BUENOS AIRES.- La “reconstrucción institucional del Estado”, la recreación de un “modelo económico y social”  sobre la base de la industria, la acumulación y la inclusión social y “el cambio cultural” para “recuperar la autoestima perdida” fueron los fundamentos de la propuesta de la candidata presidencial del oficialismo, Cristina Fernández de Kirchner (CFK). En el acto unipersonal de su lanzamiento, el 19 de julio pasado, destacó también la importancia del “diálogo social” entre el Estado, los trabajadores y los empresarios para “acordar metas a mediano y largo plazo, no solamente discutir precios o salarios”, y “garantizar la novedad del cambio, que es precisamente seguir en una misma dirección, evitando cimbronazos”. Ante ciertas objeciones, la senadora interpretó días después que “el Estado es el Parlamento también y es ése el ámbito del debate con la oposición”. Entre sus allegados dejó trascender, asimismo, que el acuerdo “deberá tener el espíritu de los Pactos de la Moncloa pero no su contenido, por tratarse de situaciones muy distintas en países diferentes” e incluso épocas.
Desde Abappra (Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina) expresaron que “cualquier concertación debe incluir todo el espectro social”. Otros nucleamientos sugirieron no sólo al gobierno, los empresarios y los sindicalistas sino, por otra parte, a los partidos políticos, las asociaciones de defensa de los consumidores y las organizaciones sociales. En la Unión Industrial Argentina (UIA) opinaron que “es el gobierno el que debe encargarse de formalizar la convocatoria y elegir a los protagonistas”.
Los contactos más o menos inmediatos entre gremialistas e industriales, incluso para reactivar negociaciones encaradas en el 2004, fueron asociados con algo que no pasó inadvertido durante la asamblea de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), efectuada en Ginebra (Suiza) en junio último. Allí las delegaciones de la CGT (Confederación General del Trabajo) y de la UIA estuvieron con el referente y ex líder de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), José María Cuevas, uno de los negociadores de los Pactos de la Moncloa (ver aparte), con quien hasta Cristina de Kirchner conversó por separado.
La propuesta de la candidata, en ocasión de su lanzamiento como tal, fue tratada en una “jornada de reflexión” el 26 de julio por 60 gremios seguidores de Hugo Moyano, secretario general de la CGT. Coincidieron en seguir “siendo parte de la política económica” y participar, “como con el presidente Kirchner”, en la “discusión de las estrategias laborales y salariales, así como en la pertenencia ideológica del próximo gobierno”.
Otras entidades empresarias manifestaron su disposición al “diálogo social”, aun desconociendo su temario, pero persuadidas de que “no será fácil establecer una agenda común”, dado el cúmulo de intereses en danza.
Aparte de reclamar “un marco más estable” para seguir invirtiendo en la Argentina y el sinceramiento de las tarifas de los servicios públicos, entre otros temas, directivos de empresas que representan cerca del 40% del Producto Bruto Interno de España y están nucleadas por la citada CEOE, en Madrid, el mes pasado comentaron favorablemente el llamado al “diálogo social” de la primera dama.
Para ciertos historiadores, una de las primeras concertaciones se reflejó en el importantísimo “Informe sobre el estado de las clases obreras en el interior de la república”, realizado por Juan Bialet Massé en 1904, durante la segunda presidencia de Julio Argentino Roca y la de Manuel Quintana. Después se interpretó que hubo otra entre el radicalismo y el sindicalismo para afrontar los requerimientos del modelo agroexportador.
La organización y participación de los agentes o actores económico-sociales se intentó en la primera presidencia de Juan Domingo Perón (1946-1952). En ese período gubernamental, la CGT pasó de representar a entidades con un total de 400.000 afiliados a casi 3.000.000. También se alentó la organización de la CGE (Confederación General Económica), con la intención de desplazar a la UIA.
Durante el tercer gobierno peronista (1973-1976) hubo un “pacto social” entre una CGT, con enfrentamientos por el poder sindical, y una CGE, que avasalló y captó para sus propósitos demasiadas entidades empresarias. Con Héctor José Cámpora como presidente y José Ber Gelbard como ministro de Economía –venía de ser titular de la CGE– comenzó a elaborarse el llamado “Pacto social”, aceptado formalmente por la central obrera, que conducía José Ignacio Rucci, y el gobierno. Llegó a puntualizarse un congelamiento de precios de los bienes de consumo, un alza de salarios de alrededor del 20%, la suspensión de las negociaciones colectivas por dos años, la austeridad del sector público, la redistribución del gasto hacia los servicios públicos, una reforma tributaria que abarcaría en principio los impuestos a las ganancias y a la tierra y la canalización del crédito hacia las empresas nacionales. Además, se previó un tipo de cambio estable, evitar una devaluación y que la masa monetaria creciera lentamente.
