El gobierno sigue ajeno a las alarmas globales, con estadísticas macro que convalidan la continuidad del programa: PBI creciendo al 8%, desempleo por debajo de los dos dígitos e inflación “oficial” controlada.
Pero las micro presentan un escenario distinto: la competitividad del sector privado continúa erosionándose, la alta capacidad ociosa de la industria pasó a ser un dato del pasado y el tipo de cambio real está –para muchas actividades– en niveles de fines de la década pasada.
Todo este esquema termina afectando los precios relativos, cuya distorsión sigue postergando las decisiones de inversión ya que se atrasan los precios de insumos básicos –o de servicios fundamentales– mientras suben casi liberados los precios de los bienes de consumo. Así lo detalla un reciente informe elaborado por el Programa de Análisis de Coyuntura Económica de la Universidad Católica Argentina en el que se adelantan mayores presiones salariales sobre las empresas para el corto y mediano plazo. El programa oficial, basado en la profundización del consumo privado y sostenido por subsidios y por una política de ingresos que sigue a una puja distributiva, determina, como en la década de los ’90, que la población perciba un falso “efecto riqueza” y que así el consumo agregado se exacerbe sin techo definido.
La actual política de ingresos favorece especialmente a los trabajadores bajo convenio sindical, con subas de salarios que más que duplican la inflación oficial. Medidas como ésta, sumadas a la suba del mínimo no imponible en Ganancias y al otorgamiento de 1,5 millones de nuevas jubilaciones –que pueden estar alentadas para compensar los efectos inflacionarios– no hacen sino incentivar el consumo agregado. En tanto, los trabajadores informales –que totalizan el 42% de la fuerza laboral del país– no tienen acceso a estos nuevos beneficios; en definitiva, la exclusión no se reduce.
En un contexto de desempleo en torno del 8% y en el que no se puede prever la creación de empleo formal en tasas importantes, la puja distributiva pasará por una aceleración en el tiempo de nuevos reclamos salariales.
La convalidación de una inflación elevada por parte de la política monetaria, fiscal y cambiaria es la vía directa hacia la indexación de la economía, que sigue prohibida por ley pero ya en la práctica se acelera.
La participación del IVA y del impuesto al cheque supera con creces la sumatoria de EMAE e IPC, lo que hace evidente la existencia de inflación derivada del consumo.
Con este programa económico oficial “pro-consumo” y el actual nivel de puja distributiva, la competitividad no tiene elementos claros para mejorar, máxime cuando el clima de inversión no encuentra dinamismo y el escenario internacional es diferente al del ciclo 2002-2006.