El gasto público nacional continúa creciendo sin un claro respaldo de ingresos como contraparte presupuestaria.
Está claro que el actual modelo económico se sostiene sólo con saldos positivos en materia de política fiscal, ya que este escenario es el que permite sostener el tipo de cambio, sin necesidad de recurrir a la emisión y consiguiente esterilización monetaria por parte del BCRA.
Sin embrago hoy se ve que el programa comienza a hacer agua por varios frentes producto del incumplimiento de la premisa mencionada párrafos arriba.
No hay que olvidar que fue la ausencia de solidez fiscal en la década pasada la que culminó en la crisis de 2001. Todas las tendencias muestran que, en la actualidad, el deterioro del frente fiscal terminará incrementando las presiones inflacionarias y elevando las tasas de interés, afectando el crédito, el consumo y la inversión y abortando finalmente el proceso de crecimiento.
Así lo confirma un reciente informe elaborado por la Consultora Economía & Regiones (E&R) que muestra también cómo el gobierno comenzó a “retocar” los números del presupuesto buscando atemperar los efectos negativos que el mismo presentaba. Un mal hábito que caracterizó a la administración Kirchner en sus cuatro años de mandato.
Datos oficiales detallan, en este sentido, que el gobierno computa como ingresos corrientes para el cierre del primer semestre del año los aportes de la Anses por algo más de 2.800 millones de pesos –producto de los últimos traspasos de fondos de los ex afiliados de las AFJP–, cuando este dinero no debería ingresar a la caja como recurso corriente (ver gráfico adjunto). Una burda maniobra que sólo intenta “maquillar” los desvíos que está generando el gasto preelectoral.
Este ficticio excedente presupuestario representa un punto en la relación del superávit primario en término de Producto Bruto Interno (PBI). Relación ésta que año tras año continúa deteriorándose pese al continuo incremento que registran los recursos (ver infograma adjunto).
Cuanto mayor sea el superávit fiscal, menor será la emisión monetaria necesaria para comprar el exceso de oferta de dólares en el mercado.
De esta manera, se contribuiría a morigerar el alza de precios y a mantener las tasas de interés bajas, favoreciendo así el crecimiento de largo plazo.

GASTO DISCRECIONAL

Cuando se analizan los números del presupuesto y se disgregan las estadísticas de las erogaciones, se observa que durante el primer semestre del año el gasto discrecional del gobierno nacional aumentó en 19.764 millones de pesos, un crecimiento del 43,5% en relación al 2006.
* El 43,2% de dicho incremento se explica por el aumento del gasto de Seguridad Social, el cual creció 8.543 millones de pesos. Este sector resulta no sólo del aumento en las remuneraciones sino básicamente del incremento en la plantilla de jubilados, como consecuencia de la moratoria previsional.
* En segundo lugar, los subsidios al sector privado explican el 18,3% del incremento del gasto discrecional, con un aumento del 41,4% (3.612 millones) en el primer semestre del año. Dichos subsidios (como el que se otorga a algunos combustibles y al transporte público, por ejemplo) están fundamentalmente dirigidos a mitigar los efectos distorsivos de los controles de precios, impuestos por el gobierno para frenar la inflación.
* A continuación, se ubica el gasto en obra pública, que registró una expansión de 3.559 millones de pesos, explicando el 18% del incremento del gasto discrecional del Estado.
* Por último se encuentran los gastos en salarios y en bienes y servicios, que explican el 9,5% y 3,2% del incremento del gasto discrecional, respectivamente.
Todo pareciera indicar que, en el corto plazo, no es probable una disminución del ritmo de expansión del gasto primario.
De hecho, razonan los técnicos de E&R, sería lógico suponer que el gobierno continuará incrementando los subsidios al transporte, fuel oil, gasoil, electricidad y gas, ya que los aumentos tarifarios se postergarían hasta después de las elecciones presidenciales.
La herencia que reciba el próximo gobierno en materia económica permite arriesgar que existirá un cambio en los paradigmas del modelo puesto en marcha por Duhalde en 2002 y continuado por Kirchner hasta ahora.
Hasta la lógica hegeliana –tan admirada por la señora de la presidente– muestra que mantener forzado el rumbo del plan económico, sin modificar la variable del gasto, nos llevará a un ajuste compulsivo en el que terminarán perdiendo los que siempre pierden en estos escenarios: la gente de bajos recursos.

