“Es algo más que una decisión en materia de organización del Estado; es una señal muy clara a la sociedad de lo que la Argentina necesita en esta etapa de crecimiento”, explicó Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de la Nación, respecto de la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Y subrayó, precisamente, que la investigación e innovación es una de las claves para que la competitividad no pase sólo por el tipo de cambio.
Semejante propuesta la había tratado antes la ahora titular del Poder Ejecutivo Nacional con Daniel Filmus, cuando era titular de la cartera de Educación, Ciencia y Tecnología, y en setiembre pasado con científicos argentinos radicados en Estados Unidos.
Para “vincular el conocimiento, la investigación y la ciencia definitivamente con el proceso productivo” se designó como primer ministro a José Lino Salvador Barañao, quien hasta hace seis días estuvo al frente de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (Anpcyt) y es también investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Es un genetista especializado en los factores de control del desarrollo del folículo ovárico, la ovulación y el desarrollo embrionario temprano en especies de interés zootécnico, participante entre otros proyectos del que permitió crear los primeros bovinos clonados transgénicos en la Argentina.
Si bien existen opiniones coincidentes acerca de que “el panorama científico mejoró en los últimos años”, no faltaron las que destacaron que la nueva cartera servirá para “ampliar la cantidad de investigadores y dotarlos de lo que necesitan, o sea, subsidios, aparatos de tecnología y buena infraestructura de trabajo, sin olvidar la resolución de sus habituales dificultades económicas”.
El gasto en la Argentina en actividades científicas y tecnológicas es proporcionalmente inferior a los de naciones avanzadas y algunas de la región. En la citada agencia señalaron que equivalía al 0,50% del Producto Bruto Interno (PBI) en 1997 (1.466 millones de pesos) y luego descendió al 0,44% en lo peor de la crisis de principios de siglo (1.388 millones). Desde el 2004 retomó la tendencia ascendente hasta el 0,5% del año pasado (3.768,8 millones) y en este 2007 superaría el 0,6% (4.504 millones). Recién en el 2010 alcanzaría el 1% sugerido como mínimo por la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).
Los recursos humanos entre el 2001 y el año pasado se incrementaron el 30%: actúan 42.000 investigadores y más de 30.000 becarios, con “un peso muy marcado de la actividad académica por sobre la tecnológica –sostuvo Barañao–. Toda la carrera del investigador científico se orientó hacia la producción de estudios básicos de excelencia, por lo que nos quedamos sin un acoplamiento efectivo de esa capacidad intelectual en aplicaciones productivas comprometidas con problemáticas concretas”. Por eso pretende “cambiar los paradigmas con los cuales se hace ciencia en el país” y piensa en “proyectos de investigación que involucren no sólo al sector científico sino a los productivos y a los organismos estatales encargados de la regulación de distintas actividades”.
De esa manera, opinó que la Argentina podrá “pasar de una economía basada en la producción de commodities a otra de bienes y servicios y de conocimientos intensivos”, que sería “la única manera de aumentar el PBI”, ya que “las economías basadas en el conocimiento requieren de un alto nivel educativo de la población y están asociadas a una distribución más equitativa del ingreso”.
Acerca del “enorme potencial existente para diversificar la producción hacia la alta tecnología”, aportó los siguientes ejemplos: “la exportación de reactores nucleares, la construcción de satélites y la obtención de animales transgénicos que producen fármacos en su leche”. Mencionó otras líneas posibles y competitivas, como “la industria del software y la tecnología médica”, además de las más incipientes y promisorias “nanotecnología y los nuevos materiales”.
En estos días se evocó que la apertura económica de los ’90 del siglo pasado no apoyó a las empresas de base tecnológica y provocó un desmantelamiento de fábricas. Eso cambió y, como la Argentina tiene ventajas comparativas, aguardan poder aprovecharlas.
Para desarrollar ese potencial, se requiere:
• una política de Estado de largo plazo que apoye con créditos y subsidios la innovación tecnológica en las empresas existentes e
• instrumentos para la creación de nuevas empresas de base tecnológica.
Ambas acciones venían siendo impulsadas por la Anpcyt, único organismo nacional descentralizado dedicado a promocionar y financiar proyectos de investigación científica e innovación tecnológica en empresas, mediante un mecanismo de competencia y evaluación. Sus principales instrumentos son el Fondo Tecnológico Argentino (Fontar), que financia la innovación de las empresas privadas; el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (Foncyt), que subsidia al sector público, y –desde el 2004– el Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software (Fonsoft). También se previó uno para impulsar empresas de biotecnología.
