El Estado se apura en un tema que debería ser de intenso debate.

La deuda previsional no registrada apunta a una nueva crisis fiscal.

En un reciente trabajo del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) se alerta sobre el riesgo que implica encarar una reforma previsional como la que está en marcha en la Argentina sin medir las consecuencias para las arcas del Estado, lo que abriría la puerta para una crisis fiscal en el largo plazo.
El informe sostiene que, en los países democráticos, reformas como la del sistema previsional van precedidas de intensos debates políticos sustentados en rigurosos trabajos técnicos. Si en la Argentina se siguiera esta regla institucional, se podría evitar la toma de decisiones apresuradas cuyas consecuencias pueden significar graves problemas en el futuro; por ejemplo, dejar de instrumentar políticas que acentúan la regresiva distribución del ingreso y que significan aumentos de gastos por montos similares al actual superávit de “caja” del Estado. 
La propuesta de reforma debe analizarse en el marco de los cambios que se están incorporando en el sistema previsional y que impactan en la equidad y en la solvencia intertemporal del sistema. Algunas acciones son por omisión, como es el poco apego al mandato constitucional de que los haberes previsionales deben ser móviles, y otras, por acciones instrumentadas con escasos debates y estudios técnicos, como las moratorias para dar jubilaciones a personas que no tienen aportes.
Datos aproximados brindan un panorama de las enormes magnitudes de recursos fiscales que ya están comprometidos.
• Se estima que hay 720.000 beneficios jubilatorios a los que no se les aplicó apropiadamente la movilidad previsional, de manera que vía la intervención judicial se producirá un aumento del gasto previsional del orden del 0,27% del PBI.
• Por las 840.000 personas que ya ingresaron en el sistema previsional gracias a las moratorias, el gasto en la materia tuvo un aumento del orden del 0,65% del PBI.
• Si se supone que finalmente ingresarán 1,5 millones de personas dentro de cinco años, cuando se deje de descontar la cuota de la moratoria el aumento del gasto previsional será del orden del 2% del PBI.
El volumen de recursos comprometidos es muy indicativo de que la reforma presentada al Congreso debe ser analizada en función de estos antecedentes y, más específicamente, de las definiciones que en temas previsionales se adoptaron en el Presupuesto nacional 2007. Por ejemplo, la previsión presupuestaria fue elaborada bajo la suposición de que la Anses aumentaría la cobertura, en el 2007, a 3,7 millones de jubilados y pensionados, pero ya en enero –debido fundamentalmente a las moratorias–  tuvo que pagar más de 4 millones de beneficios. En igual sentido, en el Presupuesto se fijó como “movilidad” de los haberes un 13% de incremento a partir de enero, siendo que para muchos jubilados esto significa un incremento de apenas el 25% cuando la inflación acumulada es de casi el 90%. Como ya fue anunciado, los juicios de inconstitucionalidad serán nuevamente presentados a la Justicia bajo el argumento de que el Congreso no respetó el mandato de la Corte y es altamente probable que el cuestionamiento sea receptado positivamente.
En este contexto, derivar los aportes de los indecisos y de algunas personas que voluntariamente pasen a reparto es una manera de generar alivio financiero, pero de corto plazo. Es decir, la Anses tendrá recursos para pagar la subestimación con la que se realizó el Presupuesto 2007, tanto en relación con el ingreso de beneficiarios a través de la moratoria como con los juicios que sobrevendrán al ignorar el mandato de la Corte. Sin embargo, es “pan para hoy y hambre para mañana” porque se están generando recursos a costa de contraer obligaciones futuras, con el agravante de que estos compromisos son más altos que los ingresos presentes que recibe el Estado. En otras palabras: pasar gente a reparto es análogo a contraer una deuda (que la contabilidad pública no registra) a una tasa de interés extremadamente alta.
En los ’80, los desequilibrios fiscales se financiaban principalmente con emisión monetaria exagerada, por eso el detonante de la crisis fue la hiperinflación. En los ’90, el desequilibrio fiscal persistió pero el mecanismo utilizado para diferir la crisis fue el endeudamiento explícito exagerado, por eso el detonante fue el default. En la actualidad se está gestando un fenómeno parecido pero con endeudamiento no registrado, por eso –aunque el superávit de “caja” aparenta ser un síntoma de solvencia– la deuda previsional no registrada es un indicio de que se avanza hacia una nueva crisis fiscal.