de que 600.000 de entre 18 y 24 años –220.000 buscaban empleo y no lo encontraban y 380.000 permanecían “inactivos”, o sea que no estudiaban, no trabajaban ni tampoco buscaban una ocupación– accedan en cuatro años a distintas actividades. Se tendrán en cuenta las necesidades de las empresas de cada zona y las vocaciones de quienes percibirán de 50 a 225 pesos mensuales por sus tareas. Los pagos se efectuarán en concepto de pasajes y refrigerios, becas de estudios y asignaciones de estímulo y se suspenderán cuando los beneficiarios no asistan a los cursos. Por otra parte, unos 200.000 retomarán los estudios primarios o secundarios, además de participar en los cursos; 100.000 harán sus prácticas en compañías privadas que participen del plan, en cada caso con un tutor acompañante, y unos 10.000 incursionarán en microemprendimientos o autoempleos.
“Jóvenes con más y mejor trabajo” dispondría de un presupuesto de 600 millones de pesos aportados por el Tesoro y el Banco Mundial. Llegará a 250 municipios de todas las provincias e integrará a 500 entidades de formación profesional, 700 organizaciones no gubernamentales y áreas oficiales dedicadas a la juventud y 6.000 empresas.
Según la cartera laboral, de acuerdo con la encuesta permanente de hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), los jóvenes son los más afectados por la desocupación: cerca del 80% tuvo alguna experiencia laboral y el 20% restante buscó conseguir la primera. 
Carlos Tomada, titular de la cartera laboral, dijo que no se esperará el acercamiento de los jóvenes sino que se los buscará para formarlos y capacitarlos en oficios y competencias requeridos, a través de la red de 250 oficinas de empleo existentes.
La Dirección Nacional de Orientación y Formación Profesional del ministerio sigue diseñando y coordinando las acciones del Sistema Nacional de Formación Continua, con trabajadores y sindicatos, empresas y sus entidades representativas e institutos de formación. Sus propósitos son mejorar la calidad de estos últimos, incrementar la ocupación de las personas y elevar la calidad del empleo.
Desde hace mucho tiempo, en la mayoría de las provincias y municipios se ofrecen cursos de capacitación laboral, fundamentalmente en actividades que presentan mayor demanda. La recuperación económica del país tras la crisis de 2001/2002 intensificó tales acciones, que en ocasiones permiten a las personas que los completan obtener títulos habilitantes en las zonas de influencia; por ejemplo, de empleados administrativos, albañiles, herreros, carpinteros y gasistas.
El gobierno de Río Negro, cuando concluía el 2007, creó el Consejo Provincial de Programas de Empleo y Capacitación Laboral a fin de unificar las diferentes modalidades existentes, así como también de las becas y las pasantías. La intención fue que regulara el ingreso, el desarrollo de la formación y los deberes y derechos de los beneficiarios, determinara temáticas y modalidades, asignara los montos y asesorara a instituciones y organizaciones en los proyectos.
En la que se definió como una nueva etapa en la relación de los gobiernos nacional y de Neuquén, ambos acordaron, a mediados de este mes, tratar de responder a los miles de jóvenes de la provincia que buscan insertarse en el mercado laboral mediante cursos y prácticas laborales en firmas y, asimismo, la implementación del seguro de capacitación y empleo. Se buscará vincular esas actividades a través de los organismos locales de capacitación y empleo creados para atender los reclamos de las comunas del interior. Se mantendrán las asistencias y subsidios vigentes hasta que los beneficiarios se inserten en el mercado laboral. Neuquén, por otra parte, con la Agencia Territorial (AT) y la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral, desarrolló programas específicos.
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) capacita a integrantes de organizaciones sociales que apoyen la generación de trabajo sustentable y emprendedores particulares de bajos recursos que se comprometan a socializar los conocimientos adquiridos. La asignación de las vacantes gratuitas se efectúa a través de más de 700 entidades de la Red de Apoyo al Trabajo Popular (Red ATP). En este marco funciona la Red de Capacitación Productiva, desde la cual se dictan anualmente cursos a más de 1.200 emprendedores, a través de los centros de investigación y desarrollo del Inti, que incluso ofrece cursos dictados por su personal o docentes contratados para áreas fabriles tales como calzado, carnes, caucho, celulosa y papel, cereales y oleaginosas. La cartera laboral y el Inti suscribieron hace unos meses un protocolo adicional para desarrollar plantas demostrativas en el marco de los acuerdos territoriales para la promoción del empleo.
