Poco a poco se va tomando conciencia de que las moratorias previsionales implican erogaciones de magnitudes fiscalmente desestabilizadoras. Falta ahora asumir que el esquema montado deja sin resolver gran parte de los problemas de pobreza que afectan a los mayores. En algunos casos, porque estas personas no tienen recursos para gestionar la moratoria. En otros, porque el monto fijado para la prestación es insuficiente para que los hogares más humildes superen la línea de pobreza, según sostiene en un reciente informa el Instituto para el Desarrollo Social Argentino.
El impacto fiscal de las moratorias previsionales comienza a ser tenido en cuenta por los analistas financieros a medida que la contabilidad de “caja” del Estado comienza a mostrar importantes aumentos en el gasto público. De todas formas, se trata apenas de los primeros síntomas. En primer lugar, porque parte del gasto sigue reprimido gracias a la congestión administrativa de la ANSES, que no logra procesar todas las potenciales solicitudes. En segundo lugar, porque las personas que han logrado acceder al beneficio recién cobrarán el beneficio completo dentro de 5 años, cuando le dejen de “descontar” la moratoria. Con una mirada que va más allá de la contabilidad “de caja” aparece con claridad que las moratorias previsionales han generado un problema financiero grave para el que no se están previendo las soluciones.
Sin minimizar la importancia de la cuestión financiera, cabe preguntarse si las moratorias resuelven el problema social de las personas mayores que viven en la pobreza. Procesando datos de la EPH del INDEC y extrapolándolos para el total de la población del país, se puede observar el siguiente panorama:
* En Argentina habría aproximadamente 300.000 hogares pobres, donde al menos uno de sus miembros es una persona mayor sin cobertura previsional.
* Estos hogares necesitarían, en promedio, aproximadamente $ 310 por mes para poder superar la línea de pobreza. 
* Con $ 250 por mes, que sería el haber inicial neto de la cuota de la moratoria, casi la mitad de estos hogares no podrá superar la línea de pobreza.
Estas estimaciones dan una idea de la bajísima eficacia social de las moratorias. Muchos mayores pobres no van a acceder a la jubilación porque no cuentan con la información ni con los recursos que se necesitan para enfrentar los trámites complejos que exigen las moratorias y que finalmente sólo los gestores pueden realizar. Los pocos que superen estas barreras burocráticas y consigan la jubilación, no siempre van a superar la condición de pobres debido a que el monto de la prestación es insuficiente. Incluso dentro de 5 años, cuando terminen de pagar la moratoria y pasen a cobrar el haber mínimo, una fracción importante de las familias más humildes seguirán viviendo por debajo de la línea de pobreza.
Los recursos necesarios para cerrar la brecha de la pobreza, es decir las erogaciones que debería afrontar el Estado para que todos los hogares pobres que tienen al menos un adulto sin cobertura previsional superen la pobreza, se estima en el orden de los $ 1.100 millones anuales. Este es el costo que insumiría darle un subsidio de unos $ 310 mensuales promedio a los 300.000 hogares pobres. Sin embargo, las erogaciones adicionales que van a producirse con las moratorias son del orden de los $ 7.300 millones los primeros 5 años y luego de unos $ 12.600 millones suponiendo que, una vez descongestionada la ANSES de los actuales 800.000 beneficios, se llegue a unos 1,5 millones de nuevos jubilados.
En otras palabras, se ha comprometido a futuro un gasto fiscal por un valor que es más de 10 veces mayor a los recursos socialmente necesarios y, sin embargo, no se va a erradicar la pobreza entre los adultos mayores. Esto implica que muchas familias pobres con un adulto mayor a cargo deberán seguir esperando una solución para su angustiante situación. En contrapartida, una gran masa de recursos se está canalizando a la burocracia y la intermediación. En este sentido, los gastos administrativos de la ANSES se han multiplicado casi por 3 respecto al nivel observado en el año 2000, porque se necesitan más recursos para paliar las filas interminables que diariamente se generan para hacer tramites previsionales. Adicionalmente, las moratorias van a implicar honorarios para los gestores del orden de los $ 1.500 millones. A esto se suma el costo social y moral de las oportunidades de corrupción que se generan con los trámites administrativos complejos.
Cuando se trata de entender por qué la distribución del ingreso es tan regresiva en Argentina y no mejora, aun en contexto económicos muy favorables, estas moratorias previsionales brindan un ejemplo extremadamente ilustrativo. Por un lado, se monta un mecanismo que redistribuye una enorme masa de recursos públicos sin contemplar su sustentabilidad más allá del muy corto plazo. Por el otro, la mayor parte de estos recursos son destinados a favorecer a los segmentos de ingresos medios y altos (incluyendo la burocracia, la corrupción y los intermediarios), mientras las familias de más bajos ingresos participan con migajas en esta gran redistribución de ingresos que ejecuta el Estado.