BUENOS AIRES.- La Argentina necesita “todas las inversiones, menos las de capitales golondrina”, planteó el presidente Néstor Carlos Kirchner, quien en el exterior recomendó a los empresarios que “se apuren”, además de asegurar que aquí no les cambiarán las reglas de juego una vez instalados.
Para este año se necesita “un shock de inversiones” que “descomprima las tensiones de precios, genere empleo y mejore la situación social”, afirmó Felisa Miceli, ministra de Economía y Producción. Aunque existía bajo su dependencia con una denominación similar (ver aparte), el Poder Ejecutivo Nacional, por los decretos 1.225 y 1.693, el año pasado creó la Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones –lleva las mismas siglas de la anterior, es decir ADI–, pero como un organismo descentralizado de la misma cartera.
Miceli no estuvo de acuerdo con el nombramiento al frente de la agencia de la economista radical Beatriz Nofal, quien fue subsecretaria de Industria durante la presidencia de Raúl Ricardo Alfonsín, diputada nacional por el radicalismo y consultora de los bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo y de entidades empresarias locales. Sin embargo, su designación como presidenta se aprobó cuando la ministra no estaba en el país, el 12 de setiembre pasado. Tiene rango de secretaria de Estado y percibiría una remuneración de 24.000 (veinticuatro mil) pesos mensuales, como la del presidente del Banco Central... canonjías de subsecretarios consiguieron los vocales del directorio de la nueva ADI y cuatro años de mandato...
Nofal logró para el organismo autarquía económico-financiera, personería jurídica, posibilidad de actuación en los ámbitos del derecho público y privado y capacidad de enviar corresponsales al interior y al exterior.
Ya coordina y sigue el “Plan estratégico nacional de promoción de inversiones”, pero en la órbita del Consejo Nacional de Inversiones para el Desarrollo (Conid), que presentó Alberto Fernández, jefe de Gabinete, el 19 de febrero pasado. Este funcionario lo preside, secundado por los ministros de Economía y Producción y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
La ADI viene trabajando con todas las carteras, aunque no conformen el consejo, y de manera “muy integrada” con la de Planificación, Inversión Pública y Servicios. Con la Cancillería, trató de sumarse a las misiones al exterior y participar en las negociaciones comerciales.
El plan de acción 2007-2008, denominado “Prosperar”, fue dado a conocer por Kirchner el 6 de marzo. Apunta a crear una imagen diferencial del país, potenciar  inversiones, suministrar servicios a empresarios extranjeros y argentinos y hasta a emprendedores y armar una red federal.
Nofal está convencida de que el país enfrenta “una oportunidad única”, por la conjunción de “una situación macroeconómica sana y un crecimiento sustentable” de cuatro años, a una tasa promedio cercana al 9% anual, complementado con un escenario internacional favorable.
Para no ser menos, la ministra publicitó que la inversión trepó más del 160% desde que asumió Kirchner. Medida a precios constantes (ajustados por inflación), fue del 21,7% del PBI en el 2006, inferior a la del 24% de 1980 y todavía insuficiente para sostener el alto crecimiento en el largo plazo. En la última década se destinó a emprendimientos nuevos, como los de ciertas automotrices, y en el 2006 prevalecieron la construcción de viviendas y las obras públicas, las nuevas mineras, hoteles, industrias alimenticias, químicas y eléctricas y las ampliaciones en hidrocarburos, otra vez el rubro alimentos, automotrices, siderúrgicas, metalúrgicas, comunicaciones y transporte, mayormente de capitales nacionales, con participación de pymes.
Desde el tercer trimestre del 2005 hasta igual período del año pasado se incorporaron a la economía 55.000 empresas, pero dejaron de actuar 45.000. Por otra parte, en el 2006 hubo 1.432 fusiones y adquisiciones, por unos 7.000 millones de dólares, provenientes principalmente de Brasil y los Estados Unidos, que superaron a las del 2005 en más del 50%, cuando se frenaron en 4.500 millones.
La inversión extranjera directa (IED) proporcionó en los primeros nueve meses del año pasado 3.393 millones de dólares, contra 4.004 millones de idéntico período del 2005, es decir que cayó el 15%, de acuerdo con el balance de pagos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Esto habría sido por la salida de la francesa Suez de Aguas Argentinas y la baja formación de capitales de concesionarias de servicios públicos, consecuencia de la política gubernamental de tarifas y precios. 
La titular de la agencia difundió los objetivos de la ADI en Estados Unidos ante banqueros y empresarios y presentó un informe sobre la rentabilidad de las multinacionales aquí radicadas. En Italia, acordó con dirigentes de Cofindustria preparar misiones interesadas en la agroindustria, metalmecánica, energías alternativas y turismo y conversó con responsables de proyectos de Pirelli y Candy (electrodomésticos). En Francia, concurrió al comité de inversiones de la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico) y se encontró con representantes de variados sectores, excepto los de infraestructura, servicios públicos y energía, inherentes a Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Recientemente, en Buenos Aires, invitó a miembros de la comisión de Estrategia-País de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) a que participen de la ADI.

