PEKIN (AFP).- En una nueva muestra del nacionalismo económico en boga en Pekín, China decidió frenar el apetito de los grupos extranjeros por sus empresas consideradas estratégicas.

En el borrador del proyecto de la ley antimonopolio, discutido el domingo en segunda lectura por los parlamentarios, se hace mención por primera vez al endurecimiento de las reglas existentes para la compra de empresas chinas por parte de grupos extranjeros. "No sólo se estudiará una eventual posición de monopolio; además se tendrá en cuenta la preservación de los intereses económicos del país", indicó el periódico "Las Noticias" de Pekín.

"Desde hace poco, el problema de las fusiones-adquisiciones de empresas chinas por parte de grupos extranjeros ha adquirido importancia. Los casos de Xugong con el estadounidense Carlyle y el de Supor con el francés Seb despertaron en el país la preocupación de muchas personas", afirmó el diario.

Las multinacionales buscan estar cada vez más presentes en China, incluso a través de la compra de empresas del gigante asiático, porque su desempeño en una de las economías más dinámicas del planeta se refleja muchas veces en su vitalidad bursátil.

Según la prensa china, las fusiones-adquisiciones representaban menos de un 5% de todas las formas de inversión extranjera directa antes del 2004, un 11% en el 2004 y cerca del 20% en el 2005. Esta presencia extranjera cada vez más fuerte provocó desde el año pasado la oposición de algunos industriales o responsables oficiales, inquietos de ver sectores de la economía china caer en manos de extranjeros.

En agosto pasado, en un comunicado conjunto, seis ministerios indicaron que los inversores debían solicitar una autorización al Ministerio de Comercio cuando su eventual adquisición pudiera afectar la seguridad económica de la nación. También deben obtener una luz verde oficial si las empresas que codician pertenecen a sectores estratégicos o son marcas conocidas en China. En diciembre, el Consejo de Estado (gobierno) trazó una lista de los sectores que el Estado quiere mantener bajo su control: producción ligada a la industria militar, electricidad, petróleo, gas, petroquímica, telecomunicaciones, carbón, aviación civil y astilleros.

El sector energético, uno de los que se quiere proteger.