Al asumir que los niveles de educación individual y social constituyen la única ventaja competitiva sustentable, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) continúa con sus actividades de formación y capacitación. Mantiene, asimismo, convenios con universidades públicas y privadas para dictar carreras de grado y posgrado, el “Proyecto de capacitación a distancia” (Procadis) y cursos de estrategias y metodologías de aprendizaje de adultos.
La Fundación de Educación y Capacitación para los Trabajadores de la Construcción (Fectc), impulsada por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), generó planes y programas propios vinculados con la formación técnico profesional, condiciones y medio ambiente de trabajo, educación y nuevas tecnologías y sistema de certificación por competencias. A partir del convenio paritario con la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y la Unión Argentina de la Construcción (UAC), el 3% del aporte al fondo de desempleo se distribuye el 1% para el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric) y el 2% para el Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad para la Industria de la Construcción (Fics), que designó a la fundación para ejecutar las acciones que se implementen, utilizando sus 10 centros de formación profesional exclusivos. Desde 1994 hasta el 2005 inclusive capacitó a 96.717 personas. La “Red de instituciones de formación profesional para los trabajadores de la construcción” proporciona formación gratuita, pública y abierta a la comunidad en sus cursos de dos meses de duración y 160 horas, en ocasiones organizados por municipios. Entre las oportunidades de inserción laboral, se señalaron la albañilería, el armado y encofrado para el hormigón armado y la instalación eléctrica domiciliaria.
Mediante el crédito fiscal se financian proyectos de capacitación en recursos humanos y adquisición de equipamiento para establecimientos educativos. Para acceder al mismo, estos últimos deben elaborar proyectos patrocinados por empresas y presentarlos para su evaluación al Instituto Nacional de Educación Tecnológica (Inet). Con los certificados emitidos a nombre de las empresas, entregados a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), pueden cancelarse tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentren a cargo de la AFIP (como los impuestos al Valor Agregado y a las Ganancias). Son certificados endosables y están exentos de impuestos nacionales vigentes o por instrumentarse.

Historias de enseñanzas para ser recordadas

Si bien en la Argentina hubo, como en la mayoría de los países, talleres artesanales donde las experiencias eran transmitidas en forma práctica de maestros a aprendices y de generación en generación, se dice que la educación técnica tuvo su primera expresión en 1871, en los colegios nacionales de Salta, con el departamento agronómico anexo, y de San Juan y Catamarca, con los de minería.
De 1897 data el Departamento Industrial como anexo de la Escuela de Comercio “Carlos Pellegrini” de Buenos Aires, que dos años más tarde se independizó y fue la primera industrial de la Nación (más adelante se le impuso el nombre “Otto Krause”).
Las de artes y oficios surgieron en 1924, como las Raggio, en Buenos Aires, y de la Sociedad de Educación Industrial y la Obra de los Padres Salesianos. En el Patronato Nacional de Menores se dictó el ciclo primario y suministraron prácticas en campos de cultivo y talleres. El Consejo Nacional de Educación brindó, a su vez, cursos para obreros adultos en Buenos Aires y el interior.
Esta modalidad de enseñanza fue adecuándose a las necesidades regionales por las acciones de la Nación, complementadas con las de provincias y municipios. Las industrias textil y alimenticia fueron de algún modo estimuladas por la crisis de 1929, en tanto la agropecuaria quedó afectada por el deterioro de los términos del intercambio.
La Sección de Enseñanza Industrial de la Inspección de Enseñanza Secundaria, Media y Especial caracterizó, en 1937, a las escuelas “técnicas” (industriales) y “prácticas” (profesionales para mujeres y de artes y oficios para varones).
Casi simultáneamente se propiciaron las misiones monotécnicas y de extensión cultural en el interior, destinadas a la formación de mujeres en artesanías rurales y quehaceres domésticos.
Por decreto 14.538 del Poder Ejecutivo Nacional, en 1944 se creó la Dirección de Aprendizaje y Trabajo de los Menores, dependiente de la –en ese momento– Secretaría de Trabajo y Previsión.
