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Domingo 09 de Septiembre de 2007
 
 
 
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  Creciente importancia de las cooperativas de trabajo
Existen las que alcanzaron un desarrollo importante y variado: grandes, medianas, pequeñas y hasta microemprendimientos.
Muchas empresas recuperadas demostraron su viabilidad, aun con una situación de tenencia precaria de los bienes.
 
 

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BUENOS AIRES.- Las mutuales –asociaciones de personas que tienen una finalidad social, de previsión, de solidaridad o de ayuda, con las cotizaciones de sus miembros– antecedieron a las cooperativas. Estas se habrían originado en la antigua Grecia y no faltaron citas a Platón y Aristóteles por sus alusiones al “Estado justo”.
Las cooperativas surgieron fundamentalmente a consecuencia de los enfrentamientos de los sindicatos y de los trabajadores ante el capitalismo y tuvieron la doble condición de una empresa con un propósito económico y también social.
Inmigrantes que arribaron al país a fines del siglo XIX aportaron el espíritu cooperativista de sus países de origen (Italia, España, Rusia y Polonia). Hubo algunos socialistas que alentaron cambios en las relaciones entre el capital y el trabajo. En el sector agropecuario, originó aquel movimiento de campesinos denominado “Grito de Alcorta”, que originó la Federación Agraria Argentina.
Existen cooperativas con un desarrollo importante y variado en el país: grandes, medianas, pequeñas y hasta microemprendimientos. Las originadas en las empresas recuperadas procuran mantener la fuente de ingresos y la ocupación y conviene que sean viables institucionalmente y económicamente sustentables.
Constituyen “una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada”, según la Alianza Cooperativa Internacional.
Con tanta tradición en la Argentina, la actividad quedó encuadrada por la ley 20.337 e institucionalizada en el ámbito gubernamental por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. La apoyan, asimismo, organizaciones privadas, como las confederaciones Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (Coninagro) y Cooperativa de la República Argentina (Cooperar) y el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (Imfc).
Las actitudes de los gobiernos difirieron: algunos apoyaron el cooperativismo, otros no. Pocos lo beneficiaron con créditos, exenciones impositivas, desgravaciones, subsidios o subvenciones, asesoramiento e inclusión del tema en los ámbitos de la enseñanza y designación de técnicos o profesionales con remuneraciones a cargo del Estado.
En el Inaes definieron a las cooperativas de trabajo como aquellas formadas por quienes “ponen en común su fuerza laboral para llevar adelante una empresa de producción, tanto de bienes como de servicios”. José Sancha, secretario de desarrollo y promoción del organismo, señaló que se trata de “una herramienta asociativa que tomaron los sectores populares para autogestionar solidariamente emprendimientos productivos de manera democrática y participativa”. De paso comentó que sirvió para generar “miles de puestos de trabajo que brindaron ingresos a las familias de los asociados, devolviéndoles en muchos casos la dignidad e identidad que la situación de desempleados les quitó”.
La Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina (Fecootra) respalda a las que nuclea y, además, a otras formas de asociación comunitaria y autogestionaria, convencida de que están en condiciones de amortiguar las repercusiones negativas de medidas que no satisfacen necesidades básicas.
Uno de los objetivos proclamados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social es administrar y ejecutar programas y acciones destinadas al mantenimiento y el desarrollo de empresas y fábricas autogestionadas por los trabajadores, promoviendo la conservación de la fuente de empleo como parte de las políticas activas destinadas a mantenerlo.
Más allá del marco legal mencionado y de las resoluciones del Inaes sobre el cooperativismo de trabajo, se siguió planteando que es preciso superar la dispersión y las contradicciones jurisprudenciales. Desde distintos ámbitos coincidieron en subrayar cuáles serían las necesidades:
• Obtener una legislación específica que contemple la realidad de tales empresas y situaciones no resueltas mediante un “régimen más elástico y menos burocrático”.
• Mejorar la articulación entre los programas oficiales, como los de las carteras laboral, de Desarrollo Social (Inaes) y de Economía y Producción (Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa); Consejo Federal de Inversiones, Fondo Tecnológico Argentino (Fontar) y el Banco Nación.
• Atender las cuestiones previsional y tributaria de los trabajadores, por no considerarse la precariedad de la situación, la ausencia temporal de ocupación y el nivel de ingresos.
• Equiparar a los cooperativistas a los trabajadores asalariados en cuanto a la protección social –mayor seguridad en el trabajo– y las tareas insalubres y convencer a los sindicatos de que apoyen el cooperativismo.
• Evitar la mala utilización de la forma cooperativa.
• Capacitar en forma continua para superar la inexperiencia en autogestión y garantizar el funcionamiento y la evolución que faciliten la transparencia y la toma de decisiones. Distintos informes destacaron que las mayoría de las empresas recuperadas por cooperativas de trabajo demostró su viabilidad, aun cuando la tenencia de los bienes de la anterior empresa siguiera siendo precaria (ver aparte).
La mayor participación de las cooperativas de trabajo se advirtió en tres “universos”:
• Los servicios a terceros, que es el más clásico.
• Los planes sociales, con predominio de la construcción.
• El industrial, relevante a partir de la creciente recuperación de empresas por trabajadores.
En todos los casos se planteó que es preciso profundizar la capacitación y mejorar las gestiones.
Las autoridades de turno consideraron prioritario que el sector acompañe las acciones oficiales para detectar las pseudo-cooperativas.
Integrantes de proyectos productivos (grupos de hasta 3 personas) y asociados a cooperativas de trabajo, sean o no titulares de planes sociales –o sea, vulnerables desde el punto de vista socioeconómico–, que realicen actividades sustentables de producción, servicios o comercialización, aun con dificultades para insertarse en la economía, pueden inscribirse en el “Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social”.
Deben poseer capacidades, experiencias y conocimientos de los mercados donde se concretarán los proyectos y no están en condiciones de anotarse los trabajadores en relación de dependencia ni los universitarios, excepto que se dediquen a algo no vinculado con sus profesiones. Así quedan inscriptos en el régimen de “monotributo social” y pueden emitir facturas oficiales y acceder a una obra social de libre elección, con idénticas prestaciones que los monotributistas en general. Hasta se creó la categoría de “eventual” para quienes tengan actividades irregulares o de carácter temporario/estacional y pueden ser proveedores del Estado mediante la contratación directa.

