BUENOS AIRES.- Al gobierno nacional no le quedaría otra alternativa que modificar ciertos criterios aplicados en su política de inversiones en obras públicas, que este año movilizarían más de 15.000 millones de pesos, incluyendo las partidas del presupuesto nacional del actual ejercicio y los fondos fiduciarios.
Las consecuencias de los presuntos sobornos vinculados con el denominado "caso Skanska" aún resultan impredecibles, mientras proliferan acusaciones y recusaciones de todo tipo, que no se limitarían a una "corrupción entre privados", como supuso Aníbal Fernández, ministro del Interior. La cuestión ya alcanzó a funcionarios del gobierno nacional y uno de los jueces intervinientes dejó entrever que ampliaría sus investigaciones por los pagos de sobreprecios y cohecho a todas las obras públicas en las que participaron la Secretaría de Energía de la Nación, el Enargas (Ente Nacional Regulador del Gas), Nación Fideicomisos y hasta el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Lo que vino ocurriendo permitió conocer un poco más sobre el manejo de los mencionados recursos, así como también la existencia de discrecionales y sospechosos criterios en las adjudicaciones de los trabajos y la distribución de subsidios y transferencias a empresas concesionarias de los servicios públicos, que representarían más de 5.000 millones de pesos este año, supuestamente para mantener los precios sin mayores oscilaciones.
Semejante parafernalia incluso habría repercutido negativamente entre empresas extranjeras interesadas en invertir en la Argentina y que en sus países ajustan su desenvolvimiento a estrictos estándares de transparencia y códigos de ética.
Este informe especial acerca de los fondos fiduciarios tiene como punto de partida 1994, cuando en la primera presidencia de Carlos Saúl Menem se sancionó la ley 24.441. Desde entonces y hasta la actual gestión de Néstor Carlos Kirchner, se crearon más de una veintena, que en total ahora excederían los 6.000 millones de pesos anuales, al margen del presupuesto nacional correspondiente a cada ejercicio.
La citada ley, en realidad, estableció que "habrá fideicomiso cuando una persona (fiduciante) transmita la propiedad fiduciaria de bienes determinados a otra (fiduciario), quien se obliga a ejercerla en beneficio de quien se designe en el contrato (beneficiario) y a transmitirlo al cumplimiento de un plazo o condición al fiduciante, al beneficiario o al fideicomisario". Inicialmente, se pensó como un contrato para acompañar financiamientos, estructuración de desarrollos inmobiliarios, administración, reestructuraciones de deudas, proyectos de inversión y mecanismos para fortalecer garantías y acuerdos.
Los actuales fondos fiduciarios no se asimilan tanto a los fideicomiso sino a los de afectación específica. Recién a partir del 2002 se incluyeron sus flujos financieros en las leyes de presupuesto y dos años después, por el decreto 906 del Poder Ejecutivo Nacional, se creó el "Consejo consultivo de inversiones de los fondos fiduciarios del Estado nacional", dependiente de los ministerios de Economía y Producción y de Planificación, para que adoptara sobre la base de informes y análisis técnicos que le suministraran precisamente decisiones en materia de inversiones. Para otorgar mayor transparencia y fundamentación a la utilización de los fondos, se facultó al consejo a solicitar opiniones independientes.
Ya en octubre del 2004, los diputados nacionales Adrián Pérez y María América González (ARI) presentaron un proyecto de ley para declarar "la nulidad absoluta e insanable" del decreto 906/04. Lo consideraron "manifiestamente arbitrario e irrazonable" por interpretar que "donde rige el principio de división de poderes, el presidente de la Nación no puede emitir disposiciones de carácter legislativo", excepto en los casos en que "el Parlamento no pudiere cumplir su función o cuando circunstancias excepcionales hicieren imposible la solución de situaciones de extrema gravedad a través de su actuación". Comentaron, además, que "los fondos fiduciarios fueron creados con fines específicos" para "garantizar el financiamiento de determinadas acciones", evitando "posibles desvíos o la aplicación de los recursos a otros objetivos".
Al tratarse cargos específicos para el desarrollo de la infraestructura energética en la Cámara de Diputados, el 15 de marzo de 2006, Fernando Gustavo Chironi (UCR-Río Negro) recordó que "en la administración pública hay una norma superior la Constitución, pero además existen otras destinadas a ordenar el funcionamiento normal del Estado, entre ellas la ley de administración financiera sancionada por el Congreso", que establece disposiciones para ejecutar la inversión del gasto público y determina "la necesidad de que haya un programa de obras que pueda ser conocido con anticipación". Respecto del avance del PEN sobre los fondos fiduciarios, dijo que "no tiene parangón en la historia de la Argentina de los últimos años", por lo que exhortó a "tomar conciencia de la necesidad inmediata de generar un sistema claro de control y de rendimiento de cuentas". Al analizar lo presupuestado y ejecutado, verificó en determinados años que los gastos devengados más que duplicaron los proyectados, por lo que dedujo que había "una parte importantísima del presupuesto nacional ejecutada discrecionalmente por el PEN".
A su vez, Claudio Javier Poggi (Frente Movimiento Popular-San Luis) sostuvo que los fondos fiduciarios "conforman casi un Estado paralelo al margen del presupuesto nacional", ya que "se eluden los procedimientos administrativos habituales de control".
En el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios no suministran precisiones acerca del desenvolvimiento de la veintena de fondos fiduciarios vigentes, pese a que existirían informes de la Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura (Ucofin).
De cualquier manera, los más relevantes cuantitativamente serían los del sistema de infraestructura del transporte (SIT) destinado al "mejor funcionamiento" de trenes, colectivos y vehículos de carga, de transporte eléctrico federal e infraestructura hídrica.
"Los fideicomisos no cuentan con plan de cuentas ni criterios contables comunes a los fondos fiduciarios públicos que permitan la homogeneización de la información a efectos de hacerla comparable advirtió la Auditoría General de la Nación (AGN) el año pasado. En general, no se encuentra prevista la obligación de que los estados contables sean auditados externamente ni de publicarlos en forma periódica".
Adrián Pérez (ARI-Buenos Aires) propuso investigar esa "caja negra" y la creación de una comisión para tal fin, mientras otros organismos de control y legisladores coincidieron en que son "fondos sin control o con irregularidades" que funcionan como "aportes del Tesoro". Hasta Sergio Torres, juez federal, pidió informes luego de que la AGN cuestionara la ausencia de controles en relación con el fondo del gasoil, que distribuye 6 millones de pesos diarios entre empresas del transporte (unos 2.000 millones anuales).
Domingo Felipe Cavallo, ex ministro de Economía, señaló recientemente que desde que las empresas prestadoras de servicios públicos dejaron de cobrar tarifas retributivas, "el gobierno nacional tuvo que hacerse cargo de la inversión necesaria para mantener y expandir la capacidad de prestación" a través de fondos fiduciarios.
Como en semejante "caja" estarían, asimismo, los subsidios para el gremio de los camioneros, el diputado Pérez reclamó que se investigue lo destinado a "capacitación", que "pasó de 7,5 millones de pesos en el 2003 a 261 millones en el 2005".
MIGUEL ANGEL FUKS
