BUENOS AIRES.- El escenario para las empresas se complicó este mes por los reclamos gremiales, incluido un aguinaldo extra para compensar la evolución inflacionaria, y algunas aventuraron la posibilidad de que peligre el pacto social. Sin embargo, debe recordarse que la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Asociación Empresaria Argentina (AEA) intentaron impulsarlo a fines del 2005. Entonces, dirigentes de la UIA y de la Confederación General del Trabajo (CGT) viajaron a Madrid (España) para interiorizarse sobre el funcionamiento del Consejo Económico y Social.
Uno y otro sector participaron últimamente en reuniones promovidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde destacaron la importancia del diálogo tripartito. "Los efectos positivos del crecimiento económico alcanzan su plenitud cuando llevan a un proceso de desarrollo sostenible, van unidos al bienestar y están estimulados por un auténtico diálogo social", destacaron. Expresaron, además, su "compromiso de trabajar para que el diálogo social y la concertación se constituyan en un importante vehículo de la cohesión social, objetivo esencial de la democracia en nuestros países".
En la AEA, compuesta por representantes de las compañías líderes, están dispuestos a "profundizar el diálogo entre los principales actores sociales de la Argentina, en la búsqueda de consensos que permitan avanzar en el desarrollo económico y social".
Juan Carlos Lascurain, presidente de la UIA, opinó que el acuerdo con el gobierno y el gremialismo propuesto por Cristina Fernández de Kirchner es "una decisión política clave para conseguir el desarrollo de la Argentina en el mediano y largo plazo". Reconoció que es "absolutamente necesario" para garantizar el actual modelo productivo y que "no debería limitarse sólo a establecer precios y salarios sino, también, a impulsar la educación -sobre todo la técnica-, la innovación tecnológica y el financiamiento a la inversión". No obstante, advirtió tras las elecciones acerca del "impacto negativo" que significaría la sanción legislativa de iniciativas del diputado oficialista Héctor Recalde, asesor de Hugo Moyano, secretario general de la CGT, por lo que sugirió tratar esas cuestiones en el marco del acuerdo. Y aunque no consiguió frenar la aprobación de la ley de los tickets, otras iniciativas contenidas en el "paquete" de proyectos volvieron a foja cero, ya que los dictámenes producidos dejaron de tener validez con el recambio parlamentario y la incorporación de nuevos integrantes a ambas cámaras.
José Ignacio de Mendiguren, vicepresidente de la central fabril -de buena relación con Hugo Moyano, secretario general de la CGT-, declaró que los trabajadores deben mejorar su participación en la distribución de la renta (ver aparte) y sugirió algún mecanismo que avance hacia ese objetivo gradualmente y que cada sector fije un índice de ajuste salarial. "Puede ser el crecimiento del nivel de actividad, el Producto Bruto Interno (PBI), la productividad o cualquier otro", comentó. Está convencido, por otra parte, de que "muchas veces a los empresarios les cuesta entender que la gran mayoría de la economía vive del mercado interno y que no hay mercado interno sin salario".
Carlos de la Vega, presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), señaló que "la precondición para ir a una concertación es que surja de un diálogo profundo, serio y meditado entre todos los sectores, en el que cada uno pueda desprenderse de su interés, elevando la mira, pensando en el interés de la Nación". Opinó que "el diálogo social significará la continuidad de las políticas de fondo y que se seguirá construyendo sobre una cantidad de cosas todavía pendientes". Subrayó que será preciso lograr consensos básicos sobre objetivos "realistas y equitativos", que privilegien "el bien común sobre las apetencias sectoriales".
Mientras Lascurain evocó que "Corea, Finlandia, Australia y Canadá impulsaron concertaciones exitosas", De Mendiguren recordó que "Chile tuvo un acuerdo; Holanda, el 'consenso de los polders'; Italia, el 'Proyecto país' y España, los convenios intersectoriales que derivaron en el 'Consejo Económico y Social', por lo que existen sobradas experiencias de países que alcanzaron consensos de largo plazo".
Si bien en ningún momento la presidenta mencionó siquiera la posibilidad de participación de los partidos políticos, Lascurain sostuvo que es importante que las fuerzas con presencia parlamentaria "reflexionen sobre este tema y den a conocer sus opiniones".
Seis días antes de asumir como ministro de Economía y Producción, Martín Lousteau, se apresuró a sugerir la contención de los precios de venta al público de los lácteos y anunció un valor de referencia para los tamberos de 78 centavos el litro. Esto ocurrió casi en simultáneo con la reunión de directivos de las entidades sectoriales con Javier de Urquiza, secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, con el objetivo de llegar a una propuesta, ignorando todos el intento de Lousteau. Éste se interpretó como un "globo de ensayo" del pacto social, pero no fue aceptado por los productores, quienes lo menos que dijeron fue que era una "medida unilateral". Con esa fallida intervención, Lousteau procuró resolver las diferencias entre los tamberos y Guillermo Moreno -ratificado y respaldado como secretario de Comercio Interior, pese a que "amenazó" con irse a su casa con el cambio presidencial-, que pretendía imponer un precio de 73 centavos, con lo cual trabó exportaciones por varios días. Después se profundizaría el conflicto, con bloqueos a las plantas productoras de Santa Fe y Córdoba que hicieron faltar productos en muchos comercios y nuevos intentos de Moreno por fijar tres precios diferenciados: uno para la exportación, otro para la producción destinada al mercado interno y uno totalmente libre para el excedente de producción, que provocaron más dudas que certezas. En el ínterin, Hermes Binner, gobernador de Santa Fe, se ofreció como garante para lograr el levantamiento de los piquetes y evitar el desabastecimiento, en lo que se interpretó como una respuesta a Lousteau, quien calificó las protestas de los tamberos como "una demostración de la poca propensión al diálogo que tienen los argentinos". Pese a los "arbitrarios aprietes" de Moreno -así definidos por la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP)-, los tamberos no aceptaron la propuesta y pidieron diez días para consultar y responder, que vencerían sobre el fin de año, en tanto productores e industriales santafesinos aceptaron suscribirlo confiando en Binner.
