BUENOS AIRES.- El sistema de obras sociales sindicales y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) estuvieron por colapsar como consecuencia de la devaluación, la escalada de precios, la parálisis productiva, el desorden fiscal, los niveles de pobreza y el correlato político del 2001-2002. Semejante impacto afectó, también, a las empresas de medicina prepaga.
Entre aquel 2001 y noviembre pasado, entraron en concurso de acreedores o quebraron 178 clínicas, institutos de diagnóstico, empresas de emergencias, centros médicos y odontológicos y obras sociales.
Clínicas, entidades de prácticas médicas y obras sociales acumulaban en octubre del 2006 una deuda por obligaciones impositivas y de la seguridad social del orden de 1.800 millones de pesos, según el Ministerio de Economía y Producción, donde imaginaron facilidades de pago.
La recuperación comenzó a notarse desde el 2003, por la paulatina mejora de los salarios, la incorporación de más de un millón de personas al mercado laboral, y el alza de la recaudación tributaria por reducción de la evasión. El gasto en salud anual llegó a 34.900 millones de pesos.
Las prepagas no dejaron de incrementar sus cuotas en términos reales, por las mayores coberturas del Programa Médico Obligatorio (PMO) y la obligación de pagar el 10,5% del impuesto al valor agregado, a partir de enero del 2000. Curiosamente, Héctor Capaccioli, titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), consideró razonable analizar una exención tributaria, a mediados del 2006, teniendo en cuenta que compraban con el IVA y vendían al consumidor final, cuestión que en ese momento se pospuso para considerarla este año.
En octubre del 2006, se comentaron alzas del 20% para las clínicas y sanatorios, prestadoras tanto de la seguridad social como de las prepagas, a fin de “descomprimir un poco al sector”, siempre que no hubieran dispuesto correcciones para el segundo semestre del año.
Antes de aceptar aumentos en las cuotas de las prepagas, en la SSS aguardaban que el Congreso de la Nación sancionara una ley para regularlas. No hubo consenso y las expectativas fueron derivadas a lo que podría suceder en las próximas sesiones extraordinarias. Graciela Rosso, diputada nacional del Frente para la Victoria de la provincia de Buenos Aires –presentó el proyecto con su colega Patricia Vaca Narvaja, del FV de Córdoba–, explicó que la autoridad de aplicación sería una comisión integrada por la SSS y la Secretaría de Comercio Interior, que estudiaría las estructuras de costos y aprobaría las cuotas mensuales y sus modificaciones. Las firmas tendrían que incluir en sus planes como mínimo el PMO y serían autorizadas a suministrar prestaciones parciales a servicios de emergencia y empresas de alcance local con menos de 5.000 afiliados, pero no a mutuales y cooperativas.
En tanto Capaccioli buscaba generar condiciones para salir de la prolongada emergencia sanitaria en este 2007, las entidades representativas de las prepagas –con más de 3 millones de clientes– lanzaron un “cambio estructural”. Con el poder de convicción que las caracteriza, obtuvieron autorización para incorporar copagos a las prestaciones de la mitad de los abonados, o sea usuarios directos con contratos individuales, a quienes les mantienen los planes si acceden a abonar las correspondientes subas. La otra mitad corresponde a los usuarios corporativos que reciben las prestaciones a través de las empresas donde trabajan (ver aparte).
Capaccioli publicitó que se intentó arribar a “un buen acuerdo”, que garantice los servicios y las inversiones y, además, que las empresas compartan los riesgos y los mayores costos. Tuvo en cuenta que las prepagas tienen que pagar subas del 20% a los prestadores médicos y del 19% al personal del gremio de la Sanidad.
Todo esto ocurrió cuando dejaba de hablarse de los requerimientos de la Secretaría de Comercio Interior para que las prepagas presentaran sus estructuras de costos y trascendía el propósito oficial de elaborar un “plan social nacional de empresas de medicina prepaga”, que sería “un poco más” que el PMO y debería estar en constante revisión para incorporar tecnologías y medicamentos. Aceptaría los copagos, en principio para visitas ambulatorias y no para tratamientos prolongados de enfermedades, con un “valor social aceptable” de 10 a 15 pesos. Nobleza obliga, las prepagas destacaron “la capacidad de los equipos técnicos del gobierno que destrabaron satisfactoriamente el conflicto planteado”...
Las 289 obras sociales sindicales brindaban prestaciones, el año pasado, a casi 14,9 millones de personas, en tanto el PAMI llegaba en los papeles a 3 millones.
La desregulación permitió los traspasos, que la SSS calculó en 1,5 millón desde 1998. Entre enero y octubre del 2006 el ranking de mayores absorciones fue encabezado por la entidad de los Comisarios Navales, seguida por la del Turf y Personal de Control Externo, al parecer por firmar convenios con prepagas. Como contracara, las principales fugas se registraron en Empleados de Comercio, Construcción y Unión Obrera Metalúrgica.
