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Este gobierno tiene una importante virtud, da una gran prioridad a mantener elevada la solvencia fiscal. Este no es un dato menor en un país que ha vivido gran cantidad de explosiones económicas que tuvieron su origen en el desmanejo monetario y cambiario o en la irresponsabilidad fiscal. Por ejemplo, esta última fue la causa de la última crisis de 2001-2002 que llevó al país al default.
Desde 2002 hasta este año, el superávit primario del Estado Nacional se ha multiplicado en más de 15 veces y superará los $ 23.000 millones. Es cierto que, en términos del PBI, el porcentaje viene cayendo desde 3,9% en 2004 hasta el 3,5% actual y que seguramente lo seguirá haciendo en los años venideros. Sin embargo, continuará creciendo en moneda corriente lo suficiente para garantizar la solvencia fiscal; por lo menos por los próximos cuatro años.
La mala noticia es que esto no se logró a partir de un Estado austero. El gasto público nacional primario (sin incluir pagos de intereses de la deuda) en término del PBI hoy está en el record de los últimos, por lo menos, 15 años y seguirá creciendo. Desde el 2002, se ha incrementado en moneda corriente casi un 60%. Sin embargo, los ingresos del gobierno crecieron fenomenalmente de la mano de una creciente presión tributaria sobre los empresarios y trabajadores, la que se ubica hoy a niveles record históricos rondando el 23% del PBI, con perspectivas de seguir subiendo en 2007.
Por lo tanto, no es casualidad que los argentinos (que pagamos impuestos) tengamos esa sensación de llevar sobre nuestras espaldas una pesada carga. Si bien es cierto que parte del aumento de la recaudación se debe a la inflación y a la recuperación del nivel de actividad, otra se debe a un enorme “impuestazo”. Los más evidentes son las retenciones o impuestos sobre las exportaciones y el llamado gravamen a la operatoria en cuentas a la vista.
Pero también hay un incremento de tributos encubierto al prohibir la actualización por inflación de los balances o la de los mínimos no imponibles y deducciones que aplican los trabajadores para el cálculo del impuesto a las Ganancias.
Las empresas han estado abonando impuestos a las Ganancias sobre beneficios inexistentes que solamente son el reflejo de la revalorización nominal de sus activos o de sus inventarios de insumos o productos. Es más, puede haber casos en que, a pesar de tener pérdidas en su operación, hayan terminado pagando Ganancias por la revalorización inflacionaria de sus activos. Un absurdo.
A nivel de los trabajadores en relación de dependencia o independientes, la no actualización de los mínimos no imponibles o de las deducciones funciona igual. Incluso hoy, luego de la fuerte recuperación nominal de los salarios formales de los últimos años, debe haber muchos trabajadores que no han recuperado el poder adquisitivo anterior a la devaluación; pero, sin embargo, pagan una proporción mayor que entonces de su sueldo en impuesto a las Ganancias. Son más pobres, pero contribuyen más. Suena a “Hood Robin”.
Sin lugar a dudas, son justos los reclamos de los trabajadores y de los empresarios para que se tenga en cuenta la inflación a la hora de determinar el impuesto a las Ganancias a pagar. El país necesita reformar su sistema tributario, que hoy tiene una enorme participación de impuestos distorsivos, para ir a uno más eficiente y equitativo. Parte de lo que aumenta la recaudación podría usarse para ello y para alivianar el peso sobre los que hoy pagan, dado que somos más los que contribuimos y entre los que se puede repartir el sostenimiento del Estado.
Sin embargo, no hay voluntad del gobierno en ese sentido, ya que creen que el motor del crecimiento es el sector público. O sea que sacarle un peso al sector privado y gastarlo desde el Estado genera crecimiento. Entonces ¿por qué dejárselo? Sin embargo, lo peor de todo es que, a pesar de los reclamos generalizados, los cambios impositivos que se dan terminan siendo la consecuencia de crisis sectoriales, actos de fuerza o conflictos sociales. Este es el caso de los privilegios, en términos del pago del impuesto a las Ganancias, obtenidos por el sector petrolero para sus trabajadores. Lamentablemente, no se puede llegar a un sistema tributario justo y eficiente mediante la “ley del más fuerte”. El único camino es mediante políticas de Estado responsables que definan una estrategia en el tiempo para poder lograr el cambio y que luego sean implementadas. Esto no es solamente responsabilidad del Poder Ejecutivo, sino también del Congreso que, hasta ahora, ha venido eludiendo cumplir con sus responsabilidades.