BUENOS AIRES (ABA).- En términos futbolísticos, la Argentina está detrás de la mitad de la tabla; algo así como en zona de promoción, lejos todavía del descenso directo pero más distante aún del campeonato.
Para quien esté ajeno al lenguaje del balompié, la cuestión se puede traducir así: la Argentina tiene una baja calidad institucional y casi todos los indicadores la muestran en declive. De los 185 países que fueron objeto de medición, al nuestro le corresponde el número 93, detrás –en Sudamérica– de Chile (el mejor ubicado, en el lugar 22), Uruguay (50º), Perú (80º) y Brasil (90º), debajo de los tres países del norte de América (Estados Unidos, Canadá y México, en los lugares 8, 11 y 75 respectivamente) y también de centroamericanos como Costa Rica, Panamá y El Salvador. Entre las naciones de la región, el índice argentino es sólo superior al de Colombia, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Venezuela.
La información estadística surge de un trabajo del Centro de Investigación de Instituciones y Mercados de la Argentina (CIIMA) que dirigen los economistas Martín Krause y Aldo Abram, quienes dialogaron con “Río Negro Económico”.
Lo novedoso fue la metodología aplicada por dicho “think tank”, creado por la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE), ya que para obtener el parámetro de calidad institucional hizo un equilibrio con los datos difundidos por las instituciones especializadas más sobresalientes en cada ítem de los que estuvieron bajo la lupa. En el caso de la libertad económica, tomó el de Heritage Fundation; en percepción de corrupción, el de Transparencia Internacional; en el de libertad de prensa, el de Freedom House; en tamaño del gobierno, el del Fraser Institute, y el del Banco Mundial acerca del respeto al derecho de propiedad y la facilidad para hacer negocios.
Como parte del informe de la organización británico-norteamericana International Policy Network, los expertos de CIIMA integraron todos los factores que consideraron relevantes para llegar al nivel de calidad institucional de cada uno de los países.
Aquí cabe hacer un subrayado, porque para ambos especialistas es la calidad institucional la que deriva en el desarrollo económico y no al revés (ver aparte).
La relación es tan directa –concluyen los autores del trabajo– que los países de mayor calidad institucional –aquellos de más de 60 puntos– son los de mejor nivel de ingreso por habitante, es decir, los más ricos.
Abram destaca que, cuando tal coincidencia aún no se verifica en el nivel de ingresos (como en el caso de Chile), se advierte una fuerte tendencia al desarrollo, algo así como una flecha en ascenso.
Por el contrario, se presenta el caso de países como Arabia Saudita, con baja calidad institucional (menor a la Argentina) pero con elevados ingresos. Son aquellos –explica Abram– que están en posesión de un recurso valioso (como es el petróleo) pero que, por ser éste agotable, se asemejan a quien “hereda una riqueza y no ejerce las conductas para conservarla”.
En tanto, países como China e India seguirían un camino inverso al de Arabia o Qatar, dado que pese a su “casi nula institucionalidad” sus pasos hacia las reglas de mercado ponen a ambos en buena perspectiva. Hay que considerar que los indicadores no pueden tomarse a la manera de una fotografía sino de una película. Por ello, estados que en algún momento fueron irrelevantes en la esfera internacional, merced a un giro en sus prácticas han alcanzado una calidad institucional que los posicionan en constante ascenso, mientras que por estos lares parece operar el fenómeno contrario.
 
