No hay posibilidades de construir una sociedad integrada si una gran cantidad de jóvenes siguen desertando antes de concluir la educación media. El fracaso educativo afecta con particular intensidad a los hogares de más bajos ingresos y es consecuencia de varios factores. Así lo confirma un reciente informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa). El mismo destaca que uno de los factores más relevantes es la tendencia del gobierno nacional a acaparar recursos, fijar metas inconsistentes e interferir en la administración de un servicio que es competencia de las provincias.
Un crecimiento económico sostenido y una adecuada organización del mercado de trabajo son requisitos fundamentales para promover el desarrollo social. Sin embargo, aun en un hipotético escenario de combinación inteligente de políticas económicas y laborales que promuevan fuertes inversiones y una masiva generación de empleo, no hay garantías de que todas las personas logren una inserción social aceptable. El requisito adicional muy importante es que los jóvenes ingresen al mercado de trabajo con un nivel de formación que les permita ocupar puestos de trabajo de razonable nivel de productividad.
 ¿Está el sistema educativo logrando esta meta? Con cierta arbitrariedad se puede decir que concluir la educación media es un requisito básico para contar con las herramientas para desempeñarse adecuadamente en el mercado laboral. Dado que el Nivel Medio debe estar terminado a los 18 años, la información referida a los jóvenes de entre 19 y 25 años, brinda un perfil apropiado para analizar la formación que están recibiendo las nuevas generaciones. Tomando datos de la EPH del INDEC para el segundo semestre del 2006 aparece el siguiente panorama:
• El 36% de los jóvenes no llegó a completar la educación secundaria y son forzados a ingresar al mercado de trabajo con esa deficiente formación.
• Entre los jóvenes no pobres, el 27% tiene el Nivel Medio incompleto.
• Entre los jóvenes pobres, en cambio, el 64% no completó la secundaria.
Los datos sugieren que la formación con la que las nuevas generaciones se incorporan al mercado laboral es deficiente. También indican que la fragmentación social se construye desde los inicios de la vida laboral y que el sistema educativo opera como un mecanismo de reproducción generacional de la pobreza. Entre los hogares de más bajos ingresos muy tempranamente los jóvenes sufren repitencia y su evolución dentro del sistema educativo, en la mayoría de los casos, concluye con la deserción antes de terminar la educación media.
No es novedad que el fracaso educativo esté asociado, entre otros factores, a contextos socioeconómicos adversos. Sin embargo, esto no exime de la parte de responsabilidad que le corresponde al sistema educativo. Ante la realidad de que muchos jóvenes conviven con entornos familiares y comunitarios adversos, resulta fundamental reforzar los procesos formativos institucionales.
Sin embargo, mientras la mayoría de los hogares de altos ingresos acceden a educación de jornada completa en escuelas privadas, en los servicios de gestión pública prevalece la regla de jornada parcial (que muchas veces ni siquiera se cumple debido a barreras administrativas o a los conflictos laborales).
No se trata de un problema de diagnóstico sino de definición de criterios de organización y gestión. Por ejemplo, las recientes leyes educativas sancionadas por el Congreso nacional fijan como objetivos aumentar el presupuesto educativo y extender la jornada escolar priorizando las escuelas que atienden a la población más pobre. Los objetivos son correctos. El problema es que no se contemplan las vías apropiadas. En la práctica, el gobierno nacional se apropia de fondos que deberían ser coparticipados con los responsables de suministrar los servicios educativos, es decir: las provincias. Al no coparticiparlos, los responsables de la gestión educativa no cuentan con los fondos suficientes. Peor aún, el exceso de recursos a nivel nacional es usado para interferir en las gestiones provinciales distorsionando la política salarial y financiando intervenciones con un fuerte contenido dadivoso, como donaciones de libros, computadoras, becas, fondos para reparar establecimientos. Bajo estas reglas, las provincias encuentran políticamente atractivo ser beneficiarias de las dádivas y compartir “de hecho” responsabilidades con el gobierno central. Así se explica que no quede claro quién es el responsable político de que tantos jóvenes (en su mayoría pobres) sean condenados a ingresar al mercado laboral con graves carencias de formación.
Es obligación del gobierno central promover la equidad y el desarrollo a través de aumentar la cobertura y la calidad de la educación básica. Para lograrlo, un primer paso es dejar de apropiar recursos que pertenecen a las provincias. El segundo es contribuir a generar y difundir información sobre el desempeño del sistema educativo. Esto es fundamental para que los gobiernos locales sientan el control y la presión de la sociedad por aumentar la inversión y mejorar la gestión en el sector educativo. La Nación no va a mejorar la educación distribuyendo “dádivas” o sancionando leyes sino contribuyendo a la formación de “capital social”. Es decir: promoviendo en cada provincia entornos que ejerzan presión sobre los sistemas políticos locales para dar prioridad a la educación básica.