La reciente reforma previsional permitiría a los afiliados mejorar el haber previsional optando por el régimen de reparto en los últimos años de la vida activa. En esa etapa, los aportes al régimen público resultan de un valor financiero inferior a las prestaciones previsionales que el Estado se compromete a pagar. Este subsidio implica que se está generando deuda pública que no se registra y que se suma a la de las moratorias para personas sin aportes y a la falta de movilidad previsional. Así, se acumulan evidencias de que la solidez fiscal es una apariencia sustentada en una visión de las cuentas públicas “de caja”, sostiene un reciente informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa).
El esquema de opción entre capitalización y reparto estimula la especulación. En el inicio de la vida activa, la prestación del régimen de reparto (PAP) resulta financieramente más baja que el monto de aportes que se deben realizar. Por lo tanto, conviene permanecer en capitalización.
En sentido contrario, en edades próximas a jubilarse, los aportes a reparto son inferiores a las prestaciones que este régimen se compromete a pagar. Consecuentemente, en algún momento de la vida activa convendría hacer el traspaso a reparto.
Este esquema especulativo implica que quienes optan por el régimen de reparto en edades avanzadas reciben un subsidio equivalente a la diferencia entre el gasto que insumen sus prestaciones y lo que ellos han aportado.
Aunque se trata de un tema que exige la máxima transparencia, hasta ahora no se ha publicado información oficial al respecto, salvo algunos trascendidos periodísticos. De todas formas, y hasta que esta anomalía se rectifique, se pueden trazar algunas aproximaciones.
Suponiendo que las mujeres ejercen la opción cuando tienen 50 años en promedio y un salario de 1.700 pesos y los hombres a los 55, con un salario de 2.300 pesos , se llega a:
• Por cada mujer que se traspasa, el Estado generaría una deuda de aproximadamente 39.000 pesos, que es la diferencia entre los beneficios y los aportes al régimen de reparto.
• Por cada hombre que se traspasa, el Estado generaría una deuda de 11.000 pesos.
• Hasta ahora se habrían producido unos 200.000 traspasos, 90.000 son mujeres y 110.000, varones. Esto implica que el Estado ya asumió una deuda de 4.700 millones de pesos.
Según los trascendidos periodísticos, la reacción de la gente está siendo bastante consistente con los incentivos que genera el esquema especulativo. Quienes optan por el régimen de reparto son generalmente personas mayores a 40 y, en gran medida, mujeres. A ellas les convendría adelantar el traspaso porque se jubilan antes (60 años contra 65 de los hombres) y tienen mayor esperanza de vida.
Desde el punto de vista de las finanzas públicas, evaluadas con un enfoque “de caja”, la reforma es positiva. Se registra el ingreso a la Anses del aporte de la gente que opta por el reparto, pero no se computa el compromiso del Estado a pagar las jubilaciones en el futuro. Se trata de una nueva deuda no registrada, de magnitudes importantes, que aumenta mientras más gente se pase al régimen de reparto.
En este sentido, la promoción de los traspasos por parte del gobierno –y algunos sindicatos– está generando ingresos públicos para el corto plazo pero aumentando de forma importante la deuda pública. Estos compromisos se suman a los ya asumidos a través de las moratorias para las personas que no hicieron aportes (que implicarían gastos del orden de los 13.000 millones de pesos anuales dentro de cinco años) y a la deuda que se está generando con más de medio millón de beneficiarios con haberes por encima del mínimo a los que no se les ha respetado el derecho constitucional a la movilidad luego del rebrote inflacionario.
El esquema especulativo –al igual que las moratorias– es muy inequitativo porque asigna recursos públicos a favor de segmentos medios y altos de la sociedad. Se puede proyectar que, si un millón de personas ejerce la opción de retorno a reparto, el Estado estaría asumiendo una deuda no registrada de casi 24.000 millones de pesos. Son bajas las probabilidades de que el Estado efectivamente honre estas deudas en el futuro. En este sentido, cuenta con el mecanismo que tradicionalmente ha utilizado para evadir sus compromisos con los jubilados y pensionados: la inflación. Estas estimaciones están hechas bajo el supuesto de que no hay inflación o de que ésta es compensada con ajustes nominales de haberes previsionales. Si no se establece una regla de actualización de los salarios para el cálculo del ingreso base (que considera el promedio de remuneraciones de los últimos diez años antes de la jubilación) ni de los haberes previsionales, alcanza con los actuales niveles de inflación para que esta deuda pública se licúe y las ventajas del reparto se evaporen.
Como se hizo en el pasado y se hace en la actualidad, la inflación le permite al Estado incumplir las promesas que se fijan en las normas. Esto produce grandes distorsiones e iniquidades. Una de ellas es que, cuando el Estado incumple, los beneficios favorecen a los estudios jurídicos que se especializan en entablar juicios contra la Anses, motivados por la violación de aquellas normas que fijan promesas a cargo del Estado sin consideración de su sustento económico ni de su razonabilidad social.