Como durante la Segunda Guerra Mundial en el país se sustituyeron importaciones, hubo firmas que incursionaron en la fabricación de máquinas y herramientas y productos metal-mecánicos, químicos, eléctricos y electrodomésticos. Como requerían mano de obra especializada y mandos medios formados, no faltaron empresas que encararan cursos e incorporaran a quienes los completaran, y hasta conformaran posteriormente institutos para que los alumnos completaran tecnicaturas.
El primer gobierno de Juan Domingo Perón pergeñó la autárquica Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional (CNAOP), con escuelas-fábricas y de capacitación para obreros, mediante decretos que se modificaron hasta sancionarse la ley 12.921, a fines del ’46. Tuvo el propósito de vigilar, controlar y dirigir el trabajo de los menores de 14 a 18 años y preparar los cursos, mediante un sistema que se completó con “colonias escuela” para menores inadaptados, deficientes, huérfanos o abandonados.
Para cumplir con la ley se estableció el “fondo para aprendizaje”, al que fue derivado un impuesto específico del diez por mil sobre todos los sueldos pagados al personal de las industrias, excepto las del Estado, más eventuales donaciones, legados, multas y otros recursos. A aquellas firmas que prepararon cursos o contribuyeron a sostenerlos en establecimientos de la CNAOP les redujeron el mencionado gravamen al dos por mil.

En ocho años aprobaron seis decisiones

Aunque funcionarios del gobierno nacional no lo recordaron al difundir el plan “Jóvenes con más y mejor trabajo”, existió un sistema de pasantías para estudiantes universitarios y terciarios en 1999 y modificado al año siguiente. Permitía a las empresas tomarlos a través de entidades educativas, por 2 meses a 4 años y jornadas de 6 horas, por lo cual recibirían en promedio de 300 a 500 pesos mensuales.
Seguidamente fue el turno del plan “Joven”, que capacitó a 83.000 en un año y por el cual el gobierno de turno pagó a entidades privadas unos 1.000 pesos por alumno. La inserción laboral en empresas fue escasa o tuvo corta duración.
El plan “Capacitar” fue lanzado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social el 16 de febrero de 2001. Inicialmente iba a ser para casi 27.000 jóvenes de 16 a 35 años, de familias de bajos recursos, que no hubieran concluido los estudios secundarios y estuvieran desocupados. Esa etapa iba a insumir unos 20 millones de pesos y se financiaría el 60% con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el 40% restante con partidas del presupuesto nacional. Por asistir a alguno de los 1.340 cursos diferentes, que se licitarían por provincia entre entidades educativas y durarían entre 150 y 350 horas, cada uno percibiría 120 pesos mensuales, con seguro de salud. Aquellos que los completaran accederían a una pasantía de dos meses, pero no cobrarían sueldo y sí una “compensación” o “viáticos y gastos escolares”, aparte de que sus tareas no iban a regirse por las leyes laborales y de seguridad social. De los 2 millones de desempleados de ese momento, 750.000 eran jóvenes. En setiembre de aquel 2001 el gobierno de Fernando de la Rúa incorporó esa iniciativa al memorándum enviado al Fondo Monetario Internacional (FMI).
El programa “Incluir” fue una iniciativa de la Dirección Nacional de Juventud del Ministerio de Desarrollo Social, lanzado en el 2004 por Néstor Kirchner, presidente de la Nación. Se publicitó que alrededor de 100.000 jóvenes de 18 a 25 años, sin trabajo y con un ingreso familiar inferior a 700 pesos, al año siguiente instalarían su propio emprendimiento –panaderías, talleres de diseño gráfico, consultorios, peluquerías o lo que se les ocurriera–, siempre y cuando demostraran que era factible. Estarían excluidas las personas que tuvieran una ocupación formal. La capacitación se prolongaría por seis meses y después recibirían del gobierno nacional todo el equipamiento y el local para establecerse.
La inversión de la primera etapa sería de 30 millones de pesos y la de la segunda, entre el 2005 y el 2007, de 100 millones. Los aspirantes se podían inscribir en 2.200 municipios del país. Además, habría 15.000 becas de 100 pesos mensuales para quienes afrontaran mayores necesidades y se capacitaría a otros 85.000, pero sin retribuirlos.