GUSTAVO A. KÜPFER

En los últimos años hemos visto cómo empresas de capitales nacionales han sido compradas por foráneos. Ante este panorama, pareciera que políticos de extracción ideológica muy diferente coinciden en algo: la condena a esas ventas e incluso el pedido de auxilio al Estado para que de alguna manera detenga la "sangría" de marcas históricamente argentinas, marcas "que hacen a la identidad nacional".

Frente a este escenario, uno se pregunta si no deberíamos todos ir a la Plaza de Mayo a gritar por la defensa de la "industria nacional". En esta nota se analizan tres de las causas de este problema actual en el país.

CAUSA 1: El modelo cultural

BUENOS AIRES.- Sin entrar a analizar la famosa tesis de Max Weber, en la cultura latinoamericana en general y en la Argentina en particular existe cierto sentimiento de culpa por parte de quienes se encuentran en la cúspide de la pirámide socioeconómica.

Por otro lado, quienes se hallan en la base de dicha estructura tienden a culpar a terceros respecto de su posición relativa. Y esa acusación no se limita al ámbito local sino que, de ser posible, se buscan responsables fuera del mapa latinoamericano.

Esto ha permitido a la dirigencia política implementar, en nombre de la “justicia social”, todo tipo de planes económicos y políticos que la única justicia que buscan es la de satisfacer las ambiciones personales de quienes se encuentran en el ejercicio del poder.

Es así que, sin importar los resultados que en el pasado haya tenido la implementación de determinados programas, una y otra vez se los vuelve a utilizar en el subcontinente, siempre con el discurso marketinero de que esta vez funcionará y generalmente apoyados en la idea de que la diferencia entre las anteriores implementaciones fallidas y la próxima, que estará condenada al éxito, reside en la capacidad personal y única de quien ejerce el poder.

Mientras, Einstein se revuelve en su tumba.

CAUSA 2: El programa macroeconómico

BUENOS AIRES.- La intromisión del Estado y la consecuente distorsión de los mercados han sido una constante en el último siglo, lo que equivale a decir que lo fueron a lo largo de casi toda la historia de la Argentina moderna.

Una de las variables permanentes que podemos encontrar en los últimos 30 años es la inflación. Muchos fueron los instrumentos que se utilizaron para combatirla y, con mayor o menor éxito, siempre se la atacó como si fuera la causa de los problemas y no como una consecuencia de ellos.

Si analizamos el gobierno de los ’80, veremos que la inflación fue utilizada para financiar los gastos del Estado y que se la combatió –o se pretendió hacerlo– sin éxito, con sucesivos cambios nominales de moneda, pensando que desaparecería en la medida en que fuera eliminada de la mente de los argentinos.

En los ’90 se buscó achicar el Estado y, con ello, el gasto relacionado. Pero se fijó el tipo de cambio, lo que obstó a que el mercado fuera corrigiendo de manera progresiva las distorsiones que acarreaba el aumento del gasto (nuevamente). Esta vez dicho gasto se financió con deuda. Roto el termómetro cambiario, lo que pudo ser una gripe terminó en neumonía.
Ya en el siglo XXI, se arrancó con un intento fiscalista –confiscatorio– para financiar el déficit y un nuevo stock de deuda fue el que terminó pagando la factura. Hasta que estalló.

Luego de la crisis del 2001/2002, la solución que se propuso e implementó fue incrementar el nivel de intervención del Estado en la actividad económica. Sin tratar de analizar aquí los beneficios que para muchos “empresarios” y funcionarios significaron la pesificación y la devaluación, el mercado fue violado. Y los contratos, incumplidos. El “riesgo empresario”, base del capitalismo sano, fue absorbido por el Estado.

Con el piso del 9 de mayo de 2003 (u$s 1 a $2,79) se instauró una nueva convertibilidad. El objetivo, decían, era un dólar competitivo (eufemismo de “artificialmente alto”), de modo de incentivar las exportaciones favoreciendo así la reconstrucción de la economía. Se suponía que esto no sólo iba a aportar fondos por la actividad de comercio exterior, mejorando el balance de pagos, sino que iba a generar un crecimiento imparable a consecuencia del aumento de la actividad económica.

Tal como explicaba días atrás el economista Raúl Cuello, confundir crecimiento con recuperación puede ser, cuando menos, peligroso. “Entre 1998 y el 2007, la economía argentina creció un 24%, valor que ponderando la tasa de crecimiento demográfica arroja apenas un 14% por habitante”, aclaró Cuello. Este registro es significativamente menor que lo que la propaganda oficial declama.

