Como ya es bien sabido, el pasado 27 de mayo a última hora el canal privado de televisión RCTV dejó de emitir señal hacia los televisores venezolanos. Luego de 53 años de transmisión ininterrumpida, la televisora se vio obligada a apagar sus equipos tras la finalización de un nuevo ciclo de veinte años de la concesión que la autorizaba a hacer uso de tal señal.
Si no analizáramos el escenario político en el que este hecho está inmerso, podríamos considerarlo como un proceso normal. Pero en este caso no es tan simple.
Como en cualquier país, debido a cuestiones meramente físicas la señal de televisión por aire es un bien sumamente escaso. Por esto el Estado, como representante de todos los ciudadanos del país, se ocupa de administrarlo, intentando siempre procurar satisfacer las necesidades de la población. Entonces, si durante los veinte años en que la televisora que hace usufructo de dicha concesión realizó su trabajo de “buena manera” o de “forma eficiente”, es muy probable que, en vistas de tan buen desempeño, el Estado le renueve la concesión para que siga funcionando por otros veinte años.
Ahora, si el emisor hizo “mal las cosas”, el Estado tomará cuenta de tal situación y, considerando que este bien escaso (la señal de aire) es un pilar fundamental de lo que llamamos el “cuarto poder”, no le renovará tal privilegio y lo entregará a un postulante con mejores condiciones para hacer uso del tal “negocio” y “responsabilidad” a la vez.
La obligación del Estado de promover y hacer valer los derechos de la sociedad para acceder a información diversa resulta fundamental. Si no lo regulara o no permitiera tal posibilidad se eliminaría, tal vez, un fuerte elemento de control democrático.
Quizá podríamos aclarar la cuestión citando el decreto 5.349 firmado por el presidente de Venezuela hacia fines de diciembre pasado: “(...) el Estado debe garantizar a los ciudadanos el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos, entre ellos, el derecho a la libertad de expresión consagrado en nuestra carta magna, siendo una de sus formas de ejercicio el acceso de la colectividad a la difusión de sus manifestaciones a través de los medios de comunicación”.
En el mismo decreto se afirma que “(...) de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley de responsabilidad social en radio y televisión, el derecho a la libertad de expresión debe interpretarse conforme a los principios de libre expresión de ideas, opiniones y pensamientos, comunicación libre y plural, prohibición de censura previa, responsabilidad ulterior, democratización, participación, solidaridad y responsabilidad social, soberanía, seguridad de la nación y libre competencia”.
Seguramente ahora está más clara la idea: la emisión de estas señales televisivas ocupa un rol muy importante a la hora de controlar al Estado, el cual simultáneamente actúa como regulador del funcionamiento del servicio.
Pero justamente aquí se encuentra la contradicción, el problema fundamental. El Estado, que es el que da origen a esta señal, es a su vez el que promueve su destrucción (o su normal funcionamiento). El mismo se ha transformado en el mayor promotor de censura de cualquier país. Es el Estado, con los recursos que tiene para influir, el que lo hace en los medios de comunicación a través de una parte de la fuente de financiamiento (propaganda política o publicidades estatales) o, en este caso, al renovar o no una concesión.
Esto es lo que sucedió en Venezuela. Tras agotarse la concesión RCTV tuvo que apagar sus equipos, dejando lugar a Teves (Fundación Televisora Venezolana Social), creada por el mismo Chávez en el mismo decreto y en consideración de los párrafos citados anteriormente.
Esta empresa, que no tiene como función la producción o generación de contenido o materia audiovisual sino sólo funcionar como medio de transmisión, es una creación con aportes 100% estatales, con el objetivo de ocupar el lugar que poseía RCTV. Es decir que los argumentos usados por Chávez (las citas anteriores) para crear a Teves son, a la vez, los que tendrían que impedir su creación.
RCTV fue (¡!) en Venezuela un fuerte opositor al gobierno de Hugo Chávez. Su conflictiva relación tuvo su expresión más álgida hacia el 2002, cuando el fugaz golpe de Estado que derrocó al actual presidente le alcanzó a la emisora para posicionarse a favor del derrocamiento y llamar a la población a que apoyara el golpe.
Pero, si dejamos de lado este punto y nos focalizamos en la “clásica” pelea oficialismo/oposición, encontraremos la causa principal que hizo que Chávez (públicamente) no permitiera que RCTV siguiera en el aire, es decir, su condición de canal opositor. Aunque, llegado a este punto, es importante aclarar que en Venezuela no es el jefe de gobierno el encargado de rever las renovaciones de las concesiones sino el Ministerio del Poder Popular para las Telecomunicaciones (a cargo de Jesse Chacón Escamillo), tal como lo declaran los abogados de RCTV en el amparo presentado en el Tribunal Superior de Justicia: “(...) Cuando el presidente instruye a un ministro para que decida un asunto en una determinada forma, ese ministro se encuentra constitucional y legalmente obligado a decidirlo según las instrucciones impartidas por el presidente; de caso contrario, el ministro incurre en responsabilidad disciplinaria, lo cual puede acarrear su remoción por parte del presidente”.
Por eso, por lo menos en Venezuela, si el presidente no quiere renovar una licencia puede no hacerlo. Ahora, que Chávez haya ganado la pelea a través de mecanismos legales no significa que no haya habido una violación del derecho de expresión. Esta medida, que no implica el cierre o la estatización de RCTV sino la no renovación del permiso para emitir como “estación abierta en VHF”, no lo libra de tal acusación. Es decir: que RCTV pueda (y seguramente lo hará) emitir a través de internet o del servicio por cable no significa que no haya un intento de censura. La señal que antes poseía tenía alcance nacional, por lo que el acceso de las personas a las imágenes de RCTV por otros medios será considerablemente menor.