El pacto fue respaldado por el Congreso de la Nación el 8 de junio de 1973 y subsistió casi un año. Los conflictos que se sucedieron poco antes de la muerte de Perón, en julio de 1974, provocaron desconfianza y críticas de los actores involucrados y reflejaron la necesidad de flexibilizar y/o ajustar las pautas. Todo concluyó con el golpe militar del ’76.
Desde el retorno a la democracia constitucional, a fines de 1983, volvieron a circular interrogantes sobre la concertación. Mientras tanto, prevalecían “grupos económicos” que negociaban directamente con el poder político, en vez de que lo hicieran entidades empresarias. El sindicalismo, a su vez, se fragmentó por el avance de la desocupación y la crisis de representatividad.
Tras el anticipado epílogo del gobierno radical de Raúl Alfonsín, en el ’89, arribó Carlos Saúl Menem, a quien el temor a perder autoridad lo llevó a beneficiar con sus decisiones a los “grupos económicos”, en especial mediante el desguace del Estado, por las concesiones y las privatizaciones de las empresas estatales.
En el ’94 se buscó alcanzar consensos para reformas legislativas trascendentes, como evocó el docente y consultor Hugo Carcavallo, quizá para “consolidar posiciones políticas o programas determinados”. Dedujo que “muy posiblemente faltó conciencia de la impostergable y urgente necesidad de una auténtica “unidad” que restableciese el “pacto social”, en el más amplio sentido del término, imprescindible para mantener una convivencia organizada”, y que los debates sobre reformas “con frecuencia no pasaron de emparches”.
Fernando de la Rúa, como presidente de la Nación, avaló el 19 de noviembre de 2001 el pronunciamiento de 14 entidades empresarias exigiendo a las autoridades “serenidad y dinamismo” para “enfrentar, sin dilaciones la emergencia”, preocupadas por la posibilidad de un “golpe institucional”. José Ignacio de Mendiguren, titular de la UIA, pidió “un pacto nacional, político y social para enfrentar la crisis”. Diez días más tarde, De la Rúa convocó a una “concertación social” con respaldos de dirigentes empresarios textiles, del juguete, laboratorios, metalúrgicos, calzado, cuero, curtidores, marroquineros y agropecuarios y los secretarios generales de la Unión Obrera Metalúrgica, la Federación de Sindicatos Textiles, la Unión de Trabajadores Rurales y la Federación Argentina de Trabajadores de la Industria y el Cuero, entre otros. “Sellamos un compromiso de responsabilidad mutua para generar propuestas y elevarlas a quien corresponda, que permitan desarrollar, fomentar, defender y hacer crecer el trabajo, el empleo y la producción en la Argentina”, comentó Marcelo Fernández, presidente de la CGE, en un encuentro que tuvo lugar en el auditorio de la Biblioteca Nacional  en abril del 2005. Al mismo asistieron, entre otros, Miguel Peirano, ahora ministro de Economía y Producción, entonces secretario de Industria; Carlos Kunkel, actualmente diputado nacional y en ese momento subsecretario general de la Presidencia; Federico Poli, subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa, y más de 400 empresarios de la CGE, legisladores y autoridades provinciales.

Lo que haría falta para lograr
una concertación

BUENOS AIRES.- Cuando Luis Norberto Ivancich era subsecretario de Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete, en el 2005, explicó que desde el gobierno procuraban establecer “mecanismos de concertación, negociación y superación de conflictos entre las corporaciones empresarias y las sindicales”, que eran los “únicos actores reconocidos como representantes de la producción y el trabajo”. Por eso le pareció clave observar “cómo en la historia argentina del siglo XX la estructura política –ya sea el radicalismo, el conservadurismo, el peronismo o las reacciones anti-peronistas– tendió siempre a establecer un sistema de articulación con los actores sociales”. Probablemente por su prolongada militancia, Ivancich sostuvo que “el peronismo quizá fue el que más lo logró y lo convirtió en un pensamiento doctrinario”.
“La concertación, un instrumento que habitualmente se plantea como una cierta panacea en el proceso de estabilizar y unir la autoridad política con los sectores sociales, presenta dificultades en la Argentina por no reconocerse sectores nítidos y con capacidad de negociación para toda la corporación”, advirtió. No obstante, reconoció que “hubo gobiernos que prefirieron la alianza inmediata con determinados sectores y la subordinación directa de la política al interés económico”.