En el Estado, 13.000 empleados ganan más de $ 6.000

Aunque el incremento del gasto salarial no constituye la causa principal del aumento del gasto público, su evolución merece ser analizada.
Todos los tramos salariales han ganado importancia relativa, pero llama la atención la evolución del tramo más elevado de la escala: aquellos sueldos de más de 6.000 pesos cuyo peso relativo creció del 0,3% (2001) al 4,6% (2006), con un número de empleados que pasó de 829 en 2001 a 13.210 en 2006.
El trabajo de E&R remarca que al comparar el gasto salarial total en 2007, que se proyecta en torno a los 19.100 millones de pesos, con el correspondiente a 2001, de algo más de 6.350 millones, se aprecia que los pagos de salarios se triplicarían entre ambos períodos.
Si analizamos el desempeño del gasto salarial en términos reales, deflactando el pago anual de salarios con el Indice de Precios al Consumidor (IPC), se observa que el monto de salarios abonados por el Estado nacional en 2007 (9.598 millones de pesos) habría aumentado un 51,1% en relación a 2001 (6.353millones) y un 78,2% respecto a 2002 (5.384 millones). No obstante, lo más preocupante es que la tasa de crecimiento anual del gasto salarial se ha ido acelerando año tras año, tanto en términos nominales como reales.
El crecimiento del gasto salarial, tanto en términos nominales como reales, encierra un incremento de planta que pasó de 250.278 empleados en octubre ’01 a 296.729 en julio ’07 (un incremento del 18,6% para el sector público nacional).
Al comparar la masa salarial entre el 2007 y el 2001, se observa que el salario promedio pasó de 1.109 a 2.187pesos por mes, lo que significa un incremento del 97%. En 2001, el tramo salarial con mayor número de empleados se encontraba en la franja de 501 a 1.000 pesos por mes, con 116.500 agentes. En julio 2006, el tramo de mayor importancia relativa era el de salarios entre 1.500 y 2.000 pesos, con 95.000 empleados.

En busca de financiamiento

El estudio de E&R destaca que si bien las obligaciones financieras se encuentran ahora cubiertas hasta el mes de agosto, a partir de entonces será necesario colocar nueva deuda para afrontar los vencimientos de los últimos cuatro meses del año.
En esta última etapa del año el Tesoro deberá afrontar vencimientos por un total de 13.200 millones de pesos. Para cubrir dichas necesidades de financiamiento, se colocará deuda por un monto de 7.500 millones de pesos. El resto llegará de la Anses, AFIP, Banco Nación y aportes del Banco Central.
No es el mejor contexto para que el sector público acuda al mercado voluntario de deuda. El riesgo país ha aumentado cerca de 230 puntos básicos en los últimos tres meses, lo que implica que la tasa de financiamiento en dólares ha subido más de 2,3 puntos porcentuales. La reevaluación global del riesgo, luego de la crisis financiera provocada por la “burbuja inmobiliaria”, castigó más a nuestro país que a otros vecinos de la región, mucho más integrados al mercado de capitales.
La apreciación negativa de activos argentinos por parte de los inversores –continúa señalando el estudio– está vinculada con el deterioro del frente fiscal. La política de hacer crecer el gasto a tasas superiores a las de los ingresos erosiona el superávit afectando nuestra capacidad de pago, algo que no pasa inadvertido para los inversores.
Las necesidades financieras cerrarán en 2007 en algo más de 20.500 millones de pesos (2,6% del PBI). Para el próximo año esta cifra estará en torno a los 28.000 millones (3,1% PBI) y en 2009 en 44.000 millones (4,4% PBI). Un dato más que preocupante.