MOMENTO CLAVE

En la concepción de Abram nuestro país atraviesa un momento delicado, dado que su calificación de 45,6 puntos está por debajo de la tasa de ingresos por habitante en relación con el total de países relevados, por lo que cobra fundamental importancia la reconstrucción del respeto por la seguridad jurídica y demás aspectos institucionales.
La política energética, la intromisión del gobierno en los contratos laborales, los anuncios demagógicos de créditos hipotecarios, el manejo del INDEC y el ataque desde el gobierno a los organismos de control son algunos de los factores que Abram enumera entre las cuestiones que en la Argentina conspiran contra la institucionalidad y, por ende, perjudican el progreso.
Sin embargo, Abram cree que a partir del reconocimiento de la realidad se puede ser optimista: “Hay un 55% de países que están mejor que la Argentina, pero si volvemos a las políticas que nos llevaron en el siglo pasado a ser uno de los lugares más desarrollados del mundo y observamos el presente –no digamos de los escandinavos sino de quienes están más cerca, como los trasandinos– entonces mejorar no es una tarea imposible”, reflexiona Abram.
Los países peor ubicados en el continente en cuanto a calidad institucional son en orden decreciente Venezuela, Cuba y Haití.
Otro aspecto que pone de relieve el informe es la interconectividad entre los rubros que permiten trazar un símil entre calidad institucional y calidad de vida. Por ejemplo, Argentina figura en la posición 81 en relación con la facilidad para realizar negocios (en promedio hay que atravesar por 16 pasos para conseguir una habilitación), mientras Chile es el número 22 en ese ranking, México el 43 y Uruguay el 64.
De las trabas que genera la burocracia a la corrupción hay un solo paso. Y cuanto más abierto y libre de regulaciones es el país, menor es el radio de discrecionalidad.
Los países de mejor calidad institucional son Suiza, Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda, mientas el caso de Irlanda es un reflejo de cómo se puede evolucionar viniendo desde parámetros muy bajos. Hoy ocupa el decimosegundo lugar.
Krause remarcó algunos puntos interesantes como el de varias islas del Caribe (Bahamas, Barbados, Santa Lucía) con buena calificación, lo cual adjudica a que, por tratarse de territorios pequeños, allí “se respetan los contratos y el derecho de propiedad dada la dificultad de autosustentarse con las fronteras cerradas”.
También observa que hay países con relativa libertad económica pero que caen en su performance general dado “el mediocre desempeño en factores como la libertad de prensa y la rendición de cuentas” (casos de Singapur, Hong Kong y algunos países árabes).
Por último, señala los buenos indicadores que tienen aquellos que heredaron el sistema británico del common law (el derecho lo van construyendo las decisiones judiciales), que recogen puntajes más elevados que sus pares con raigambre jurídica romana o española. Países de aquella tradición como Estados Unidos, Holanda, Reino Unido, Canadá y Australia figuran entre los de más alta calificación.
En definitiva –apuntan los autores del informe–, “en un mundo en constante movimiento tanto de capitales como de información, la competencia institucional es un factor central en cualquier análisis”. En la era de la globalización, “cada vez es más escasa la posibilidad de hacer políticas nacionales” –afirma Abram– por lo cual –concluye Krause– “básicamente la cuestión es la libertad de los individuos y el control del poder”.

Sin señales para el cambio

El presidente de Panamá fue la única autoridad gubernamental que se interesó en mantener una entrevista para conocer en profundidad el contenido del trabajo, contó Martín Krause, quien deslizó que no obtuvo ningún eco de funcionarios del gobierno argentino. Aunque no lo diga, probablemente sea porque la gestión de Kirchner es renuente a avanzar hacia parámetros como la libertad de comercio, la desregulación, la libertad de prensa y los mecanismos de control de transparencia.
–¿Existe una relación directa entre calidad institucional y el desarrollo económico de los países?
–Definitivamente hay una vinculación directa: los habitantes de los países que están en las primeras posiciones tienen los mejores niveles de vida. Alguien podría argumentar que tienen calidad institucional porque son países ricos, pero nosotros tratamos de demostrar que la relación es inversa y estoy convencido de ello. En Inglaterra primero fue la llamada Revolución Gloriosa (la institucionalización) y luego la Industrial y en la Argentina el milagro económico fue posterior a la Constitución de 1853... entonces, hay una relación causal directa entre calidad institucional y el despegue económico de los países.
–Calidad institucional no es sólo división de poderes o libertad de prensa, sino también fundamentos económicos, ¿no?
–Así es, también incluye tener una moneda sana y estable, respetar los contratos y el derecho de propiedad y apertura económica, pues el mercado no puede funcionar en cualquier marco.
–Muchas veces se elogia el cumplimiento de las normas, pero ¿qué ocurre cuando éstas son de baja calidad, cuando la burocracia abruma y el que sigue las reglas paga un costo?
–El resultado de un sistema semejante es un alto grado de informalidad, otro indicador de mala calidad institucional, porque cuando se introducen normas de imposible cumplimiento el mercado las rechaza. El caso típico es la legislación laboral, tan regulada que el 45% de la mano de obra en argentina pertenece al mercado informal.
–¿El índice es tenido en cuenta por los inversores?
–Sí, aunque no de manera directa. La calidad institucional explica mejor la calidad de vida, pero en las inversiones el aspecto más importante es la vigencia del derecho, el llamado “rule of law”, es decir, las reglas jurídicas que garantizan el respeto a la posesión y a los contratos. Hay países como China o Singapur donde se respeta el derecho de propiedad; son buenos ejemplos, porque son países sin recursos naturales.
–En el caso de los índices de Transparencia, ¿qué pasa con las empresas de países de elevado nivel ético pero cuyas empresas en el exterior acceden a pagar sobornos?
–El índice mide la corrupción en el país, lo que pasa en algunos casos es que las empresas se acomodan a las situaciones locales, por lo que una compañía que es absolutamente pulcra en su país, va a Ruanda y se corrompe.