La crisis actual, debida a un déficit de generación eléctrica de 3.000 MW y de gas de 20 millones de metros cúbicos diarios sin considerar la exportación que debería hacerse a Chile, requiere actuar sin dilaciones sobre la demanda y sobre la oferta.
La crisis se agravará en los próximos años y es necesario administrar racionalmente esa crisis que, además de los trastornos que producirá a la gente en forma directa, afectará seriamente el aparato productivo. Pero el gobierno no está actuando adecuadamente en ninguno de los dos aspectos.
En la demanda, no termina de admitir la crisis, lo que impide la adhesión de la población al momento de ahorrar energía; se carece de un plan
de uso racional de la energía para que los usuarios de los servicios de gas y electricidad adopten y tampoco se dispone de un plan de racionamiento del consumo para repartir los costos de la escasez con un criterio socioeconómico. Hoy, cuando la energía no alcanza se corta el suministro a la industria, recurriendo hasta a llamadas intimidatorias de funcionarios especializados en esas prácticas. Sólo si esto no fuera suficiente, entonces se lo hace en algún sector domiciliario, pero siempre tratando de que la gente no se entere del problema. Como contrapartida, se mantienen congeladas las tarifas, que no guardan relación con los costos locales y menos con los internacionales y son de lejos las más bajas del mundo, lo que fomenta el derroche.
En cuanto a la oferta, el gobierno tiene en construcción equipamiento eléctrico por unos 3.000 MW, así como se prevé la incorporación de 20 millones de m3/día de gas adicionales, ambos insuficientes y poco seguros, en particular el suministro de Bolivia. De no corregir ya esta situación, la crisis será crónica.
Lo que hay que entenderes que las obras que lanzó recientemente el gobierno cuando debería haberlo hecho en el 2003 sólo cubrirán el déficit actual dentro de tres años. Además, no se tiene en cuenta el crecimiento de la demanda, que en tres años aumentará el déficit en unos 3.600 MW en electricidad y en 20 millones de m3/día de gas, por lo menos. Por estas razones, en los próximos meses debería estar definido un nuevo equipamiento adicional para empezar a superar la crisis de dentro de tres a cuatro años, aunque a la fecha no hay indicios que hagan suponer que ello vaya a ocurrir, máxime cuando se tome conciencia de que ese equipamiento no previsto, que es mínimo y necesario, requiere de una inversión no menor a los 9.000 millones de dólares.
Si se suman los casi 3.000 millones de dólares/año de gasto en subsidios para mantener la ficción de precios y tarifas de los servicios públicos y de algún sector industrial y los 5.000 millones de dólares de inversión para las obras de gas y electricidad lanzadas por el gobierno estamos ante un requerimiento de capital de persistir con los subsidios del orden de los 23.000 millones de dólares en los próximos tres años. ¿Los puede disponer el Estado? ¿A qué costo?
Ante esta realidad, más por una cuestión de fuerza que de convicción, el gobierno deberá rever su política de intervencionismo estatal, de incumplimiento de las leyes de la economía y de falta de seguridad jurídica para volver a concitar interés en los inversores globales, hoy seducidos por propuestas de países más previsibles que el nuestro.
(*) Ex secretario de Energía de la Nación