Si, como dijimos –y sabemos–, la cotización del dólar no surge de las operaciones del mercado, el sentido común alcanza para caer en la cuenta de que debe haber algún costo a pagar para mantenerla en los valores actuales. Al menos hasta ahora, haber mantenido esta convertibilidad fue tarea del Banco Central, que compró toda la oferta de dólares que el mercado no demandaba. Para esto emitió unos 70.000 millones de pesos. Y, para evitar que esos pesos no demandados no quedaran en el mercado, los esterilizó vía títulos públicos.

Además del costo cuasi fiscal de estos títulos, la enorme cantidad de pesos no demandados que no fueron esterilizados desembocó en inflación, no reconocida por el gobierno.

Como todo ex adicto, el sólo pensar en volver a épocas de inflación de dos dígitos ha generado cierta incomodidad en la gente cuando se encuentra con efectivo –en pesos, obvio–. A mediados del 2005 se alcanzó un PBI similar al anterior a la crisis del 2001; para ser exacto, similar al de 1998. Esto quiere decir que hasta allí apenas fue recuperación.

Pero fue recuperación sin inversión real en bienes de capital. A principios del 2006, la brecha entre el PBI potencial y el real (output gap) se cerró. Pero la inversión seguía sin llegar.

A partir de allí, a la inflación producida por el exceso de emisión se sumó la expectativa de la generada por una demanda que no encontraba oferta suficiente de bienes. Y esto fue agravado a partir del tercer trimestre del 2006, con una crisis energética no reconocida por el gobierno pero que limitaba aún más la capacidad de producción.

La solución que encontró la administración actual fue adulterar el termómetro: la inflación indicaba que había problemas y, en lugar de tratar de resolverlos, se bastardeó al INDEC, de manera que los índices fueran los que la política necesitaba. Esto exacerbó las expectativas inflacionarias de los diversos agentes económicos, y hoy nos encontramos en una situación en que el BCRA debe vender dólares para evitar la sensación de una inminente devaluación.

Este cuadro no escapa a ningún empresario y mucho menos a los bancos. Es entonces que, más allá de las bondades que desde el gobierno han tratado de convencernos de que el actual modelo tiene, el mercado ha ido anticipándose a los futuros problemas.

Resulta razonable suponer que el costo del dinero ha estado durante todo este tiempo por encima de lo que debería, según los indicadores que mostraban el camino al éxito.

Con una tasa de crecimiento cercana al 8% anual durante los últimos seis años, con un dólar competitivo y con el éxito asegurado, los indicadores de riesgo deberían haber bajado de manera similar a como ocurrió en Brasil y el costo del crédito, estar en niveles acordes con un mercado sano en expansión.

Pero el tipo de cambio actual no sólo no generó el boom de exportaciones prometido sino que sumó inflación. Con cerca de 21.000 millones de dólares aún en default, la Argentina se convierte en un país poco creíble. El congelamiento de tarifas ha detenido las inversiones en infraestructura necesarias y éstas, a su vez, limitan la concreción de nuevas inversiones productivas. El control de precios no sólo distorsiona el mercado (especialmente en términos geográficos) sino que desincentiva el avance de nuevos proyectos.

En este contexto, es lógico pensar que el empresariado intentaría volver a la racionalidad económica, aunque más no sea, para defender su propio capital.

CAUSA 3: El capitalismo local

BUENOS AIRES.- “Propiciar las medidas adecuadas para la efectiva consolidación y la mayor expansión de la industria nacional sobre la base del respeto a la propiedad privada y la participación del capital nacional y extranjero”: este objetivo, que no se encuentra en ninguna de las numerosas plataformas políticas, es el punto 4º de los objetivos de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Está claro que lejos de esta meta se enmarca hoy el accionar de esta cámara y de sus integrantes en particular, que con su proceder han avalado y avalan el avasallamiento del Estado sobre la propiedad privada. Cada vez que son llamados a una foto oficial, en la que se anuncian controles de precios o producción a pérdida, allí están.

Esto ha infectado el capitalismo con un virus típico en Latinoamérica: el de la corrupción. Ésta no se configura solamente con el “sobre” o el “retorno”. La aceptación de subsidios como parte del precio en el que se incluyen los riesgos empresarios también la configura, de igual forma que las cuotas de mercado, la compra de empresas con la “ayuda” de funcionarios amigos o las leyes protectivas contra los derechos de acreedores o de los socios minoritarios.