BUENOS AIRES.- Cuando Cristina Fernández de Kirchner presentó su candidatura presidencial, el 19 de julio pasado, lanzó una propuesta de "diálogo social" entre trabajadores y empresarios para mantener "un modelo de acumulación y de inclusión social" sobre la base del modelo que consolidó "el milagro económico español", a través de una instancia de acuerdo entre empresarios y trabajadores con la mediación del Estado. "No sólo hay que hablar de precios y salarios; hay que hablar de hacia dónde vamos", dijo.
Antes la señora de Kirchner había sido una de las oradoras invitadas en la reunión anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que se celebró en Ginebra (Suiza). Al disertar en el panel sobre "Diálogo social y tripartismo" planteó que "la cooperación entre el capital y el trabajo mejora el desarrollo de las naciones, generando un círculo virtuoso", y que es necesario "el reparto 50-50% de la participación entre trabajadores y empresarios en el Producto Bruto Interno, donde últimamente fue del 41-59%".
Convertida en presidenta, comenzó a estudiar mecanismos para que empresarios -incluso los agropecuarios y del sector financiero- y sindicalistas acordaran con el gobierno entrante nuevos niveles de precios, salarios, tarifas, tipo de cambio, tasas de interés, compromisos de inversión y metas fiscales, con un horizonte de estabilidad mínimo de dos años. Definió su propuesta como "un acuerdo estructural lo más amplio posible", sobre la base del "modelo" desarrollado durante la gestión de Néstor Carlos Kirchner, con definición de metas y objetivos cuantificables y verificables".
De cualquier manera, la titular del Poder Ejecutivo Nacional se convenció de que "no se puede hacer lo que se hizo en el pacto (José Ber) Gelbard, en 1973, referido nada más que a precios y salarios. No es ésta
la idea que tenemos. Y luego de ese acuerdo estructural global ir sectorialmente sobre cada actividad, ya que no todas tienen las mismas necesidades ni posibilidades".
Antes de convertirse en ministro de Economía y Producción, Martín Lousteau intentó alcanzar coincidencias con los productores e industriales lecheros (ver aparte). Desde la segunda quincena de este mes comenzó a convocar reuniones para diagnosticar los problemas de diversas cadenas fabriles y analizar de qué manera el gobierno nacional puede contribuir a solucionarlos.
Trascendieron los alcances del "pacto social", que apunta a "proveer el desarrollo social con inclusión social; mejorar la distribución de la riqueza, incrementando el empleo y la calidad de las relaciones laborales; incentivar la inversión y elaborar un proyecto productivo de acuerdo con las ventas que el país ofrece".
La propuesta busca comprometer a los principales actores de la economía a moderar sus reclamos sectoriales -para lo cual se trataría de alcanzar un acuerdo empresarial-sindical que brinde marco a las convenciones colectivas del 2008, pero con una mejor distribución de la riqueza y que permita seguir fortaleciendo el mercado interno- en función de un plan de crecimiento general que beneficie al conjunto. La presidenta piensa que deben cortarse las expectativas inflacionarias con una mejora del superávit fiscal, que vendrá de la mano de una contención del gasto y un incremento de la recaudación.
También se espera conseguir un shock de inversiones mediante una nueva ley de desgravación progresiva de la reinversión de utilidades y concretar objetivos de producción agrícola, de exportaciones (incluso con mayor valor agregado), de la infraestructura necesaria para sustentarlas, de los recursos que habrá que formar para lograrlo y de un sistema financiero al servicio de la producción. Entre las metas cuantitativas que trascendieron se destaca la propuesta de alcanzar para el 2009 una tasa de inversión del 27% del PBI, un incremento de las exportaciones del 20% y una cosecha de 120 millones de toneladas de granos.
En uno de los tantos esbozos de pacto social trazados por la señora de Kirchner, ante la asamblea legislativa el 10 de este mes insistió en que "no es un acuerdo de precios y salarios" y argumentó: "No vine a convertirme en gendarme de la rentabilidad de los empresarios; tampoco seré presidenta para ser parte de una interna sindical o política. Fijaremos grandes metas cuantificables y luego iremos por sector y por actividad para ver qué necesita cada área".
Juan Somavia, secretario general de la OIT, que asistió a la ceremonia de asunción de la presidenta, le ofreció colaboración para el acuerdo social, teniendo en cuenta la experiencia del organismo en el diálogo tripartito (Estado-empresarios-sindicatos) en todo el mundo. "Para la OIT, el diálogo social es un instrumento idóneo para la gobernabilidad de las democra
cias latinoamericanas" y "cada país, en cada circunstancia, tiene que diseñar el cómo del diálogo, teniendo en cuenta que los dialogantes son los que arman el esquema; lo que no hay es una receta universal que sirva para todos los casos".
En los "consejos sectoriales" se discutirían varios aspectos de las actividades más importantes de la economía argentina, exceptuando los precios -se buscaría avanzar en la participación de los trabajadores en el Producto Bruto Interno hasta llegar al 50%, para lo cual habría que remontar el 41% reciente, y lograr un acuerdo de largo plazo, en el convencimiento de que el gobierno anterior mejoró la redistribución del ingreso del 34 al 41% mencionado- y los salarios. Entre las que serían convocadas figuran las industrias automotriz, de la construcción, de alimentos y bebidas, del software, siderúrgica y de los sectores energético, servicios, financiero y público.
En relación con los acuerdos sectoriales, no faltaron otros memoriosos que interpretaron que podría tratarse de un esquema de concertación semejante a los "convenios para mejorar la competitividad y el empleo", impulsados por Domingo Felipe Cavallo cuando fue ministro de Economía durante la presidencia de Fernando de la Rúa, en marzo del 2001.
Apuntaban a aumentar la producción y mantener el nivel de empleo y evitar la devaluación compensando la falta de competitividad del 1 a 1 (con exención de Ganancia Mínima Presunta, pago del Impuesto al Valor Agregado a cuenta de contribuciones patronales y futura eliminación de los Ingresos Brutos en las provincias). Fueron firmados por los gobiernos nacional y provinciales, sindicatos y entidades empresarias pero, cuando comenzaron a volverse operativos, la economía comenzó a caer. Y si bien Cavallo pretendió inicialmente que duraran hasta el 2003, en el terrible 20 de diciembre de 2001 fueron derogados junto con los superpoderes.
MIGUEL ÁNGEL FUKS
