BUENOS AIRES.- Las vulnerabilidades del programa económico han aumentado a consecuencia de un crecimiento descontrolado del gasto público que ha borrado el superávit fiscal y de una política salarial que ha erosionado la competitividad y reducido hasta casi eliminar el superávit de cuenta corriente.
La desinversión en los servicios privatizados ha agotado los márgenes de maniobra y la inflación real ronda el 20%. Después de las elecciones de octubre, ¿continuará el desborde salarial y del gasto público o veremos un programa de ajuste?
ORIGEN DE LA VULNERABILIDAD
A partir del 2004, el gobierno del presidente Kirchner comenzó una etapa distribucionista del programa económico, caracterizada por aumentos salariales por decreto, convenciones colectivas apañadas desde el gobierno y aumentos extraordinarios del gasto público. A consecuencia de estas políticas, la situación fiscal consolidada se deterioró desde un superávit global del 3,7% del PBI en el 2004 hasta alcanzar un relativo equilibrio en el 2007.
Los salarios han acumulado aumentos de alrededor del 75% en los últimos tres años, mientras el tipo de cambio apenas aumentó un 10%. El resultado ha sido una pérdida importante de competitividad, por lo que no resultaría sorprendente que el superávit de cuenta corriente, que era del 3,3% en el 2004, se reduzca a aproximadamente 0,8% del PBI en el 2007. Los desbordes salariales han coexistido con congelamiento o aumentos mínimos de las tarifas de los servicios, lo que ha restado márgenes para la inversión, obligando repetidamente al racionamiento del servicio eléctrico.
Lo más positivo que puede decirse de la situación actual es que todavía no estamos con déficits fiscales y externos de imposible financiamiento que nos lleven irremediablemente a una próxima explosión. Pero, de continuar las políticas distribucionistas del 2007, podrían aparecer déficits fiscales y externos que fuercen a un ajuste traumático. Por esta razón, en una hi
pótesis de mínima, el ajuste necesario debería consistir en moderar el aumento del gasto público para que éste no crezca más que la recaudación, moderar los aumentos salariales para que sean coherentes con la tasa de devaluación y los aumentos de productividad y ajustar las tarifas de servicios para moderar la demanda y proveer los fondos necesarios para la inversión.
Lo negativo de la situación actual es que los equilibrios "gemelos" (fiscal y externo) se sostienen gracias a unos precios externos extraordinarios, que han permitido un crecimiento notable de las exportaciones y de la recaudación fiscal. Si estas condiciones desaparecieran, nos enfrentaríamos a importantes déficits fiscales y externos que conducirían a un ajuste severo y traumático.
Por otro lado, la abundante liquidez internacional ha permitido hasta ahora la renovación de vencimientos de deuda pública y privada, pero estos vencimientos son crecientes en los próximos años y su refinanciamiento se complicaría si las condiciones financieras internacionales se deterioraran y la situación fiscal no mostrara solvencia.
Una actitud prudente aconsejaría, entonces, rehacer los superávits perdidos, para estar preparados para una eventual desmejora de los precios y de la liquidez internacionales. Pero claro, un ajuste importante requiere devaluar y ajustar más agresivamente las tarifas públicas, mientras se moderan los aumentos salariales. Deshacer los excesos distribucionistas de los últimos años sería una operación políticamente delicada, ya que se podría desatar una puja distributiva que descontrole la inflación.
ESCENARIOS PARA EL 2008
La primera hipótesis para el 2008 es que continuaremos con las inconsistencias recientes esto es: aumentos de salarios y del gasto público que exceden el crecimiento de la recaudación y la devaluación, profundizando los desequilibrios. Este el camino que siguieron otrora experiencias populistas que terminaron en profundas crisis. Se trata del escenario menos probable (10%), pues no coincidiría con los intereses políticos de mediano plazo de la pareja presidencial.
Cristina Kirchner insiste en la necesidad de una mesa de concertación poselectoral. El acuerdo que pretende puede tener un objetivo de mínima (segunda hipótesis), que consistiría en evitar el deterioro fiscal y externo, o uno de máxima (tercera hipótesis), que supondría reconstruir los superávits perdidos y superar las restricciones energéticas. El ajuste del 2008, ¿se limitará a evitar un daño mayor o procurará revertir el daño ya hecho?
Desde el punto de vista político, resultaría más fácil detener el daño que revertirlo. No es lo mismo presionar a la dirigencia sindical para que acepte que los salarios se limiten a mantener su poder adquisitivo que presionarla para que tolere una caída del salario real asociada a una devaluación competitiva y aumentos de tarifas. Por esta razón se trata de la hipótesis más probable (50%).
