La actividad tabacalera en la Argentina aumentó durante el año pasado un 12,5% –lo mismo que la producción de cigarrillos– y se ubicó en el quinto lugar entre las que registraron mayores tasas de crecimiento del estimador mensual industrial (EMI) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Sólo la precedieron la automotriz (32,2%), cemento (16,9%), otros materiales de la construcción (16,6%) y carnes blancas (14,7%).
A su vez, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, que recibe las declaraciones juradas de las fábricas, registró para el 2006 ventas de 1.989 millones de paquetes de 20 cigarrillos, lo que significó un incremento del 7% frente a los 1.865 millones del 2005.
Hubo coincidencias en atribuir las mayores ventas a las caídas del contrabando y la falsificación (ver aparte), el lanzamiento de marcas de bajos precios e incluso la recuperación económica y las mejoras salariales.
Esto sucedió pese a que “desalentar el consumo de tabaco es una política de Estado continua y permanente”, como se publicitó oficialmente. El “Programa nacional de control de tabaco”, lanzado en el 2003, subrayó en octubre pasado que en el país “mueren 40.000 personas al año a causa del tabaco, hay 8 millones de fumadores, fuma el 33,5% de los adultos, comienzan a hacerlo 500 adolescentes por día y se gastan más de 4.330 millones de pesos anuales para atender enfermedades provocadas por el consumo”.
Si bien el presidente Néstor Carlos Kirchner firmó en setiembre del 2003 el “Convenio marco para el control del tabaco”, promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la primera cumbre de Ginebra (Suiza) hace un año, la Argentina sólo pudo participar con voz pero sin voto, porque aquí el Congreso no lo ratificó.
El Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación y varios gobiernos provinciales y municipales encararon campañas contra el cigarrillo. Recién en agosto del 2005 el Poder Ejecutivo Nacional envió un proyecto al Congreso para que no se fumara en lugares cerrados con acceso público y que establecía, además, un precio mínimo “de protección salud”, de acuerdo con la definición de Ginés González García, titular de Salud, y prohibía las publicidades de tabaco en la vía pública y en los medios de comunicación.
Aunque en la mencionada cartera calcularon que el consumo per cápita de cigarrillos bajó en los últimos tres años del 52,2 al 51%, la Unión de Quiosqueros de la República Argentina advirtió que las ventas no experimentaron ninguna merma pese a la ofensiva antitabáquica y continúan representando del 50 al 60% de los ingresos de esos locales.
La Cámara de la Industria del Tabaco (CIT) –integrada por Massalin Particulares (subsidiaria de Philip Morris) y Nobleza Piccardo (British American Tobacco)– suscribió un “Acuerdo de recaudación impositiva” con el Ministerio de Economía y Producción. Por el mismo, se comprometió a recaudar 8.600 millones de pesos desde el 1 de octubre último hasta el 30 de setiembre de 2008, de los cuales obtendría 4.200 millones en los primeros doce meses. Este acuerdo reemplazó al vigente desde el 2004 hasta el 1 de marzo pasado que, a su vez, mantuvo el del 2000, con un  “Fondo de asistencia social” (FAS) del 7% (se mencionó que treparía al 21%).
La primera de las fábricas mencionadas volvió a solicitar  una presión tributaria no inferior al 75% de lo abonado por la categoría más vendida y la segunda reiteró su reclamo para que se implemente un sistema de registros para la fiscalización y el control. Ambas peticiones aparentemente fueron formuladas para evitar que las compañías más chicas –Espert (“Melbour”), Coimexport (“V8” y “357”), Dólar (“Macedonia” y “Boxer”) y  Cooperativa Tabacalera de Jujuy (“CJ”)– pagaran menos impuestos y siguieran ganando posiciones con productos de bajo precio. Esto obligó a las dos multinacionales a lanzar los suyos. Lo cierto es que todas las marcas más baratas alcanzaron una participación en el mercado del 13%.
La Unión de Tabacaleros Pymes Argentinos (UTPA, que  representa a Espert, Dólar, Coimexpor, Tabacalera Sarandí y Cooperativa Jujuy) se constituyó el año pasado como consecuencia de los decretos que imponían un impuesto especial y para intentar un amparo judicial.
La cartera a cargo de Felisa Miceli se comprometió a impulsar en el Congreso el tratamiento de un proyecto de ley que proporcione respuestas a los planteos formulados por  las dos grandes fábricas.
Casi simultáneamente, la CIT comprometió “sus mejores esfuerzos” para cumplir con las metas de recaudación, mantener sus planes de inversión y las fuentes de trabajo y continuar colaborando contra la informalidad. En noviembre pasado, aumentaron los precios del 3 al 6,6%, “reacomodamiento” que se sumó al propósito recaudador de acuerdo con lo argumentado por una de las empresas.
Pese a la evolución, ambas siguieron autorregulando su  publicidad –la Organización Mundial de la Salud (OMS) aseveró que ésta es la herramienta más poderosa para el consumo del tabaco–, sin pautar avisos en televisión y radio, excepto algunos institucionales. Las dos reforzaron sus apariciones en la vía pública hasta que este año entró en vigencia la ley 1.799, que regula el consumo, la publicidad y la comercialización de cigarrillos en la ciudad de Buenos Aires. Dicha norma dictaminó, por otra parte, que “el titular o responsable de un establecimiento que expenda o provea cigarrillos, cigarros o tabaco, en cualquiera de sus formas, a personas menores de 18 años será sancionado con multa de 50 a 500 pesos”.
Las restricciones para fumar en espacios públicos ya estaban vigentes en Tucumán, Catamarca, Córdoba, Chaco, Chubut, Formosa, Mendoza, Posadas y Santa Fe.
Las principales tabacaleras iniciaron este año con distintos aumentos, por considerar que estaban retrasados en función de sus costos y las metas fiscales a cumplir y la necesidad de atender el aumento del 23% en el precio del tabaco reclamado por los productores. 
La participación de la Argentina en la producción mundial de tabaco es de casi el 2% y, de los 160 millones de kilogramos obtenidos anualmente, exporta el 80%. Se trata de cultivos regionales importantes, principalmente para Jujuy, Salta y Misiones, que concentran el 83%. En los últimos años, la demanda se concentró en los tabacos “claros” por la internacionalización del denominado “gusto norteamericano” y el creciente consumo de las mujeres.