“Tal vez el mayor requisito sea el de un cambio cultural en las empresas, a través de la incorporación de departamentos de investigación como estructura fundamental de las mismas, y fundamentalmente en las universidades públicas, que no pueden limitarse a ser centros de enseñanza y de generación de conocimientos sino que, además y tal como ocurre en los países desarrollados, deben crear empresas de base tecnológica”, planteó el ministro. Más allá de lo que ocurre en Estados Unidos, comentó –en escalas más próximas a la Argentina– los casos de Israel e Irlanda, que demuestran “el considerable impacto económico del capital intelectual”.
Barañao parece decidido a proveer de “capitales semilla” a los nuevos grupos emprendedores. La agencia que presidió otorgó créditos de devolución contingente, o sea que si los proyectos no funcionaban no eran devueltos, y, asimismo, préstamos bajo la forma de compras de “paquetes” accionarios destinados a cubrir necesidades en los períodos más riesgosos, que son los de creación de las mismas. Al sector privado le asigna un rol “esencial”, sobre todo en los programas en los que el Estado aporta la mitad de los fondos.
Barañao impulsó en el 2004 un encuentro de expertos de los países del Mercosur para compartir experiencias y conocimientos sobre la formulación, ejecución y fomento de políticas públicas para la ciencia y la tecnología y garantizar la continuidad de la cooperación regional mediante los principales organismos especializados.

Experiencias para mejorar la vida de la gente

BUENOS AIRES.- Al lanzar el “Programa de jerarquización de la actividad científica y tecnológica”, el 18 de marzo de 2004, Néstor Kirchner, entonces presidente de la Nación, anunció la incorporación de 500 investigadores asistentes y 1.400 becarios al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), cuya creación impulsó Bernardo Houssay, uno de los premios Nobel de la Argentina, y que reúne el 70% de los trabajos realizados en el país y a más de un centenar de institutos. También reasignó 42,9 millones de pesos para incrementar los sueldos de 4.398 investigadores y 3.858 becarios del organismo –aparte de lo resuelto para el personal de apoyo– con la premeditada intención de retenerlos en el país. Sin embargo, transcurrió bastante tiempo hasta que el Conicet comenzó a recibir los recursos porque, según se dijo, “el trámite normal de elaboración de un decreto dura más o menos dos meses”...
Como la ciudad y la provincia de Buenos Aires concentraban más del 60% de los subsidios nacionales destinados a proyectos de investigación científica, posteriormente se decidió la apertura de fondos federales para los regionales.
A fines de abril del mismo año se inició una encuesta del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Secyt) para averiguar cuáles eran las expectativas y las opiniones de los argentinos sobre el rumbo que debía seguir el desarrollo sectorial y el aumento de las inversiones y cómo hacerlas.
Un “Plan estratégico nacional de mediano y largo plazo en ciencia, tecnología e innovación” se presentó el 1 de junio de 2005. Entre sus objetivos principales figuró que las inversiones en investigación y desarrollo (I+D) alcanzarían en el 2015 el 1% del Producto Bruto Interno (entonces no superaban el 0,4% y ya se previó que arribarían al 1% en el 2010) y que la cantidad de científicos pasaría de 28.000 a casi 60.000.
Tulio del Bono, en aquel momento titular de la Secyt –redactó en la plataforma electoral de Kirchner el capítulo de ciencia y tecnología–, estaba persuadido de que “de nada valen, de nada sirven si no mejoran la vida de la gente”. Entonces Daniel Filmus, ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, advirtió acerca de la existencia de “24 leyes por las que las firmas deben reinvertir en ciencia y desarrollos tecnológicos, muchas copiadas de Brasil”.
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (Anpcyt) a través del Fondo Tecnológico Argentino (Fontar) ofreció en las postrimerías del 2005 una línea de crédito promocional para las empresas interesadas en incorporar tecnología.
En aquella época, la Presidencia de la Nación, a través de la cartera educativa, publicitó que en dos años había triplicado el presupuesto de ciencia y tecnología de 66 a 198 millones de pesos y jerarquizado la actividad con subas salariales, descongelamiento de vacantes en el Conicet, financiación de proyectos con impacto social en las provincias y de innovación tecnológica e inversiones en infraestructura y equipamiento para 550 laboratorios y centros de investigación y el regreso al país de científicos que trabajaban en el exterior.
“En la Argentina hubo una política premeditada y deliberada para destruir nuestro conocimiento y, con él, a nuestros científicos por dictaduras y también algunos gobiernos democráticos”, aseveró Del Bono. Rechazó el concepto de “fuga de cerebros”, por interpretar que “los científicos no huyeron, los echaron por cuestiones ideológicas, políticas y por gobiernos que no ofrecieron condiciones mínimas para que pudieran trabajar”.
