En la década del noventa, era característico analizar el despropósito de federalismo que significaba la alevosa preferencia del gobierno nacional de entonces por la provincia de donde era oriundo el presidente Menem. Cuando se miraba en qué proporciones se repartían las partidas discrecionales entre las 24 provincias argentinas, La Rioja se llevaba entre un tercio y un 40% de los, por ese mismo motivo, famosos Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias.
Los ATN habían quedado previstos como una parte del sistema de coparticipación federal de impuestos (1% de la masa coparticipable), gracias a una “concesión” hecha por el gobierno de Alfonsín en 1988, tras las continuas presiones que padecían los gobernadores de parte del entonces secretario de Hacienda, el por ese mismo motivo célebre Mario Brodersohn.
Claro que la previsión legal no hizo mella en la discrecionalidad que encaró el gobierno siguiente, como queda probado en la preferencia por La Rioja. Y ello se debió a que el reparto de ese 1% quedaba en manos del Ministerio de Interior. Y Carlos Corach, por ese mismo motivo famoso ministro de Menem, no se comportó más ecuánimemente que su antecesor Brodersohn. Y nadie puesto en esa situación haría algo diferente, por más santo que fuera. (Y no es de esperar que los presidentes elijan santos justamente en esos cargos.)
El asunto radica en encontrar sistemas que limiten la discrecionalidad. El gobierno del presidente Kirchner, por caso, no se dedicó a abusar de los ATN, pues ello hubiera significado blandir la misma arma que lo había hecho sufrir como gobernador de Santa Cruz (aunque no fue un gran perjudicado, gracias a su gran cercanía con el gobierno nacional de entonces). Es más, como si fuera un capricho, el gobierno acumula todos los recursos correspondientes a los ATN y se niega a repartirlos o siquiera utilizarlos.
En el año 2006, ingresaron al Fondo de ATN $ 1.267 millones, de los cuales sólo se ejecutaron $ 65 millones. En el período 2000-2006 ingresaron al fondo de ATN $ 4.915 millones, mientras que solamente se repartieron $ 450 millones. Es así que lleva ahorrados, al día de hoy, nada menos que $ 4.465 millones, una cifra que hace agua en la boca de todos los gobernadores, sobre todo cuando enfrentan marchas y protestas por aumentos salariales. Y las provincias consideran que esos fondos sencillamente les corresponden, aunque hay algunas controversias minoritarias al respecto. O los reparte discrecionalmente el gobierno nacional para paliar emergencias financieras o los reparte según los coeficientes de la ley de coparticipación. Hay algunos proyectos en ese sentido.
Pero este relato no debe llevar a confusiones por apresuramiento: no indica que el gobierno de Kirchner haya dejado atrás las prácticas de manejo discrecional de gobernadores e intendentes. Todo lo contrario. Dejó atrás la herramienta de discrecionalidad de los ’90, como Menem había dejado atrás la herramienta de los ’80. Más bien se trata de verdaderos perfeccionamientos en la discrecionalidad o, por lo menos, de engordes de sus magnitudes.
En efecto, los mecanismos que utiliza el presidente Kirchner están instrumentados por medio de dos alfiles: su propia hermana Alicia, que distribuye transferencias corrientes discrecionales, en la forma de subsidios millonarios a personas, familias y ong, desde la cartera de Desarrollo Social, y su mano derecha, Julio De Vido, que realiza obra pública y otorga subsidios a empresas de todo tipo, a través del Ministerio de Planificación Federal. En el año 2006, la suma de transferencias discrecionales a las provincias ascendieron nada menos que a $ 6.996 millones, más de 5 veces más de lo que habría significado repartir los hoy míseros ATN.
Lo que permanece inalterable en esta historia es el corazoncito con el pago chico. La provincia del presidente y sus dos ministros disciplinadores de autoridades locales se llevó un monto de regalos equivalente al 43% de lo que le correspondió en carácter de coparticipación automática, cuando el promedio de la proporción de partidas discrecionales ascendió a sólo 17%: evidentemente, los santacruceños tienen coronita esta vez.
Lo llamativo es que los riojanos no la perdieron. También ellos recibieron esa proporción y se ubicaron al tope de la lista junto con los patagónicos. La Pampa y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están entre 25 y 30%. Entre 20 y 25%, Jujuy, Buenos Aires, Río Negro y Misiones. La lista de los perdedores, en orden inverso, está encabezada por Córdoba, que recibió como regalo sólo el equivalente al 3% de sus transferencias automáticas, es decir: las que le corresponden por ley. Su gobernador, De la Sota, es evidentemente percibido como peligroso.
Por debajo del 10% se encuentran las castigadas, entre otras, las opositoras Salta, San Luis y Neuquén, cuyos gobernadores han manifestado interés en competir por la presidencia o en normalizar el justicialismo. San Juan y Mendoza, a pesar de sus esfuerzos por gustar a la Casa Rosada, no han obtenido (todavía) resultados auspiciosos: ¿deberán esforzarse todavía más?