¿Un rol fundamental en un momento histórico?

 

BUENOS AIRES.- La existencia de “un fenómeno muy importante de recuperación de empresas, que asumieron la forma de cooperativas de trabajo”, destacó Patricio Griffin, titular del Inaes, aventurando que desempeñan “un rol fundamental en un momento histórico en que la industria nacional pasa a ser importante no sólo para el Estado sino para la sociedad”.
Aunque reseñó que a principios de la década pasada comenzaron a desarrollarse las primeras autogestionadas y recuperadas por los trabajadores, para muchos la pionera fue la Cooperativa Industrial Textil Argentina (Cita). Dejó de ser una sociedad anónima en La Plata (Buenos Aires), en 1952, cuando tuvo mil trabajadores que hacían mensualmente 200.000 metros de telas, y encaró un proyecto con la Subsecretaría de Políticas Públicas bonaerense para fabricar la destinada a guardapolvos. Posteriormente, agregó un taller de confección de prendas para sumar valor agregado.
En los ’90, las cooperativas de trabajo formaron parte del “Programa Sistema de Capitalización del Seguro de Desempleo o Pago Unico” del entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, pero no todas las beneficiadas –casi el 70% de la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires– subsistían una década más tarde. Ocuparon aproximadamente al 30% del personal original, sin demasiadas incorporaciones nuevas.
La mayoría de las entidades estaba nucleada entonces en el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (Moner) y pertenecía a la actividad metalúrgica, pero no faltaban frigoríficos, tejedurías, industrias químicas, cristalerías, fábricas de maquinaria agrícola, panificadoras, papeleras, arroceras, autopartistas, talleres gráficos y madereras.
A consecuencia de la concentración y extranjerización de la economía y de la crisis de principios de siglo surgieron más autogestionadas. Sus trabajadores –sobre todo los de las líneas de producción– pasaron a controlar empresas deterioradas por diferentes causas, tras movilizarse para tomar las instalaciones o mantener prolongadas guardias para evitar vaciamientos (retiros de equipamientos, materias primas y productos). Las recuperaciones pactadas con los propietarios fueron escasas y no faltaron las intentadas a través de instancias judiciales, en oportunidades esperando que los magistrados decretaran quiebras. Las marcas fueron alquiladas o cedidas en comodato o “expropiadas” temporariamente.
Otras recuperadas adhirieron a la Federación de Cooperativas de Trabajo (Fecootra), que representó a las tradicionales; al Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por los Trabajadores (Monfart) y a la Federación Nacional de Cooperativas de Trabajo en Empresas Reconvertidas (Fencooter).
 En diciembre pasado se constituyó la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA), integrada hasta ahora por 25 provenientes del Moner, con una serie de aspiraciones (ver cuadro). Aquellas –pocas– que optaron por no formar cooperativas reclamaron “estatización bajo control obrero” y llegaron a mantener una relación fluida con militantes de partidos políticos.
Por la escasa legitimidad de la demanda de estatización, a nivel gubernamental y social, determinadas empresas procuraron regularizar la tenencia de las instalaciones y maquinarias a la ley de expropiación temporaria, integrándose como cooperativas de trabajo.
 En ocasiones, las indemnizaciones pagadas por el Estado fueron canalizadas hacia la expropiación de los inmuebles y las maquinarias de compañías quebradas.
Ante el carácter colectivo de los emprendimientos, se generaron solidaridades entre sus miembros e incluso con asambleas vecinales, organizaciones de la sociedad civil, comedores comunitarios y universidades.
La mayoría de las recuperadas presenta una situación jurídica indefinida en relación con la titularidad de las propiedades, aunque algunas lograron vía comodato/alquiler la utilización temporaria de las instalaciones o maquinarias. Sigue faltando una ley que reconozca esa modalidad laboral de más de 160 firmas. Muchas expropiaciones no se formalizaron y las medidas adoptadas en diferentes provincias no fueron soluciones definitivas sino un “paraguas” transitorio. Subsisten las dudas sobre cómo se jubilarán los trabajadores, quienes en oportunidades no participan en obras públicas por carecer de seguros de riesgos de trabajo.
Las recuperadas disponen de escaso capital de trabajo para iniciar y sostener la producción por ser, mayormente, continuidad de empresas no redituables que cayeron en procesos de quiebra por malversación de fondos, vaciamiento, endeudamiento sin una proyección acorde con las condiciones de mercado, escasas ganancias u otras razones.
De cualquier manera, muchas demostraron su viabilidad, aun con una situación de tenencia precaria de los bienes.

