| | BUENOS AIRES,- En la Argentina continúa la falta de conducta para pagar impuestos.
Un caso ejemplar es el del Impuesto a los Bienes Personales o también llamado a la ‘riqueza’. Datos publicados por la AFIP permiten indagar el nivel de evasión en este tributo. Así lo destaca un reciente informe elaborado por el Instituto de Desarrollo Social Argentino (Idesa) tomando la última información disponible, que es la referida a la liquidación del Impuesto a los Bienes Personales correspondiente al año 2004. Allí se observa que:
* Aproximadamente 566.000 personas presentaron la declaración jurada.
* Las que lo pagaron fueron 393.000 personas, dado que el resto manifestó no superar el mínimo no imponible fijado en 102.300 pesos.
* El 48% declaró tener un patrimonio inferior a los 200.000 pesos, es decir, sólo 206.000 personas manifiestan tener riqueza por encima de este monto.
Según los datos del INDEC, en la Argentina habría unos 11 millones de hogares. Si bien el impuesto es personal, es decir, en un mismo hogar podría haber más de un contribuyente, de todas formas aparece que menos del 4% del total de las familias argentinas pagan este tributo.
Planteado en otros términos, los contribuyentes de los impuestos a la riqueza representan apenas un tercio del 10% más rico de la población. Cabe tener en cuenta que según la EPH estos hogares tienen ingresos mensuales del orden de los $ 5.300 y el 80% son propietarios del inmueble donde viven.
El estudio destaca asimismo que la alta evasión no se da sólo en la Nación sino que también afecta al impuesto inmobiliario que administran las provincias y los municipios. A diferencia del impuesto a los bienes personales que opera en base a una declaración jurada anual, en las provincias y municipios el tributo se aplica de forma casi universal y opera en base a facturación. Aun en estas condiciones, la mora y la evasión es del orden del 50%.
¿Por qué semejantes niveles de incumplimiento en un impuesto cuya base imponible es imposible de ocultar? La explicación es el mal funcionamiento de los registros de la propiedad y los catastros, es decir, los organismos provinciales responsables de administrar la información sobre la titularidad de los inmuebles.
En la medida en que estas instituciones no cumplen con la función de identificar los inmuebles y a sus dueños, el cobro de impuestos sobre esa propiedad se vuelve muy difícil.
Si a esto se agrega que hay tres jurisdicciones (Nación, provincia y municipio) que le pretenden cobrar a la misma persona similar impuesto sobre el mismo hecho imponible, la burocracia alcanza niveles absurdos. Esto implica aumentar los gastos administrativos del Estado, de los contribuyentes y dificulta enormemente el control y la penalización de la evasión y la mora.
En este contexto, la nueva resolución de AFIP (ver recuadro) agrega problemas en lugar de soluciones.
La solución no es seguir agregando “parches” sino simplificar. Por un lado, que haya un sólo impuesto para el mismo hecho imponible: la propiedad de un inmueble. Como ocurre en otros países federales, este tipo de impuesto debería estar a cargo de las provincias o, mejor aún, de los municipios.
Por el otro, transformar la organización de las instituciones provinciales responsables de registrar la titularidad de los inmuebles. El estudio de Idesa finaliza señalando que, con el actual estado de desarrollo de la tecnología, no hay ningún justificativo para que la registración de los inmuebles se siga haciendo con métodos primitivos. (R.C.) |
