BUENOS AIRES.- Más allá de los efectos sobre la salud por ejemplo, una creciente incidencia del cáncer de piel por el adelgazamiento de la capa de ozono y enfermedades como el mal de Chagas, dengue y hasta malaria, también es preciso "pensar el cambio climático como un hecho de enorme importancia social y económica", enseña Osvaldo Canziani, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y copresidente del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas (IPCC, por sus siglas en inglés), constituido en 1988.

El cuarto informe, elaborado con la colaboración de más de 2.500 expertos tras tres años de trabajo, pronosticó que si la temperatura del planeta subiera este siglo 2 grados centígrados, como es probable, se pondría en riesgo de extinción el 30% de las especies.

Alertó, además, sobre sequías y olas de calor más frecuentes, intensas y duraderas; derretimiento de glaciares y una lenta suba de los niveles del mar que podría durar más de mil años, aunque disminuyera la emisión de los gases de efecto invernadero por el uso intensivo de combustibles fósiles.

Obviamente, de superarse dicha temperatura, resultarían más afectadas la salud, las infraestructuras, la disponibilidad de agua dulce y las cosechas en muchas regiones. Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas (ONU), señaló que las mencionadas emisiones aumentaron el 70% desde 1970 y se incrementarían del 25 al 90% en el 2030 respecto del 2000.

El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) recomendó que los gobiernos actúen para proteger a la gente y la naturaleza de tormentas, sequías y el aumento del nivel del mar, que pueden causar incendios forestales, daños en los arrecifes de coral y la destrucción de cosechas.

Aunque Canziani sostuvo que el informe de marras "no debe alarmar a la población", advirtió que el clima está cambiando y citó algunos ejemplos.

" Tartagal y recientemente Orán (ciudades de Salta), Santa Fe y Buenos Aires soportaron inundaciones por los cambios, deforesta

ciones la selva salteña de Yungas está en emergencia o cultivos continuos (la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable reconoció que se está en "una verdadera emergencia forestal" ya que entre 1998 y el 2002 desaparecieron 781.930 hectáreas y en los últimos cuatro años los desmontes arrasaron con 1,1 millones más).

" Las inundaciones en la Pampa Húmeda se incrementarán por el crecimiento del nivel del mar, que actuaría como un "tapón hídrico" e impediría el escurrimiento de las lluvias.

" El fenómeno de "El Niño", que altera a escala global el clima y modifica lluvias y temperaturas, puede afectar a quienes viven en el centro oeste del país, ya que es la única posibilidad de que haya nieve en la cordillera de los Andes, que al derretirse permite que la zona desértica de Cuyo tenga agua.

" Por la desertización de la Patagonia se pierden unos mil kilómetros cuadrados por año. Grandes extensiones, incluida la de la región, con sus 500.000 kilómetros cuadrados, podrían transformarse en otra cosa.

Si se consideran las pérdidas provocadas por las nuevas condiciones climáticas, la Argentina es uno de los 14 países más afectados por las inundaciones, con pérdidas que superarían el 1,1% del Producto Bruto Interno, según un estudio del Banco Mundial del que participó Víctor Ricardo Barros, profesor titular de climatología y director de la maestría de ciencias ambientales de la Universidad de Buenos Aires y Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA) e investigador superior del Conicet. Respecto del denominado cambio climático, sostuvo que, en realidad, es un proceso de calentamiento global, consecuencia de la concentración en la atmósfera de emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de actividades humanas, básicamente de la quema de hidrocarburos, que constituyen el 80% de la energía que se usa en todo el planeta, fundamentalmente el petróleo.

Un estudio financiado por la Fundación Torcuato Di Tella estimó que los caudales de los ríos Colorado y Negro caerán un 32% hacia el 2030, provocando pérdidas de generación hidroeléctrica cuando más se la necesite, o sea, cuando empiece a sentirse la escasez de combustibles fósiles como el petróleo.

Otras consecuencias coincidió con varios colegas serían el aumento y la mayor frecuencia de las lluvias, que podrían incluir granizo y vientos destructivos, y el agravamiento de los deshielos, que seguirían haciendo retroceder los glaciares algo que ya ocurrió en 48 de los 50 patagónicos y disminuir los caudales de los ríos en Cuyo. En el futuro, asimismo, las tierras deforestadas para la agricultura se volverían improductivas.

Un grupo de investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y del Conicet comprobó que la reducción de los hielos antárticos por el aumento de la temperatura afecta a organismos microscópicos que son alimento de peces y de mamíferos marinos.

