El 22 de mayo pasado, todos los bloques opositores de la Cámara de Diputados de la Nación se reunieron en audiencia pública para defender la autonomía funcional que la Constitución le reconoce a la Auditoría General de la Nación (AGN) y que –a su juicio– un proyecto oficial buscaba limitar. Si bien el final del día llegó sin batalla pues el oficialismo decidió dar de baja el polémico proyecto en ese mismo momento, fue muy reconfortante ver cómo todo el arco opositor se unía sin partidismos para defender una cuestión claramente institucional que hace a la vida republicana. La audiencia fue conducida con toda mesura por el diputado Claudio Lozano (CTA), a quien acompañaron los presidentes de los bloques de la UCR, ARI, PRO y el socialismo, además de varias ongs dedicadas a temas cívicos.
Lo que más debería llamar la atención de este evento, por encima aun de lo inusual de semejante convivencia interpartidaria, es la decisión de los legisladores de utilizar un arma eminentemente política, por absurda que parezca esta sorpresa. Lo cierto es que, últimamente y cada vez con mayor asiduidad, el ámbito político por excelencia –el Congreso– viene siendo severamente angostado, y esto se debe tanto a acciones del oficialismo como de la oposición: del primero, cuando exige y consigue de sus legisladores adeptos la cesión de facultades extraordinarias, vía superpoderes, leyes de emergencia, aprobación de DNU, etc., y de la segunda, cuando acude rutinaria y exageradamente a la Justicia con planteos de inconstitucionalidad para que salve lo que siente que no puede defender por sí misma en el terreno legislativo.
La audiencia del 22 de mayo, casualmente el día en que se conmemora el cabildo abierto, no estuvo ajena a estos “vicios”, pues la palabra “inconstitucional” se oyó de modo reiterado, aun cuando en muchos casos es sumamente discutible esa calificación en el caso de marras. Sin embargo, lo que los legisladores deberían rescatar para sí es que lo que frenó el proyecto oficial no fue la amenaza judicial sino la fortaleza que supone ver a todo el frente opositor pacífica y sólidamente de acuerdo en un punto institucional.
El asunto que se trataba es de alta importancia, sin dudas, aun cuando rescatemos más la metodología utilizada. Se trata del estatus institucional que debe revestir la AGN, nada menos. La discusión gira en torno de cuán independiente o autónoma debe ser respecto del Congreso, y el punto crucial del debate se alimenta del hecho de que la AGN es presidida por la oposición, según establece la Constitución, mientras que el Congreso es dominado por el oficialismo. Obviamente, este último tiende a basar sus argumentos en los párrafos constitucionales que le asignan al Poder Legislativo el control externo de la administración pública como “atribución propia”, mientras que aquélla se atrinchera en aquellos otros que le reconocen a la AGN “autonomía funcional”.
Ahora bien: ¿cómo zanjar esta cuestión sin recurrir a la política? Evidentemente, la Constitución quiere un diseño institucional para el control externo en el cual ambos –Congreso y AGN– deban jugar roles fundamentales. Pero en sólo cuatro párrafos, el artículo 85 de la carta magna no puede definirlo todo: queda para el Congreso la aprobación de una ley especial, con mayoría absoluta de cada cámara, que delimite las atribuciones de cada uno. Esta cuestión no puede y, lo que es más importante, no debe ser resuelta por la Justicia –obviamente tampoco por el Ejecutivo– sino sólo por el legislativo. Para eso está la deliberación política, por más difícil de implementar que ella sea.
El proyecto oficialista quería hacer de la AGN un organismo “dependiente” del Congreso y el de la oposición, un órgano con total autonomía y autogobernado. Ambos le fallan a la Constitución, que justamente lo que quiere es un sistema complejo de influencias y controles mutuos entre ambas instituciones. Si bien le otorga al Congreso la “atribución propia” del control externo, lo obliga a realizar esa función basándose en dictámenes de la AGN. Para ello le atribuye a ésta la “autonomía funcional” referida. Pero autonomía funcional no es autonomía plena sino restringida sólo a lo funcional, es decir, a las disposiciones técnicas que hacen a la buena práctica profesional de auditoría, para que sus dictámenes y recomendaciones sean verdaderamente independientes y objetivos.
Esto tampoco implica hacer de la AGN un fiscal o juez de instrucción que persiga delitos de corrupción, como parece deslizarse entre la oposición, seguramente sensibilizada por los aberrantes casos que dominan las primeras planas de todos los periódicos por estos días. Para eso existen ya el Ministerio Público y el Poder Judicial. No es necesario que la Auditoría tenga semejante rol ni es su función primordial descubrir delitos de corrupción. Su función es auditar con cuánta eficacia y eficiencia se utilizan los recursos públicos en comparación con las finalidades aprobadas de antemano. Si al pasar se sospecha de delitos, la Auditoría no tiene más que denunciarlos a la Justicia y seguir con su labor.
Ahora bien; para manejarse adecuadamente en el terreno que supone una buena reglamentación de la AGN, un territorio intermedio con predominancia de grises, se requiere de una virtud que suele faltar casi rutinariamente en nuestra dirigencia argentina: la mesura, la moderación. En seguida surgen las posiciones más destempladas y, por alguna cuestión cultural de difícil explicación, provocan una seducción tan inmediata que acallan las voces más moderadas. Sólo la unión respetuosa de todo el arco opositor acontecida el 22 de mayo pasado, motivada más en la desesperación que en la convicción, pudo dar lugar a la templanza de ánimos requerida para que predominara cierta moderación, para que se postergara toda búsqueda de protagonismo.
La reglamentación del artículo 85 de la Constitución debe ser hecha por el Congreso, cuidando de darle a la AGN el justo equilibrio en el diseño institucional que ese artículo ordenó. Es una tarea puramente política, que exige amplias mayorías y que debe trascender la situación partidaria de turno. Es una gran prueba para que oficialistas y opositores templen sus ánimos y dejen de lado las soluciones más extremas.
Pero una concesión debe ser hecha de entrada: si los legisladores que integran el Congreso no quieren controlar, no habrá Auditoría independiente que los pueda suplir, y si la Auditoría no es suficientemente independiente, no habrá voluntad política en el Congreso que haga factible el control externo, porque le faltará el necesario profesionalismo para acometer esa difícil y ardua tarea. Y si la política no está lista para legislar debida y moderadamente, tampoco habrá Poder Judicial que salve la República.

(*) Consultora Exante