| | Domingo 20 de Enero de 2008  | | |  | | | | | | | |   | | | | | | CRISIS ENERGÉTICA EN LA ARGENTINA
| | | Reconocimiento del problema | | | | Admiten la falta de inversiones, pero
no hay señales de cambio. Los precios
relativos siguen
distorsionando
el sistema.  | | |        | | | Las medidas dirigidas a ahorrar energía decididas por el gobierno resultan las primeras señales positivas –aunque tardías– frente a la magnitud de la crisis energética.
Ahorrar sólo un 6% de la demanda de energía a mediano plazo no es una meta suficiente y la efectividad de su cumplimiento en el usuario no público será débil en la medida en que, sin señales de precios, no haya real incentivo al ahorro ni a la eficiencia energética.
Tampoco hay un enunciado de políticas que revelen la comprensión de lo que sucede en el país, resultado de una negación pertinaz de la realidad, a pesar de que –con estimulante equilibrio– la presidenta Cristina de Kirchner se haya referido a la necesidad “de no tener posiciones dogmáticas y cerradas en nada... y mucho menos en la economía”. Tan buena predisposición, sin embargo, no se corresponde con su afirmación, seguramente fruto de algún asesoramiento dogmático, de que –en el pasado– no hubo inversión en generación porque los empresarios “sabían que nada iba a ser colocado y, por lo tanto, no podían tener rentabilidad”.
La propia información oficial permite concluir que ésa no fue la situación, al menos entre 1993 y el 2002 y que el sector privado, además de reparar el parque existente, adicionó 6.200 MW de nueva potencia, o sea, el 64,8% del crecimiento del parque generador argentino entre 1992 y el 2002. Hoy no existen inversores privados significativos, ni en potencia anunciada ni en tiempos de ejecución. Tampoco las inversiones centralizadas por el Estado serán suficientes ni llegarán en tiempo para cubrir el enorme déficit actual de capacidad instalada. Mucho peor; en realidad la indisponibilidad de energía es tal, que el sistema penaliza de hecho con mayores costos al nuevo inversor y beneficia al empresario que no arriesga. Ésta es una discriminación económicamente perversa, hoy disimulada por las altas tasas de crecimiento, que alimentan los precios agrícolas y el aliento al consumo.
COSTOS MÁS ALTOS
Todo nuevo inversor industrial que, por ser tal, no demandó energía en el 2005, debe pagar por lo menos 2,2 veces más por unidad de consumo de energía (MWh) que aquel que prefirió no invertir. Pero aun si su disposición a invertir fuera indiferente a ese mayor costo, la energía de que dispondría sería interrumpible y su nivel de incertidumbre crecería en invierno y en verano.
Si el nuevo inversor encontrara algún agente generador del mercado eléctrico mayorista dispuesto a abastecerlo agregando potencia nueva al sistema, la incertidumbre disminuiría sustancialmente, pero no así sus costos. Si ese agente generador dispusiera de combustible propio, su cliente tendría prioridad en el despacho eléctrico.
La otra opción es instalar un equipo menor para su autoabastecimiento, utilizando gasoil en momentos en que experimente una interrupción en la provisión de energía. En tal caso, los costos por el tiempo durante el cual deba autoabastecerse pueden llegar a ser seis veces superiores a los que experimente el que decidió no invertir.
LOS NÚMEROS REALES
En realidad, la Secretaría de Energía intentó estimular la aparición de nuevos proyectos de inversión en generación con el respaldo de los contratos de los nuevos demandantes de energía en el mercado eléctrico. Pero al no dar señales de vigencia de precios de mercado hacia el futuro y al dejar inalterada la estructura de precios relativos para los usuarios de “vieja” energía, consagró un sistema aún más inadecuado de precios.
Una pregunta posible es si acaso el precio de la energía “nueva” (aproximadamente 100 dólares por MWh) para la industria representará un valor para inducir a la inversión privada en generación.
La respuesta sería afirmativa si el nuevo generador dispusiera de gas natural o carbón en el orden de los ocho dólares por unidad térmica como combustible y tuviera un horizonte institucional de libertad de mercado con tarifas adecuándose a los costos económicos de generar, transportar y distribuir la electricidad. Pero los 100 dólares mencionados serían insuficientes, si el gas natural no estuviera disponible o fuera más caro o si hubiera que utilizar gasoil como combustible.
El gasoil cuesta de seis a siete veces más que el gas natural nacional y es dos a tres veces más caro que el gas natural importado. Pero no es el mercado sino la disposición del ministro de Planificación Federal la que aprueba o determina qué precio será autorizado para remunerar la nueva generación, lo que agrega otra fuente de incertidumbre a cualquier proyecto.
La consecuencia de haber llegado al punto de no disponer suficientemente de gas ni de capacidad generadora, de distorsionar precios y desestimular la inversión privada significativa y de depender de la importación de gas natural y de gasoil será que el país perderá su superávit energético comercial (5.500 millones de dólares en el 2005) para caminar hacia un situación crecientemente deficitaria hacia fines de esta década.
Sería preferible enfrentar tal alternativa al introducir los costos de importar nuevas tecnologías que ayuden a modificar la matriz energética a importar gasoil, cuyo uso además engrosará los ya elevados subsidios fiscales.
En la “rueda de la economía –dijo acertadamente la presidenta– la decisión de uno nunca es neutral para el resto de los actores económicos y sociales”. El capítulo de sus consecuencias sigue siendo el gran ignorado de la política energética, aunque reconocer la crisis podría ser el primer paso.
(*) Economista | | | | |  FRANCISCO MEZZADRI (*)  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
