La inflación desencadenada luego de la devaluación licuó una proporción elevada del gasto público. Entre los fenómenos más importantes que contribuyeron a recomponer el equilibrio de las finanzas públicas, se destaca la caída en términos reales de jubilaciones y salarios públicos.
Una de las particularidades de este tipo de ajuste fiscal es que tiene efectos inmediatos pero transitorios. Así lo destaca un reciente informe elaborado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) que remarca el fuerte crecimiento del gasto público que se viene verificando en los últimos meses en los tres niveles de gobierno.
En la medida en que el impacto de la licuación se diluye, comienzan a reaparecer los antiguos problemas estructurales que caracterizan la organización del sector público. Uno de ellos se relaciona con la baja calidad en la gestión de los recursos humanos.
Un primer tema clave es la política de contrataciones.
El informe en cuestión destaca que, según datos de la Secretaría de Hacienda referidos al Poder Ejecutivo Nacional y a otros entes no financieros, y excluidas las empresas públicas, la dotación de trabajadores contratados evolucionó de la siguiente forma:
• A mediados del 2001 había 262.000 empleados públicos.
• El empleo muestra una pequeña caída en el 2002 y luego inicia un proceso de incrementos crecientes, llegando a 283.000 en abril del 2006.
• En el último año el incremento neto fue de 10.000 empleos, lo que implica que, además de reemplazar las renuncias y jubilaciones, se están incorporando al plantel de empleados públicos más de 40 personas por día hábil.
En materia de remuneraciones tampoco hay signos de austeridad. La misma fuente indica que el promedio del salario que pagó el sector público nacional fue, en abril del 2006, de 2.042 pesos. Para el mismo mes el Ministerio de Economía calculaba la remuneración promedio del sector privado formal en los 1.552 pesos, casi un 25% menos que el salario público. Mientras, información extraída de la EPH señala que los empleados “en negro” cobraban apenas 540 pesos mensuales. El estudio asegura que las brechas son altas para todos los niveles de formación.
No hay una regla objetiva para determinar el tamaño óptimo del sector público y la dotación de necesidades de trabajadores que de ella se deriva.
En realidad, el rasgo que distingue a los países que progresan no guarda tanta relación con las dimensiones del sector público como con la eficiencia con la que funciona. El éxito depende de definir con racionalidad las funciones asignadas al Estado y generar las condiciones para que sean cumplidas con eficacia. En esto, un rol de decisiva importancia ocupa la gestión de los recursos humanos.
El problema del sector público argentino no es su tamaño sino su mal funcionamiento. Su impacto es determinante como limitante del desarrollo, ya que muestra poca capacidad para recaudar bien los impuestos, regular con solvencia las relaciones entre los privados y asignar con eficiencia y prioridades claras el gasto. Si bien son muchos los factores que explican la baja calidad de la gestión pública, el uso del empleo como herramienta para distribuir favores políticos y personales es uno de ellos.
En otra parte del trabajo, los técnicos de Idesa resaltan que la administración de los recursos humanos es un problema muy importante para el sector público nacional. Aún más relevante es para las provincias y los municipios donde, por el tipo de funciones que desarrollan, las erogaciones en personal representan más de la mitad del gasto total. En esos ámbitos se hacen aún más visibles los costos que tiene para la sociedad usar el empleo público como un botín político subordinado a la discrecionalidad de quien detenta el poder en cada momento.