Pero convivir con el ajuste de mínima no es garantía de sostenibilidad y la vulnerabilidad podría manifestarse en el momento político más inoportuno.
Por esta razón un ajuste más importante (la tercera hipótesis) tiene una probabilidad significativa (40%). Desde la óptica presidencial no habrá momento más oportuno para aumentar las tarifas y restaurar los superávits gemelos que inmediatamente después de las elecciones.
Una devaluación del peso y un ajuste significativo de tarifas serían ingredientes esenciales para rehacer los superávits.
¿Cómo venderlos políticamente y evitar los riesgos de una inflación en ascenso por la puja distributiva? Es probable que los aumentos de tarifas se hagan con un elevado componente de "tarifa social", esto es, con aumentos reducidos para las familias de bajos ingresos.
¿Y los precios de los alimentos tras una devaluación? Si los precios agrícolas súper extraordinarios de estos días persistieran en los próximos meses, el gobierno contaría con un margen de maniobra inesperado, que sería realizar una devaluación compensada con mayores derechos de exportación al sector agropecuario.
Los industriales quedarían contentos con un tipo de cambio más competitivo, el gobierno aumentaría su recaudación y recompondría el superávit fiscal y el sindicalismo morigeraría los reclamos salariales que no deberían exceder el 10% si se pretende evitar una escalada de la inflación a cambio de la contención de los precios de los alimentos y de las tarifas para los usuarios de bajos ingresos. El pato de la boda de la concertación sería una vez más el sector agropecuario.
Ninguno de los escenarios augura una reducción de la inflación en el 2008. La importante diferencia entre ellos es, sin embargo, cuán vulnerable quedaría la economía frente a shocks internacionales inesperados.
El gobierno necesita recuperar el superávit fiscal para poder sostener el modelo económico. Las exportaciones son claves.
Un frente interno complejo
Pasadas las urgencias electorales del 2007, los intereses políticos de la pareja presidencial deberían coincidir con un ajuste que restablezca los superávits perdidos. Si Cristina Fernández de Kirchner gana cómodamente las elecciones tal como aparentemente sería el caso, las urgencias de consolidar el poder habrán quedado atrás y el nuevo objetivo sería contar con una economía a prueba de crisis internacionales que soporte un plan de largo plazo con presidencias alternadas.
Los intereses políticos del matrimonio Kirchner coincidirían también con los de su apoyo empresario, la UIA, cuyos miembros están ansiosos por restaurar la rentabilidad perdida en los últimos tres años de distribucionismo. Ajuste fiscal, mayor inversión en infraestructura y un tipo de cambio competitivo son objetivos que necesitan ser fortalecidos desde la óptica de los intereses industriales.
Pero los eventuales ajustes de tarifas y del tipo de cambio, junto con una contención de los aumentos de salarios, no constituyen un cóctel que sea del agrado de los dirigentes sindicales.
Los recientes desencuentros emocionales de Moyano y el matrimonio Kirchner seguramente tienen que ver con el deseo de la pareja presidencial de tener un interlocutor sindical moderado que comprenda y se adapte a las necesidades de la nueva etapa política.
Los precios de los productos exportables argentinos se mantendrán en el corto-mediano plazo, un argumento que esgrime el gobierno para aumentar las retenciones.
El contexto internacional seguirá siendo favorable
La sensibilidad de la economía argentina a la situación internacional ha sido y es evidente. Es por ello que la crisis inmobiliaria e hipotecaria que se ha producido en los países desarrollados despierta el temor de que se trate de la punta del iceberg de una crisis generalizada que acabe con el auge mundial, desplome el precio de los commodities y empeore las condiciones financieras para los países emergentes.
La probabilidad de que esto ocurra divide a los economistas entre quienes creen que la situación de los últimos años ha sido un típico ciclo de auge que está llegando a su fin y aquellos que piensan que hay factores estructurales que explican una tendencia de crecimiento mayor de la economía mundial en la cual caben las desaceleraciones de países específicos pero no las recesiones bruscas y generalizadas. La ventaja de esta crisis es que se origina en los países desarrollados, que tienen las espaldas anchas como para apoyar sus sistemas financieros y evitar la propagación de crisis incipientes.
El hecho es que por ahora la crisis hipotecaria ha afectado sólo marginalmente a los mercados financieros emergentes e incluso los precios de los commodities han continuado en aumento.
MARIO TEIJEIRO (*)
(*) Presidente del Centro de Estudios Públicos