Consideró, asimismo, que una de las principales funciones de la política pasaba por recuperar la independencia del Estado y de la autoridad, con “adaptación a las nuevas formas de comunicación y participación”. Para ello planteó la necesidad de “una redefinición de los actores dentro de esta nueva lógica de gobernabilidad; de lo contrario, se recaería nuevamente en una pérdida de la autonomía y un debilitamiento del sistema”. Hasta observó que “la puja de poder entre los sectores económicos más fuertes ya no avalaba la unidad política” y que la gobernabilidad no consistía en “mantener la estabilidad a costa de generar elementos que acaben socavándola, como la desocupación, el desempleo, la pérdida de incentivo o la falta de motivación en el conjunto de la sociedad, sino que se trata más bien de brindar poder, desplegarlo hacia la sociedad, como lo hizo el primer peronismo”.
Estas cuestiones deberían ser “la lógica de una reorganización del Estado”, en la que no habría que descuidar la importancia de la burocracia estatal –“no en el sentido peyorativo del concepto sino en el específico”, puntualizó–, teniendo en cuenta a “funcionarios y empleados del Estado que se mantuvieron dentro de la institución y pudieron, en muchos casos, constituir factores de resistencia a las grandes políticas que se imponían desde la autoridad máxima”. Como subsecretario de Gestión Pública recomendó “fortalecer determinadas áreas y reasignar valores y funciones a otras”, buscando inclusive premiar “la responsabilidad de los funcionarios y empleados con propuestas para jerarquizarlos y una profesionalización del empleo público”. 
Ivancich, licenciado en sociología y docente de las universidades de Buenos Aires y del Salvador, falleció el 27 de junio de 2005. Fue uno de los representantes del justicialismo porteño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando se analizó la situación de los detenidos-desaparecidos y participó de grupos y publicaciones de la renovación partidaria. Como integrante del “grupo de los 8”, escribió con Hugo Barcia los libros “La Carpa de Alí Babá” y “La traición de Alí Babá”, acerbadamente críticos de la gestión menemista.

Otras experiencias

BUENOS AIRES.- Si bien hubo diferentes “pactos y acuerdos sociales” en distintas épocas, los de España, Italia y Francia superaron coyunturas propias y cimbronazos de la economía mundial, destacó Hugo Carcavallo, profesor emérito de la Universidad Católica Argentina (UCA), consultor honorario de la Unión Industrial Argentina (UIA) y otrora participante activo en la negociación de convenios colectivos.
Como en Italia no se vincularon con alteraciones del régimen político o sindical y lo mismo sucedió en Francia donde, por ejemplo, en 1981 se firmó uno para instrumentar la puesta en marcha del programa del presidente François Mitterand, Carcavallo destacó que el más aprovechable para la Argentina es el de España. Allí se concretó “un completo cambio de régimen político, pues de uno corporativo se pasó directamente a uno de libertad absoluta en materia política y sindical, con el consiguiente respeto y tutela de derechos individuales y colectivos, que cuentan incluso con garantías especiales en la Constitución”.
Cuando en noviembre de 1975 falleció Francisco Franco, después de gobernar dictatorialmente España durante casi cuatro décadas, conforme lo que dispuso, su sucesor fue el rey Juan Carlos I.
“Después de un año y medio de difícil transición y en el marco de una convulsionada coyuntura política, económica y social, en junio de 1977 se convocó a elecciones libres, las primeras desde 1936”, reseñaron Alberto Pontoni y Azul Coppari, docentes de “Macroeconomía” de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.
La búsqueda de una salida para la profunda crisis se complicó cuando la Unión de Centro Democrático (UCD), llevando como candidato a Adolfo Suárez, obtuvo el 35% de los votos; el PSOE (Partido Socialista Obrero Español), el 29% y el Comunista, el 10%. En octubre del ’77, todas las agrupaciones políticas con representación parlamentaria coincidieron en los Pactos de la Moncloa, cuya aprobación y sanción unánime por ambas cámaras del Parlamento contribuyó a consolidar la España moderna y democrática, junto con el ingreso a la Comunidad Económica Europea (CEE), en el ’86.
Tales pactos estuvieron conformados por:
• El “Programa de actuación jurídica y política”, perfeccionado con la sanción de la Constitución de 1978. Resultó el más positivo por generar rituales simbólicos y ceremonias de reconciliación (como el reconocimiento de la monarquía) y por el consenso de la dirigencia política respecto del proceso de democratización, que aportó un clima de gran confianza y repercusión favorable y facilitó posteriormente la entrada a la CEE.
• El “Programa de saneamiento y reformas de la economía”, con medidas urgentes para superar la profunda crisis con recesión, desequilibrio externo, creciente inflación y emigraciones, como también actualizar y desarrollar la estructura productiva. Fue suscripto con el consenso de los partidos y previa consulta a las organizaciones laborales y empresariales. Previó acciones de corto y mediano plazo. Como las primeras estaban destinadas a contener la inflación y estimular la actividad empresaria, los esfuerzos recayeron principalmente sobre el sector público, que se comprometió a una mayor austeridad, y los asalariados, que renunciaron a las medidas de fuerza para obtener mejores remuneraciones.