Los datos recientemente difundidos por el INDEC señalan que se sostiene el descenso en la pobreza. Sin embargo, el proceso está cada vez más condicionado por el elevado nivel de informalidad que prevalece en el mercado laboral, destaca un reciente informe de Idesa. Las experiencias de otros países sugieren que para avanzar hacia un mayor nivel de equidad es clave inducir la formalización a partir de instituciones laborales y sociales que se adapten mejor a las posibilidades de las pequeñas empresas.
El INDEC informó que el empleo no registrado y la pobreza siguieron bajando en la segunda mitad del 2006. De todas formas, en ambos indicadores se presentan niveles todavía muy elevados. En un contexto en el que el país ha crecido durante 4 años al 9% anual, que casi la mitad de los asalariados en el sector privado siga trabajando “en negro” y más de 1 de cada 4 argentinos siga viviendo en la pobreza es una fuerte señal de alerta. La bonanza económica ayuda, pero no es suficiente para generar prosperidad social.
Observando la experiencia de países vecinos se pueden identificar algunos de los factores claves que estarían condicionando la posibilidad de lograr mejoras más sustanciales en los indicadores sociales en Argentina. En base a datos del INDEC y procesamientos de encuestas de hogares de varios países de la región que difunde el CEDLAS, se pueden observar tipologías de casos que ilustran los diferentes resultados que acarrea la adopción de diferentes estrategias:
* Paraguay es un país de menor nivel de desarrollo, con informalidad masiva (77% de empleo no registrado) y elevada incidencia de la pobreza (38% de la población).
* Chile tiene un nivel de desarrollo intermedio, mucha menos informalidad (23%) y la tasa más baja tasas de incidencia de la pobreza de América Latina (19%).
* Argentina tiene un nivel de desarrollo parecido al de Chile, pero sus tasas de empleo no registrado y pobreza son mucho más altas (43% y 27%, respectivamente).
Los datos sugieren que la Argentina tiene una conformación social que no se condice con su nivel de desarrollo. Chile, con similares o incluso menores potencialidades desde el punto de vista del tamaño y la disponibilidad de recursos naturales, muestra mejores indicadores sociales. Hay evidencias para señalar que la diferencia de criterio que se aplica en el diseño de las instituciones sociales juega un rol preponderante a la hora de explicar el mejor desempeño social de Chile con respecto a Argentina.
Definir mecanismos de protección complejos y burocráticos, que dan cabida a elevados niveles de litigiosidad y que para cuyo financiamiento es necesario aplicar elevados impuestos al salario, trae como consecuencia la segmentación del mercado laboral. Bajo estas condiciones, en general, la protección sólo llega a los trabajadores de mayor nivel de calificación, quienes tienen la posibilidad de ocupar puestos de trabajo de elevado nivel de productividad, mayoritariamente en empresas grandes o medianas, y que acceden a los circuitos más modernos y dinámicos de la economía. Tienen buenos salarios, estabilidad en el empleo y la posibilidad de que su empresa pueda pagar los costos de la seguridad social y la legislación laboral.
En cambio, los trabajadores de menor nivel de educación, debido a sus bajos niveles de preparación, sólo pueden ocupar puestos de trabajo de baja productividad, en general, en empresas chicas. Al ser unidades productivas de bajo nivel de facturación, débiles desde el punto de vista administrativo y financiero y muy vulnerables a las variables del entorno, sólo pueden generar puestos de baja productividad. Esto tiene asociado salarios más bajos, inestabilidad en el empleo y la imposibilidad de que la empresa pueda hacer frente a los costos de la seguridad social y de la legislación laboral.
Paraguay aplica regulaciones laborales y de la seguridad social con orientaciones parecidas a las de Argentina. El resultado es que las normas protegen a un cuarto de los trabajadores, mientras que el resto opera en la informalidad generando una elevada incidencia de la pobreza. En la Argentina, el resultado es análogo salvo por el hecho de que gracias a su mayores potencialidades el segmento protegido es proporcionalmente más grande. Pero la lógica de la segmentación es parecida, lo que condiciona seve- ramente las posibilidades de construir una sociedad más integrada.
Un enfoque diferente en el diseño de los mecanismos de protección laboral se aplica en Chile. Por ejemplo, mientras que en Argentina los impuestos al salario representan aproximadamente el 40% del salario bruto, en Chile, ese mismo costo ronda el 23%. En la medida en que hay un entorno regulatorio más amigable, especialmente desde la perspectiva de las de las pequeñas empresas, el nivel de cumplimiento aumenta. Asociado a ello, la protección laboral es mucho más efectiva, porque tiende a ser universal, en lugar de sólo cubrir a la “elite” de trabajadores más calificados como ocurre en Paraguay y Argentina.