El gobierno ha decidido darles la “libertad” de opción a los afiliados del sistema previsional de capitalización para que se pasen al estatal de reparto. Además, se asignarán a este último aquellos nuevos aportantes que no opten expresamente por alguna AFJP, siendo hoy a la inversa.
Lo primero que se debe aclarar es que lo que constituiría una verdadera “libertad” sería eliminar el aporte obligatorio a un sistema determinado por el gobierno o acotarlo a un mínimo que garantizara que la sociedad no me tendrá que mantener en mi vejez. Luego, cada uno decidiría libremente cómo ahorrar para su jubilación.
Cuando alguien hace un aporte al esquema de reparto está comprándole al Estado un compromiso de pago de una determinada suma una vez que se jubile. Es decir, es como comprarle un título público que pagará cupones mensuales durante su etapa pasiva. Sin embargo, los gobiernos contabilizan estos aportes como ingreso corriente y no como endeudamiento estatal: ello les permite gastárselos alegremente. En definitiva, será algún otro gobierno en el futuro el que deberá juntar los recursos que se despilfarraron y cumplir con el compromiso asumido por el Estado.
Aun para los países ricos con sistemas de reparto bien administrados, este endeudamiento es el principal problema fiscal a futuro. Cada vez hay menos aportantes por jubilado debido a la prolongación de la expectativa de vida y a la menor tasa de natalidad.
La Argentina, por errores de implementación, quizá pagó un costo innecesariamente alto para llegar a la solución pero, ¿para qué volver al problema? Aquí, el estallido se adelantó por la irresponsabilidad de los anteriores administradores. Ahora, ¿podemos confiar en que los actuales y futuros gobernantes serán eficientes?
En el pasado se ingresaban masivamente jubilados que no habían hecho aportes, lo cual desfinanciaba la capacidad de pago a los que sí habían hecho su esfuerzo, pero ello significaba muchos votos. En el 2006, se implementó una moratoria por la que aquellos que no habían cumplido con sus aportes, con sólo pagar un mes empezaban a recibir una jubilación. Esto implicará que este año (cuando hay elecciones presidenciales) el sistema previsional tendrá que gastar más de 4.000 millones de pesos en unas 900.000 nuevas pasividades (¿votantes?).
Con esa suma se podrían haber aumentado las jubilaciones durante este año en alrededor del doble de lo que efectivamente se incrementaron. Desde el 2002, a pesar de que la ley de emergencia previsional decía que las pasividades debían aumentar a la velocidad de los recursos de la Anses –que casi se triplicaron–, los haberes superiores a la mínima lo hicieron poco más del 24%. El gobierno decidió usar la diferencia para aumentarles mucho más a los jubilados que tenían la “mínima” y para financiar gasto del Estado nacional.
Es cierto que debemos ser solidarios con los que menos tienen porque aportaron poco o nada, pero con los recursos de todos los argentinos y no con los de los que se sacrificaron toda la vida aportando para recibir hoy una jubilación que dista de ser justa. El problema es que es políticamente inconveniente aumentar impuestos o reducir otras erogaciones en un año electoral.
Desde el 2001, debido a la recesión, y para fomentar el consumo, se bajaron los aportes al sistema de capitalización del 11 al 5%, y hoy están en el 7%. Recientemente esta reducción se volvió a prorrogar.
Pregunto: si la medida es tan buena, ¿por qué no disminuimos también el 11% que va al sistema de reparto? Porque esa plata la gastan nuestros funcionarios, mientras que la del sistema de capitalización sólo implica adelantar el gasto privado futuro al presente. Esto es “políticamente” muy bueno porque incentiva el auge económico de corto plazo en un año electoral, aunque disminuya nuestro nivel de vida al jubilarnos.
En el 2001, en medio de la crisis fiscal, las AFJP optaron por canjear títulos públicos por préstamos con mayor plazo de vencimiento y menor tasa de interés, porque tenían el beneficio de garantizar su pago con recaudación tributaria. Sin embargo, este gobierno decidió incumplir ese compromiso e incluirlos dentro del canje de bonos en cesación de pago y ni nuestra Justicia ni nuestros legisladores dijeron nada. Conclusión: el Estado se apropió de casi la mitad de los ahorros acumulados por los aportantes hasta ese momento. Esto demuestra que los gobiernos siempre encontrarán la forma de “manotear” parte de los recursos del sistema previsional privado. Sin embargo, en la cuenta que está a su nombre en la AFJP, siempre quedará algo. En cambio, seguro podrán despilfarrarse todo lo que aporte al sistema de reparto estatal, pues no habrá forma de que usted lo note con facilidad... ¿les va a confiar el asegurarle un nivel de vida digno cuando se jubile?
Dicen que “para muestra, basta un botón”, y a estos muchos “botones” les podríamos sumar muchos más. Cuando las personas que están en el sistema de reparto tengan que cobrar, se encontrarán con que éste no puede cumplir con lo prometido (pregúntenles a sus abuelos) y los futuros contribuyentes deberán pagar más impuestos para aliviar parcialmente dicha pérdida. Por eso, lo mejor es eliminar la posibilidad de ir al sistema estatal e implementar una legislación que proteja los ahorros que hacemos para nuestra vejez en las AFJP de la “voracidad gastadora” de nuestros gobiernos.