Para captar más afiliados y distribuir mejor los costos hubo prepagas que se fusionaron. Firmaron, incluso, contratos de concesión y gerenciamiento de obras sociales, que de ese modo delegaron responsabilidades. A fines del año pasado, ya se derivaba el 30% de los aportes al sistema de salud solidaria.
Por otra parte, se analizó la posibilidad de una integración gradual, tras un acuerdo suscripto por las obras sociales provinciales, el PAMI y la citada superintendencia. Este último organismo, a través de su reciente “Cuarta carta compromiso con el ciudadano”, apuntó a recuperar el rol del Estado y fortalecer las herramientas de gestión, y hasta creó el cargo de “defensor del beneficiario de las obras sociales”.
Mientras tanto, el año pasado aumentó 9,8% el nivel general del índice de precios al consumidor para la Capital Federal y los partidos que integran el Gran Buenos Aires y uno de sus capítulos, el de “atención médica y gastos para la salud” (incluye medicamentos, accesorios terapéuticos y servicios), subió 8%...

El gobierno aceptó el cambio propuesto por las prepagas

BUENOS AIRES.- Para asegurar “la continuidad de un sistema de salud que no recibe subsidios o ventajas impositivas de tipo alguno”, la Asociación de Entidades de Medicina Privada (ADEMP) y la Cámara de Instituciones Médico Asistenciales de la República Argentina (CIMARA) publicitaron para este año un “cambio estructural”.
Durante parte del 2006, reclamaron autorización para actualizar las cuotas, hasta que convencieron a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) para que aceptara el aumento del 22% desde este mes, a fin de mantener en idénticos términos los planes contratados. Insistieron, sí, como alternativa, en elevarlas el 2% en enero –cuyo cumplimiento exigió Guillermo Moreno, secretario de Comercio Interior (SCI)– y el 4% el resto del año, para quienes aceptaran copagos o pagos extra por las prestaciones. Con anuencia de la SSS, más alla de la nueva cuota, quienes acepten la variante deben afrontar adicionales: por consultas médicas generales y especiales, 20 pesos, y en domicilio, de 25 a 35, según el horario; análisis en laboratorio, entre 15 y 20; consultas odontológica, 10, y psicológica, 30 por sesión; radiología, 20; diagnóstico por imagen, de 30 a 80, y derecho por cada día de internación, 100, entre otros.
Casi como un regalo para el Día de Reyes, el 5 del actual se supo que la SSS y la SCI exceptuaron de los copagos a las enfermedades crónicas de alto requerimiento prestacional, tanto las de tratamiento ambulatorio como las que requieren internación. En febrero se conocerían las incluidas mediante una resolución.
Felisa Miceli, ministra de Economía y Producción, mantuvo un elocuente silencio. Pareció olvidar su promesa del 24 de octubre pasado, cuando aseveró: “No va a haber aumentos”. Eso se le había ocurrido, presumiblemente, para contrarrestar comunicaciones enviadas a sus clientes por las principales prepagas, anticipando que elevarían sus cuotas del 18% al 23%, a partir de este mes. Algunos directivos advirtieron que sólo uno del 28% les proporcionaría nuevamente una rentabilidad neutra, como la del 2005, oportunidad en que una negociación con las autoridadesles permitió ajustar las cuotas hasta 15%. Moreno proclamó, en octubre último, que “todavía no hay conclusiones ni de las empresas ni del gobierno”, pero no amenazó con aplicar la ley de abastecimiento.
Los incrementos del 18% al 23% fueron “injustificados” para la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (Cadime) y un “disparate” para la Asociación de los Consumidores y Usuarios de la Argentina (Adecua). Por las dudas, la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados (Adecra) planteó que de no modificarse los aranceles, el sector no estaría en condiciones de brindar las prestaciones.
En esa oportunidad, en la SSS dejaron entrever que no debería superar el 8% y que se autorizaría la cobranza de adicionales por cada prestación. Afirmaron que la actualización debía hacerse una vez al año y bajo el control de organismos oficiales que establecerían las cuotas máximas a cobrar para cada cobertura.
En la Argentina habría más de 3 millones de clientes de prepagas, que en el año 2006 movilizaron unos 4.000 millones de pesos y poseen “usuarios cautivos”, que el Centro de Educación al Consumidor (CEC) definió como “los mayores de 65 años y los enfermos crónicos que están en tratamiento médico”.
Tanto Ademp como Cimara coincidieron en que de esas 3 millones de personas, 2 millones serían “clientes corporativos”, por lo cual deberían negociar por empresa, y el millón restante (incluyendo 250.000 trabajadores desregulados) tendría que optar por el antiguo plan con el ajuste comentado o los copagos.