En realidad, sueldos bajos, malos equipamientos, falta de recursos para continuar investigaciones y otras dificultades influyeron durante décadas para que demasiados profesionales emigraran en busca de mejores oportunidades. A eso se sumaron las nefastas consecuencias de la dictadura militar de 1976 y la crisis económica de 2001/2002. Alrededor de 6.000 se fueron para dedicarse a investigación y desarrollo (I+D) en Estados Unidos (el 40%), España, Francia, Inglaterra e Italia. Retornaron unos 300 por el programa “Raíces” (“Red de argentinos investigadores y científicos en el exterior”), en su mayoría menores de 45 años interesados en hacer I+D en medicina, ciencias sociales, física, computación y biotecnología, entre otras áreas.
Los gobernadores de las provincias argentinas y de la ciudad de Buenos Aires reafirmaron que “la educación, la ciencia y la tecnología constituyen una prioridad nacional”, en el 2005, y coincidieron en que son “pilares fundamentales de una estrategia de integración social”.
Por eso el ahora senador Filmus, antes de dejar el cargo de ministro, opinó que “la Argentina emerge de la peor parte de su crisis educativa”, convencido de que en sus cuatro años y medio de gestión hubo aportes para que “la educación y la ciencia se conviertan en política de Estado y en prioridad nacional”.
De cualquier manera, Del Bono reconoció que pretendía “salvar las fallas del mercado”, o sea:
• la falta de planificación para el largo plazo;
• tratar de que no sólo se pusiera atención en los bienes más transables sino, incluso, en la ciencia pura que no tiene una aplicación inmediata;
• favorecer la interacción de oferta y demanda, ya que muchas veces la primera trabajó despegada de la realidad productiva y en otras oportunidades el sector productivo actuó sin saber que tenía a mano instituciones científicas con posibilidades de resolver sus problemas y
• en el país no existe suficiente financiamiento para la actividad científica ni para la innovación productiva.

Falta fortalecer el rol empresario

BUENOS AIRES.- Desde el 2001 aumentaron los vínculos entre las empresas privadas y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), fundamentalmente en asesorías, servicios e integración de investigadores. Últimamente, habría alrededor de un centenar de profesionales que desarrollan sus proyectos en Petrobras, Tenaris Siderca, SanCor, Monsanto e Intel, entre otras firmas. A su vez, por esas relaciones, el Conicet es el que registró mayor cantidad de patentes industriales. Incluso se pusieron en marcha centros públicos-privados de investigación en empresas.
Tenaris Siderca y el Conicet firmaron, por ejemplo, un convenio de cooperación y transferencia tecnológica para mejorar las posibilidades de competencia de los productos siderúrgicos de la empresa del grupo Techint, por el que profesionales del organismo estatal pueden desempeñarse en el centro de investigación industrial privado. Desde el Conicet explicaron que entendimientos de este tipo eran reclamados por firmas que “tienen un horizonte de largo plazo” respecto de la producción y las ofertas a clientes locales y extranjeros.
“Mejoraron y son alentadoras” las condiciones para concretar articulaciones entre las empresas privadas y los centros académicos y científicos, según analizó Hugo Sigman en la reciente Conferencia Industrial Argentina, organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA). Al respecto, argumentó que:
• la inversión en investigación y desarrollo equivaldría este año al 0,6% del Producto Bruto Interno (PBI) y en el 2010 al 1%,
• existen “adecuados” recursos humanos (investigadores, becarios y técnicos y profesionales de apoyo, expresados en equivalente a jornada completa) y
• hay más ayuda gubernamental.
Sigman posee negocios farmacéuticos (como Biogénesis, que fabrica la vacuna antiaftosa), editoriales (la edición en castellano para el Cono Sur del periódico “Le Monde Diplomatique” y colecciones de libros sobre ciencias naturales, políticas y sociales, economía y deportes) y cinematográficos (por ejemplo, produjo “Crónica de una fuga”, que dirigió Israel Adrián Gaetano) y reconoció que la inversión del sector privado es baja comparada con las otros países, al igual que la cantidad de investigadores en las empresas. Destacó que casi todas las universidades y centros de investigaciones cuentan con oficinas de transferencia tecnológica y hay 200 unidades que promueven la cooperación entre los sectores científicos público y privado.
Ante empresarios y directivos convocados por la UIA, Sigman sostuvo que las universidades y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) comenzaron a “proteger su patrimonio científico, tratando de negociar con el sector privado y cuidando, al mismo tiempo, sus intereses económicos, lo que es bueno para ambas partes porque el interés en el resultado es común”. Entre las ayudas oficiales, destacó las de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (Anpcyt), el Conicet, la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía y Producción, el Ministerio de Salud Pública, los programas provinciales y los de determinadas entidades financieras.