En el mercado total de cigarrillos, las incidencias del contrabando y las falsificaciones disminuyeron del 13,6 en el 2005 al 6% el año pasado, según Nobleza Piccardo (NP). Esto se atribuyó a los esfuerzos desplegados desde la Secretaría de Seguridad de la Nación para impedir tales delitos y a que las grandes fábricas lanzaron marcas de bajos precios. De cualquier manera, tales operaciones ilegales aún impedirían que el Fisco percibiera unos 200 millones de pesos anuales.
Tras la devaluación del peso, esas ventas marginales cayeron al “piso” histórico del 12% en el 2002, cuando pareció que la Argentina ya no atraía a las organizaciones “especializadas” ya que en dólares los cigarrillos locales pasaron a tener precios competitivos. Después, cuando éstos aumentaron, los ilegales fueron oscilando hasta alcanzar el resultado citado.
A las reiteradas campañas de NP para denunciar cuanto ocurre, en su momento adhirieron la Cámara Argentina de Comercio, la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy, el Sindicato Unico de Empleados del Tabaco de la República Argentina, la Federación de Trabajadores del Tabaco de la República Argentina y la Unión de Quiosqueros de la República Argentina. 
La consignada filial local de British American Tobacco señaló que Ciudad del Este (Paraguay) sería uno de los principales centros para tales operaciones. Tuvo en cuenta, también, que el Ministerio de Industrias del vecino país reconoció en el 2005 que allí había 37 fábricas, con capacidad instalada para producir alrededor de 100.000 millones de cigarrillos al año. Como harían 40.000 millones para un consumo de 3.000 millones y exportaciones de 2.000 millones, se desconocía el destino de 35.000 millones.
Semejante ilegalidad comenzó a notarse en zonas de frontera y paulatinamente se extendió a importantes ciudades. El estudio indicó que se concretaría en el 55% de los puntos de venta relevados a nivel nacional. Además, demostró el ingreso de falsificaciones de marcas tradicionales, aquí fabricadas bajo licencia, y que tres procedentes de la nación limítrofe representaron casi el 70% del problema, aun cuando en el Paraguay se fabricaban 186 (algunas arriban, asimismo, a Brasil y Uruguay).
Las tabacaleras nacionales que compiten con precios más accesibles para los consumidores de escasos ingresos obligaron a las multinacionales también a sacarlos, algo que hasta permitió contrarrestar maniobras de contrabando. Como parte del reciente “Acuerdo de recaudación impositiva” suscripto por la Cámara de la Industria del Tabaco (CIT), sus integrantes se comprometieron a seguir colaborando en la lucha contra la informalidad.

Los impuestos llegan al 68,1%

Una de las principales fábricas de cigarrillos documentó que, del precio de venta al público, hasta octubre pasado el 68,1% correspondía a gravámenes especiales de recaudación estatal y el 31,9% restante, a la industria y la distribución.
Los impuestos internos (47,4%) y al valor agregado (6,6%) son recaudados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
El “Fondo de asistencia social” (FAS) tiene como destino específico la financiación de programas sociales y/o de salud, “Cambio rural” y “Social agropecuario”. Anualmente, la ley de presupuesto nacional de gastos y recursos determina aquellos que serán beneficiados. Como tienen destinos específicos, la AFIP no coparticipa lo percibido con las provincias.
El “Fondo especial del tabaco” (FET), a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, financia el “Proyecto de reconversión de áreas tabacaleras” (PRAT). Este orienta, coordina y supervisa acciones tendientes a la modernización, la reconversión, la complementación y la diversificación, tanto en la producción primaria como en la cadena agroindustrial asociada.
Si bien el impuesto sobre los Ingresos Brutos es percibido por los fiscos provinciales, lo centraliza el “Sistema de recaudación y control de grandes contribuyentes” (Sicom), que luego efectúa la distribución en función de lo que corresponde a cada provincia. Pese a toda esta presión impositiva, la demanda continúa firme en el mercado.