“Estabilidad y confianza”

BUENOS AIRES.- Como pocos países en el mundo tienen la tasa de crecimiento de la Argentina, “si al final de este ciclo largo nos vamos a encontrar sin haber contribuido con inversiones, creo que vamos a pensar que perdimos una gran oportunidad”, planteó Paolo Rocca, presidente de la Organización Techint y de la Fundación Observatorio Pyme de la Unión Industrial Argentina. No obstante, advirtió que se necesita “estabilidad y confianza” para que las empresas inviertan y amplíen su capacidad productiva, además de acceso y un monitoreo sobre los términos de intercambio con Brasil y China. Si bien defendió el esquema macroeconómico que mantiene el gobierno, insistió en que se requieren medidas para fomentar las inversiones privadas y que favorezcan la reinversión de utilidades, así como también una mayor protección aduanera para el sector de las manufacturas.
La necesidad de reflotar el proyecto de ley pyme, enviado al Congreso por el ex ministro Roberto Lavagna, que apuntaba a eximir del Impuesto a las Ganancias a utilidades reinvertidas por los empresarios de menor envergadura, fue solicitada por Héctor Méndez, presidente saliente de la central fabril. No obstante, el 60% de los pequeños y medianos empresarios industriales previó incrementar sus inversiones este año y sólo el 20%, incorporar personal nuevo.
Felisa Miceli, ministra de Economía y Producción, salió al cruce de tales opiniones y publicitó la evolución del Producto Bruto Interno (PBI) y las medidas adoptadas para fortalecer el crecimiento, como la bonificación de tasas crediticias, que permitió a unas 15.000 pymes obtener más de 1.500 millones de pesos, y los préstamos por un total de 1.000 millones, ofrecidos a una tasa fija del 8,9% anual.
“Hay una gran oportunidad de conseguir mucha más inversión de portafolio (financiera), pero eso pasa no necesariamente por falta de confianza sino por temas regulatorios que seguramente el gobierno argentino quiere mirar con cuidado”, dijo Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, en la mismísima Casa Rosada porteña, el mes pasado, donde aprobó un crédito de 240 millones de dólares para mejorar el aprovechamiento del agua en Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca y Chaco.
El país “aún está en la lista negra de los inversores”, aseveró Guillermo Calvo, ex economista del Banco Interamericano de Desarrollo y docente en la Universidad de Columbia, de Estados Unidos.
No sería “sólo culpa de este gobierno” sino de la ruptura de “muchas reglas y contratos” y a que “se sumaron frustraciones”. Por eso recomendó “trabajar muy duro para recuperar la confianza externa, sobre todo para inversiones de largo plazo y servicios públicos”.
“Mejorar ciertos aspectos institucionales, de infraestructura –como disponibilidad de energía, puertos, rutas y transporte aéreo– y calidad educativa”, fue sugerido por Alberto Schuster, director ejecutivo de KPMG Argentina, que integra una red global de firmas que proveen servicios de auditoría, impuestos y asesoramiento.

Nacimiento y posterior relanzamiento

BUENOS AIRES.- Durante la segunda presidencia de Carlos Saúl Menem, en 1997, se creó la Agencia de Desarrollo de Inversiones (ADI). Dependía de la entonces Secretaría de Industria, Comercio y Minería de la Nación, a cargo de Alieto Aldo Guadagni, posteriormente vicecanciller y hasta hace poco tiempo representante de la Argentina ante el Banco Mundial.
Aunque parecía superponerse con la Fundación Invertir, de naturaleza mixta, le asignaron las responsabilidades de identificar y difundir oportunidades de negocios en distintos sectores y regiones y suministrar información económica, financiera, impositiva, educacional, técnica, legal y cualquier otra que sirviera a los interesados para adoptar decisiones. Guadagni llegó a viajar a distintos países en procura de nuevas inversiones, en giras organizadas por la ADI.
Con Néstor Carlos Kirchner como presidente de la Nación y Roberto Lavagna como ministro de Economía y Producción, en el 2005 se consideró que el nivel de inversiones era alto y había llegado el momento de “enfrentar algunas falencias, como la difusión de los instrumentos disponibles para alentarlas” (algunos aún vigentes).
Lavagna relanzó la ADI en setiembre de dicho año, con un consejo empresario asesor, para promover las inversiones locales y extranjeras (de las mil firmas más grandes del país, el 44% estaba controlado por capitales externos).
Convocó a directivos de firmas de una amplia gama de sectores, con presencia en otras naciones, como Aceitera General Deheza, Arcor, Atanor, Biosidus, Dow Chemical, Impsa, Ledesma, Los Grobo, Las Marías, Peugeot, Techint y Volkswagen, entre otros, y los bancos Citi, Francés, Galicia y Macro/Bansud.
Por entonces, la ADI había recibido medio centenar de consultas, en su mayoría de Estados Unidos, Canadá, Australia, Chile y España, relacionadas con “call centers”, gastronomía, alimentos congelados y minería.
Por otra parte, la “Red de agencias de desarrollo productivo”, sin fines de lucro, era articulada desde la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional para la integración regional y sectorial de las micro, pequeñas y medianas empresas (mypymes).
Hace aproximadamente un año, el senador nacional Luis Falcó quiso averiguar lo actuado por la ADI y si dispondría de presupuesto propio en el 2007 y cómo estaría conformada su estructura. Dejó entrever que tenía cuatro empleados y que en el Ministerio de Economía y Producción evaluaban dotarla de fondos propios para darle mayor capacidad funcional.