BUENOS AIRES.- Las previsiones para la conservación del medio ambiente figuran entre los aspectos salientes de la ley 24.196/93 de inversiones mineras. Además, existe una ley ambiental minera que, según Jorge Mayoral, secretario de Minería, se cumple "a rajatabla".

Para conseguir financiamiento internacional es preciso tener cubierto el aspecto ambiental. Con el propósito de apoyar el proceso de sustentabilidad, que es prioritario, la Argentina obtuvo un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el que se espera fortalecer las "unidades de gestión ambiental" de las provincias, con capacitación, asistencia técnica y mejora tecnológica para evaluar los informes de posibles impactos en ese sentido y controlar y monitorear las operaciones mineras.

Al gobierno nacional le reclaman desde distintos sectores que, como autoridad de aplicación de leyes ambientales, preserve el desarrollo de la actividad minera contemplada en la Constitución. Entre las provincias preocupadas por el tema se encuentra Mendoza, cuya legislatura sancionó una polémica ley en junio pasado que prohíbe el uso de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas en la explotación minera provincial a los efectos de preservar los recursos naturales, incluyendo el hídrico. Esto desencadenó cuestionamientos de empresarios que interpretaron que son temas de competencia del Código de Minería, dictado por el Congreso de la Nación.

Martín Dedeu, presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), advirtió sobre un manejo "negativo de parte de varias provincias y un grupo de organizaciones no gubernamentales manejadas por 'ricos' que creen que lo mejor es mantener la pobreza en zonas donde la minería puede llevar mucho progreso a la población".

Al parecer ninguna compañía minera deja de publicitar su compromiso permanente por brindar resultados altamente confiables, bajo un sistema de gestión de calidad y competencia técnica que permite mantener elevados estándares de seguridad, con la máxima responsabilidad ambiental. Orientan sus principales acciones a convencer de que son erróneas las interpretaciones sobre los supuestos daños ambientales que provocan e insisten en que hay técnicas para "hacer las cosas bien" y en que las grandes multinacionales procuran actuar correctamente para que sus inversores sigan confiando en ellas.

Sin embargo, corresponde recordar algunos episodios.

" La canadiense Meridian Gold soportó un rotundo fracaso que culminó con una consulta pública en la que la población repudió masivamente una explotación aurífera en la que se usaría cianuro. Desde la CAEM admitieron que la compañía "no dejó un error sin cometer: en una zona limítrofe trajo todo un equipo de management chileno, no comunicó a la población de las ventajas de su radicación y no explicó bien que la mina no tendría ninguna incidencia sobre los cursos de agua del área; hicieron todo mal y perdieron la batalla".

" Ante los reclamos de los ambientalistas, la también canadiense Barrick Gold suspendió la exploración en el cordón del cerro Famatina (La Rioja). Casi simultáneamente, una ley prohibía las explotaciones a cielo abierto. Además, la misma corporación debió esperar para comenzar la construcción del proyecto binacional Pascua Lama, ubicado en plena cordillera de los Andes, por los planteos de los ambientalistas respecto de la extracción de oro a cielo abierto con utilización de cianuro.

" Minera Alumbrera, controlada por la suiza Xstrata, que explota cobre y oro en Catamarca, sufrió reiteradas fisuras y roturas en el mineraloducto por donde traslada el barro mineralizado de la planta contigua al yacimiento hasta el establecimiento procesador en Tucumán. Aunque la empresa sostuvo que no contaminó, Julián Patricio Rooney, su presidente, fue acusado del delito de contaminación tras una denuncia formulada en 1999 por el vertido de productos químicos en un canal de Tucumán.

" El permiso otorgado por el gobierno de Río Negro para realizar cateos en campos del paraje Pichileufu, a menos de 50 kilómetros de Bariloche, para eventuales explotaciones de oro y plata, fue repudiado por organizaciones sociales, ambientalistas y de derechos humanos, que aseveraron que la ley 3.981 que prohibió la minería con uso de cianuro y mercurio "es insuficiente" si no es acompañada con la derogación de la ley nacional de minería.

" El 81% de la población de 5 a 12 años de Abra Pampa (Jujuy) tiene valores por arriba de 5 microgramos de plomo por decilitro de sangre, o sea que está en riesgo, de acuerdo con comprobaciones del Grupo de Investigación Química Aplicada de la Universidad Nacional de Jujuy. En ese pueblo de la Puna permanecen abandonadas desde hace 25 años la fundición Metal Huasi y unas 10.000 toneladas de escoria.