Objetivos y tareas del Inaes

BUENOS AIRES.- El cooperativismo tuvo un fuerte impulso en el país durante los últimos años. Patricio Griffin, presidente del Inaes, llegó a afirmar que “las tradicionales de servicios vienen funcionando con éxito e incluso superan en calidad a grandes empresas prestatarias”. Lo atribuyó –en el “Primer Encuentro Nacional de Cooperativas de Trabajo”, en Chapadmalal (Buenos Aires), hace casi un año– a que se “adecuaron tecnológicamente y son más baratas y rentables, aunque en ciertos casos ocuparon los peores sectores”.
Entre los objetivos del organismo figuran “la recuperación tanto de la cultura del trabajo como de la cultura cooperativa” y terminar con experiencias “que vienen de la década pasada, tales como el fraude laboral y el aprovechamiento de las cooperativas con fines espurios”.
A partir del mencionado encuentro se conformó una comisión en el Inaes con entidades representativas, para contar con adecuado sustento técnico y de organización en la promoción de las actividades y crear condiciones óptimas para la evolución.
Allí dicen que proporcionan ayuda financiera –subsidios y préstamos– para proyectos de desarrollo y que suscribieron convenios con las provincias y hasta las cooperativas y mutuales de grado superior vinculadas con la disponibilidad de los montos asignados, pero poco comentan acerca de la falta de recursos suficientes para proporcionarlos. Hay 161 propuestas subsidiadas y otras están en etapa de rendición, aparte de las más de 300 que son analizadas con idéntico propósito.
En el marco del “Plan de Asistencia Territorial” del Inaes y en coordinación con provincias y municipalidades, se organizan foros para propiciar el fortalecimiento de la economía social, apoyando y promoviendo cooperativas, mutuales y grupos preasociativos y buscando la sustentabilidad de los proyectos como objetivo principal. En oportunidades se suscriben acuerdos para atender problemas locales y el Inaes se compromete a subsidiarlos.
Los resultados del Censo Económico Sectorial y del Reempadronamiento Nacional de Cooperativas y Mutuales serán presentados por el Inaes durante el Congreso Nacional de Economía Social, en octubre.

   
MIGUEL ANGEL FUKS
   
 
 
 
Diario Río Negro.
Provincias de Río Negro y Neuquén, Patagonia, Argentina. Es una publicación de Editorial Rio Negro SA.
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