El gobierno volvió a subir las retenciones al campo. Por ahora, pero sólo por ahora, la soja, el trigo y el maíz fueron los productos afectados. La medida es una clara señal de continuidad de lo hecho hasta ahora en materia económica.
La caja fiscal es clave para mantener el actual modelo económico y para ello es necesario ejercer mayor presión sobre los recursos del campo.
El problema está en que la dependencia de las arcas del fisco nacional respecto de los impuestos distorsivos, entre los que se encuentran aquellos vinculados con el comercio exterior (retenciones a las exportaciones y derechos sobre las importaciones) y el sistema bancario (créditos y débitos sobre cuentas corrientes y caja de ahorro), es cada vez mayor.
A hoy, ambos tributos representan el 20% del total recaudado por el sector público nacional, (SPN) así como el 120% del superávit fiscal que presenta en la actualidad la caja de la administración central.
Fuentes del Ministerio de Economía de la Nación aseguran que este esquema de “compensaciones” entre el sector público y el privado se profundizará en la próxima gestión, avalado por un acuerdo social entre todos los sectores que participan “del desarrollo económico del país”. En otras palabras: la transferencia de recursos del sector productivo al Estado continuará en la medida en que el gobierno necesite compensar los desequilibrios de caja que generen los mayores gastos proyectados en el presupuesto.
Cuando se analizan los números de la recaudación, sin computar la reciente carga tributaria al campo, se desemboca en un interrogante: ¿qué pasará cuando los precios de los commodities comiencen a estabilizarse en el mercado internacional? ¿Cómo compensará el Estado la falta de estos recursos frente al insostenible crecimiento del gasto? Toda una incógnita para los analistas económicos.
La dependencia del SPN respecto de los impuestos distorsivos es preocupante, y el razonamiento del nuevo gobierno, que piensa que puede seguir –por no decir profundizar– con este proceso de transferencia de recursos, genera más preocupación.
Un reciente estudio elaborado por la consultora Economía & Regiones (E&R) detalla que los impuestos distorsivos resultan esenciales a la hora de explicar el resultado fiscal del gobierno nacional, con lo cual parece poco probable una reforma orientada a su eliminación total o parcial, al menos en el corto plazo.
En uno de los infogramas se advierte que, eliminando estos ingresos, la actual administración central sólo hubiera logrado sostener el superávit primario durante la fase julio ’04-noviembre ’04, mientras que el resto del período hubiese mostrado un resultado deficitario.
Con este mismo razonamiento se puede decir que, a octubre del 2007, el resultado primario anualizado sería negativo en 5.309 millones, en lugar del superávit de 27.507 millones que estima el gobierno, lo que demuestra la importancia fundamental de ambos tributos como pilares de la sustentabilidad fiscal del modelo económico actual.

PRESIÓN TRIBUTARIA RECORD

Como ya se ha mencionado en otras ocasiones en estas mismas páginas, el modelo pos-convertibilidad ha tenido la ventaja de experimentar un salto en la recaudación en términos del PBI (presión tributaria), gracias a que incorporó nuevos impuestos que en la década pasada no existían, como el aplicado al cheque, las retenciones a las exportaciones y el impuesto inflacionario.
En efecto, el informe de E&R resalta en este sentido que, entre el 2001 y el 2006 la presión tributaria consolidada –Nación y Provincias– pasó del 20,5 al 27,1% y se estima que en el 2007 superará el 29%. Todo un record en la historia económica de la Argentina.
No obstante, este aumento de ocho puntos y medio del PBI se explicaría, básicamente, por la mayor presión de los impuestos de origen nacional, que incrementaron su participación en el producto de manera tendencial, frente a gravámenes provinciales, que crecieron de forma marginal.
 De ahí la idea de algunos gobernadores que señalan que dado el actual esquema tributario se perfila una “Nación rica con provincias pobres”, un elemento clave a la hora de hablar de las consignas de poder dentro del esquema político aplicado por la familia Kirchner (ver recuadro).
Indendientemente del buen perfil recaudatorio que presenta “la foto” en la Argentina, está la tendencia que muestran los números “macro” de la economía.
Y esto es tal vez lo más preocupante que ven los analistas al analizar la estabilidad económica de mediano y largo plazo que presenta el país.
Es difícil pensar en una Nación estable, impositivamente hablando, cuando la base del crecimiento progresivo de sus ingresos está cimentada en impuestos distorsivos y regresivos.

La perversidad del sistema

La Nación recaudará durante todo el 2007 por los dos impuestos distorsivos más importantes –comercio exterior y débito/crédito bancario– alrededor de 40.000 millones de pesos. Un ínfimo porcentaje de esta cifra se coparticipa. Los gobiernos provinciales reclaman todos los años que estos fondos sean incorporados como transferencias directas a las provincias.
El argumento oficial que sostiene la negativa a este pedido se basa en que éstos no son impuestos “permanentes” que se aplican al sector privado sino “transitorios”, por lo que si estos fondos se orientaran automáticamente a las arcas provinciales, los mismos pasarían a sostener parte del gasto consolidado de las provincias y luego sería imposible retirarlos de sus presupuestos. El argumento es válido, pero detrás de él hay algo más: el gobierno nacional utiliza esos fondos que ya están incorporados al SPN en forma “permanente” de forma extorsiva sobre municipios y provincias. La libre disponibilidad de estos recursos en manos del gobierno nacional no hace otra cosa que comprar voluntades políticas. Aquellos gobernadores o intendentes que se muestren públicamente a favor del gobierno nacional recibirán en mayor o menor medida parte de este dinero para obras de infraestructura o sencillamente para seguir haciendo política. Y esto es lo perverso del sistema: las retenciones a las exportaciones nunca vuelven a los sectores que tributan por el desarrollo.
Un claro ejemplo lo hallamos en la fruticultura regional. Anualmente el sector privado del Valle de Río Negro y Neuquén transfiere a las arcas del Estado nacional cerca de 18 millones de dólares en concepto de retenciones a las exportaciones. Desde que se puso en marcha este tributo, la actividad aportó más de 110 millones de dólares. De ese dinero, sólo volvieron a la actividad, como subsidios, algo más de 15 millones de dólares. Existieron muchos anuncios, pero la realidad es que sólo el 13% de lo que cedió la actividad volvió a la misma. Peor es el escenario que muestran los hidrocarburos en la región: cientos son los millones de dólares que parten por año al Fisco nacional y nada de eso llega a través de la coparticipación.
Este perverso esquema es el que pone en duda la efectividad de un sistema impositivo que no sólo es regresivo sino que también está viciado de corrupción. (J. L.)