El 60% de la actividad se concentraba en noviembre pasado en 6 grupos: Osde Binario, Swiss Medical, Galeno, Medicus, Medifé y Omint, y el 93% en una veintena. En tanto, se evocó que una decena de firmas absorbieron en los últimos años a un centenar de las más pequeñas.

Cobertura a 14,9 millones de personas

BUENOS AIRES.- Sin contar al PAMI, existen en la Argentina 289 obras sociales sindicales. El año pasado gastaron unos 11.000 millones de pesos en dar cobertura a 14,9 millones de trabajadores en relación de dependencia (empleados y empleadores pagan el 9% de las remuneraciones), monotributistas y personal del servicio doméstico (sumas fijas), en ambos casos con sus familias. A ello se agregan imprescindibles aportes estatales.
En el 2006, también, la AFIP recaudó 150.008 millones de pesos, la suma más elevada de la serie histórica y 5,8% superior a la de 2005. De ese total, 23.602 millones correspondieron al sistema de seguridad social, un alza del 44,6% atribuido a mejoras en el empleo registrado, la remuneración imponible y los regímenes de facilidades de pago.
El año pasado, además, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social homologó 772 convenios colectivos, 36% más que en el 2005. Comprendieron a 3,7 millones de trabajadores, el 84% de los 5 millones registrados del sector privado. No obstante, la Superintendencia de Seguros de Salud analiza eliminar el tope de 4.800 pesos para los aportes a las obras sociales.
Las primeras 10 obras sociales sindicales recaudaron el 50% del total, ranking que lideró la de Empleados de Comercio, curiosamente la que más beneficiarios perdió como consecuencia de los traspasos. Parte de lo percibido se destina a un fondo de redistribución para abonar tratamientos de alta complejidad y garantizar un ingreso mínimo por afiliado y familia.
Cuando ciertos gremios proponían pagos de aranceles diferenciales para consultas médicas, diagnósticos e internaciones, no faltaron memoriosos que documentaron su implementación. Desde los ‘90 del siglo pasado, hubo “cuotas solidarias”, bastante compulsivas, y procedimientos burocráticos difíciles de rechazar. La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) calculó que para determinadas arcas sindicales representaron 500 millones de pesos adicionales, incluso avalados en negociaciones colectivas con variados argumentos (el sostenimiento de las organizaciones gremiales y mutuales; gastos por sepelio; capacitación; fondo compensador, y objetivos culturales y sociales). Como nadie parecería conformarse, se comentó que las obras sociales sindicales incrementarían las cuotas para sus socios voluntarios,.
Por las modificaciones exigidas por el Banco Mundial (BM), en 1997 se aprobó la desregulación del sistema y permitieron los traspasos de entidad. Cada afiliado –y su familia– dejó de estar obligado a permanecer en la obra social de su pertenencia. Desde entonces se registraron más de 1,5 millón de cambios, casi siempre orientados hacia una docena de obras sociales de reducidas dimensiones que aceptaron ser gerenciadas por conspicuas prepagas. Las bajas provocaron un desequilibró en las cuentas de diversos gremios del orden de 150 millones de pesos mensuales.
La CGT propuso a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) que definiera un nuevo mecanismo para que las entidades perjudicadas no siguieran perdiendo afiliados. Sobre la marcha, hasta Hugo Moyano, su titular, reclamó que se hiciera algo para frenar los traspasos indiscriminados.
La Sindicatura General de la Nación (Sigen) controla, desde el 1º de noviembre pasado, los subsidios que el gobierno concede a las obras sociales para financiar prestaciones de alta complejidad. Así lo decidió un par de meses después de que se conociera que importantes sindicatos no habían rendido correctamente unos 330 millones de pesos entre 1999 y 2005.
Por si lo expuesto no fuera suficiente, este 2007 se inició con la difusión del pedido formulado por el fiscal Carlos Stornelli al juez federal Norberto Oyarbide, para que sean indagados por presunto fraude al Estado nada menos que 120 dirigentes sindicales, empresarios de la salud y ex funcionarios de las gestiones de Carlos Saúl Menem y Fernando de la Rúa. Estarían involucrados en el desvío de parte de un préstamo de 285 millones de dólares del BM, destinado a la reconversión de las obras sociales y del PAMI, que no fue auditado por el organismo internacional ya que esa era una responsabilidad de los integrantes del denominado “Programa de reconversión de las obras sociales”.
Más allá de lo expuesto, la consultora Mercer HR destacó que cada vez más empresas asignan mayores recursos a la promoción y protección de la salud del personal, como los chequeos periódicos; vacunaciones, y talleres y espacios físicos para atender enfermedades laborales y sociales (principalmente tabaquismo, estrés, alcoholismo y obesidad e incluso asistencia a diabéticos y cardíacos).