"Los gases de efecto invernadero que hoy están permanecerán por 20 ó 30 años y el clima en la Argentina y el mundo va a cambiar porque la adaptación a los cambios no alcanza", aseveró Graciela Magrin, del Instituto de Clima y Agua del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria). El impacto por el aumento de la temperatura se notará cada vez más y perjudicará fuertemente las producciones de carne, maíz, trigo, cebada, azúcar y arroz, por ejemplo, que tendrán menores rendimientos y deberán trasladarse a zonas más frías. Eso no afectaría el cultivo de soja, pero traería aparejada la degradación del suelo.

Cuando faltan ocho días para el Día Mundial de la Alimentación, corresponde destacar que semejante situación reduciría la producción de alimentos en países en desarrollo, mientras que los industrializados se beneficiarán al aumentarla, planteó Jacques Diouf, director general de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación).

Cuando por un lado, hace un mes en el precoloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), se indicó que se necesita una inversión de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares por año para volver al autoabastecimiento de energía, con la cual se lograría mayor competitividad productiva, por el otro Greenpeace sugirió sustituir el uso de fuentes energéticas "sucias" y no renovables por aquella bioenergía que "muestre claramente beneficios ambientales y energéticos y contribuya a la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero".

Ecoeficiencia y rentabilidad

BUENOS AIRES.- La reunión de tres horas que mantuvieron funcionarios de la Argentina, Uruguay y España en Nueva York el 29 de setiembre no destrabó el pleito por la instalación de la planta de la finlandesa Botnia en la oriental Fray Bentos, frente a la entrerriana Gualeguaychú. "Somos conscientes de que subsisten las diferencias", declaró José Antonio Yáñez Barnuevo, embajador español ante las Naciones Unidas y "facilitador" en la mediación encabezada por el rey Juan Carlos de Bordón.

Néstor Carlos Kirchner, presidente de la Nación, desmintió una declaración que le atribuyeron, el 26 del mes pasado, en el sentido de que "la planta ya está ahí y no hay nada más que hacer".

Aguarda la definición del "contencioso de las papeleras" ante el Tribunal Internacional de La Haya (Holanda), mientras su esposa y candidata presidencial, Cristina Fernández, consideró que es la cuestión política más grave que heredaría de resultar electa el 28 del actual.

Esto sucedió luego de que José Luis Rodríguez Zapatero, jefe de gobierno de España, declarara que "la perspectiva es positiva para llegar a un acuerdo de aquí a unos meses".

Científicos argentinos que integran el Panel Intergubernamental de Cambio Climático alertaron, en abril pasado, acerca de la "falta de decisión política" para prevenir consecuencias, ante lo cual Romina Picolotti, secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), respondió que "el gobierno argentino tiene una posición internacional muy firme" y "programas en ejecución".

No obstante, el embajador Raúl Estrada Oyuela, representante especial para asuntos ambientales de la Cancillería, afirmó que "la Argentina no tiene política ambiental externa ni interna" el 19 de setiembre, convencido de que "está a punto de sufrir los impactos del cambio climático". Presurosamente, Jorge Taiana, titular de la cartera, lo desplazó y anuló dicho puesto, confiando esas responsabilidades a María Ester Bondanza, directora de Asuntos Ambientales.

Empresas de todo el mundo incluso de la Argentina están cada vez más involucradas en la reducción de los gases que generan el efecto invernadero.

El Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible, que nuclea a una treintena de grandes compañías, desde la década pasada ayuda a generar resultados económicos, ambientales y sociales, en el convencimiento de que la ecoeficiencia no es incompatible con la búsqueda de rentabilidad. Procuran minimizar los impactos ambientales, sobre todo cuando trabajan con materiales peligrosos, y elaboran proyectos de inversión a través del "mecanismo para un desarrollo limpio" (MDL) del Procolo de Kyoto o los "certificados de reducción de emisiones" (CER), instrumentado en el 2005 con el Fondo Argentino de Carbono, impulsado por las autoridades nacionales.

En la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa (Sepyme) esperaban "muy buenos resultados" en diciembre pasado, con una línea de apoyo de 100 millones de pesos para la reconversión de las pymes con problemas ambientales. Un par de meses después, adjudicó cupos de créditos a tasa bonificada por 57,5 millones, para que los bancos otorgaran préstamos a tales firmas para que compraran bienes de capital nuevos de origen nacional que permitieran optimizar, transformar o reconvertir procesos productivos.

Por una resolución conjunta de las secretarías de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Finanzas se creó en marzo último la "comisión asesora en garantías financieras ambientales" para elaborar propuestas con el objetivo de que las compañías contraten pólizas de seguro de riesgo por daños.

Cuando Felisa Miceli aún era ministra de Economía y Producción, en abril pasado, dejó trascender que el PEN enviaría al Congreso un proyecto de ley para renovar el régimen de promoción de inversiones con un doble beneficio para las empresas que invirtieran en la reconversión ambiental, de acuerdo con una medida impulsada por la SAyDS. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó en mayo último un préstamo de 40 millones de dólares a la Argentina (con una contrapartida de 10 millones) para que se adopten estrategias de producción limpia y consumo sustentable en las pymes, especialmente las industriales y mineras.

Reducir el impacto es "posible y viable"

BUENOS AIRES.- Los países en desarrollo causaron menos desequilibrio conocido como cambio climático y aportaron durante mucho tiempo un "verdadero subsidio ambiental" a los desarrollados, que disfrutaron de los "altos niveles de consumo que provocaron esta situación", afirmó Néstor Carlos Kirchner, presidente de la Nación. Lo subrayó en el panel denominado "El desafío de adaptación de la vulnerabilidad a la recuperación" de la cumbre del 24 de setiembre, un día antes de la 62ª asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Convencido de que "reducir el impacto adverso al cambio climático es posible y viable", recordó que se trata de una promesa internacional "pendiente". Explicó que la Argentina promovió la adopción de un programa en la décima conferencia de las partes de la convención marco de la ONU sobre "cambio climático", efectuada en la Argentina en diciembre del 2004. Admitió que ése sería un primer paso, pero que "no resolverá admitió las necesidades efectivas de adaptación a un cambio climático que no causamos y cuyos efectos amenazan nuestras legítimas aspiraciones de desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza". Por el perfil productivo del país, con un alto porcentaje de exportaciones agrícolas y de manufacturas de origen agropecuario, Kirchner interpretó que "las necesidades de adaptación no sólo son una prioridad nacional sino que, de no encararse adecuadamente, se podría comprometer la seguridad alimentaria de otras naciones".

Para solucionar los temas pendientes propuso que los países en desarrollo faciliten "nuevos y creativos medios financieros y tecnológicos, reconociendo, por ejemplo, como mecanismo de pago de la deuda externa la contribución que implica el mantenimiento de nuestros reservorios naturales de vegetación y bosques".

Bajo el lema "El futuro en nuestras manos: abordar el desafío del liderazgo del cambio climático", en encuentros de jefes de Estado se dio el primer paso para redactar un tratado que reemplace el Protocolo de Kyoto (Japón) de 1995, con el objetivo de reducir emisiones de gases contaminantes que causan el efecto invernadero y que definió para el período 2008-2012 la necesidad de que las naciones desarrolladas disminuyan sus emisiones totales por lo menos el 5% . Dicho protocolo fue refrendado por 166 países, incluyendo la Argentina, pero no por Australia y Estados Unidos, en tanto aquellos en desarrollo y con altas tasas de crecimiento, como China y la India, no estuvieron obligados a cumplirlo.

Los representantes de 158 países participantes de una conferencia de la ONU consiguieron en Viena (Austria), el 31 de agosto pasado, cierto avance para reemplazar el vigente Protocolo de Kyoto. Buscarían reducir las mencionadas emisiones del 25 al 40% hasta el 2020 en relación con 1990, meta "no vinculante" que se abordaría en la Conferencia sobre Cambio Climático de Bali (Indonesia) en diciembre próximo.

Todavía se recuerda que el presidente George W. Bush, en su "discurso del estado de la Unión" del 23 de enero de este año, por primera vez se refirió quizá por influencias del huracán Katrina y especialmente del filme "La verdad incómoda", donde el ex vicepresidente Al Gore demostró que el cambio climático no es sólo una cuestión científica sino también política y moral y hasta describió intereses creados por el "pequeño grupo de contaminantes adinerados" a "enfrentar el serio desafío del cambio global climático", mediante el menor consumo de naftas (un 20% en la próxima década, cuando se fabriquen automóviles que no demanden tanto combustible y el uso de biocombustibles). Después, en la asamblea general de la ONU del 25 de setiembre pasado, Bush soslayó la cuestión.

Negociaciones promovidas por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para fortalecer el Protocolo de Montreal (Canadá) firmado hace dos décadas por representantes de 191 países para proteger la capa de ozono en la misma ciudad alcanzaron un consenso el 18 de setiembre pasado, a partir de una propuesta conjunta de Brasil y la Argentina. Aceptaron acelerar la prohibición de los hidroclorofluorocarbonos (Hcfcs), utilizados en refrigeración y aire acondicionado, que afectan la capa de ozono que protege al planeta de los rayos ultravioletas nocivos emitidos por el sol, que son aún más peligrosos por provocar el efecto invernadero. Curiosamente, el gobierno norteamericano propuso adelantar una década los plazos para suprimir los Hcfcs: el 2030 para las naciones ricas y el 2040 para las pobres.

Kirchner ya había dicho que los países en desarrollo cargan con deudas externas gigantescas y, al mismo tiempo, son los mayores acreedores ambientales, en la Cumbre Mundial sobre Cambio Climático, en la ciudad de Buenos Aires en diciembre del 2004.

MIGUEL ANGEL FUKS