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Domingo 19 de Noviembre de 2006
 
 
 
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  Una cuestión de institucionalidad
En los países desarrollados hay más respeto por las instituciones y derechos de ciudadanos. Todavía se puede colocar el dinero en sectores rentables en donde el gobierno no interviene.
 
 

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En 2006, la Argentina superará el record de inversión respecto del PBI de 1998 (21,1%) y se ubicará por encima del 22% en el que viene. A partir de allí, es más probable que tome una trayectoria descendente a que siga en alza. El problema es que la Argentina necesita superar el 26% del PBI de inversión para mantener tasas de crecimiento mayores a 6% anual, que son las que permitirían recortar rápidamente la distancia que nos separa de las economías desarrolladas. De esta forma, se podría incrementar el bienestar y reducir drásticamente la pobreza.
Una opción para esto sería aumentar el ahorro doméstico. Sin embargo, el gobierno nacional difícilmente incremente su ahorro e inversión respecto del PBI en los próximos años. Al contrario, luego de algunos ejercicios de alto crecimiento, es esperable que se reduzca para dejarle paso a otras prioridades (ej. sistema previsional). En tanto, los altos niveles de pobreza y las tendencias populistas de este gobierno son incompatibles con forzar un mayor ahorro del sector privado (lo cual tampoco es solución).
Entonces, ¿quién aportará la inversión que falta? El único que queda es el sector externo. Sin embargo, la inversión directa extranjera en la Argentina es sustancialmente menor a la de la década anterior. En la actualidad, su participación en el total de capital de largo plazo llegado a América Latina y el Caribe es de alrededor del 40% de la de los ’90. Considérese que la comparación se hace contra países vecinos y no contra desarrollados o la India o China.
Uno debería preguntarse por qué es tan poco atractivo invertir en la Argentina, no sólo para los extranjeros, sino para los propios empresarios locales. Ahora, ¿Ud. invertiría en un país dónde:
a) le pueden prohibir la comercialización de un producto recientemente lanzado con una norma retroactiva (inconstitucional) cuando una anterior lo permite?
b) un funcionario lo puede amenazar con la prisión por no producir o vender a pérdida un producto, simplemente porque a él se le ocurre que tiene que valer menos de lo que cuesta proveerlo?
c) le pueden restringir la venta al exterior o cargarle un impuesto sobre su producto para reducir el precio interno al que Ud. va a venderlo? Por ejemplo desde 2002 a 2005, solamente por soja, maíz y trigo, los productores agropecuarios transfirieron por las retenciones al gobierno (un tercio) y a los consumidores locales (dos tercios) más de u$s 8.000 millones.
d) el Estado quiebra unilateralmente los contratos y las reglas de juego para la prestación de servicios públicos y cinco años después no hay perspectivas de que se reestablezcan condiciones de operación y tarifas de largo plazo?
e) un funcionario, sin norma alguna que lo avale puede llamar a las compañías y exigirles que, con tres semanas de anticipación, le pidan permiso para aumentar sus precios y que se lo justifiquen con aumentos de costos?
f) el que negocia, cierra y firma los acuerdos de aumentos de sueldo que va a dar el sector en el que Ud. producirá es el presidente de la Nación o su ministro de Trabajo?
g) un funcionario anuncia demagógicamente que se lanzarán líneas de crédito hipotecario con cuotas similares a los alquileres; lo cual es imposible sin un subsidio explícito del Estado?
h) un empresario puede ser “castigado” desde el atril presidencial o desde la oficina de alguno de sus funcionarios porque hizo declaraciones que a ellos no le gustaron o aplican una política comercial que, según ellos, es “incorrecta”?
i) corre el riesgo de no poder levantar una cosecha o realizar la siembra debido a la falta de gasoil o de incumplir la entrega de un pedido por la escasez de energía eléctrica que producen las políticas demagógicas y populistas del gobierno?
j) un gobierno, que actúa con tanta arbitrariedad respecto de los derechos y propiedad de los empresarios y ciudadanos, tiende a diluir los controles republicanos de los otros poderes (Justicia y Legislatura)? Es más, donde el Congreso le otorga “graciosamente” al PEN funciones que le son propias e indelegables según la Constitución nacional.
Seguramente, la mayoría de los lectores habrán respondido con un rotundo “no”; lo cual explica las pobres perspectivas de inversión. Sin embargo, eso no quiere decir que siempre ésta sea la respuesta. Todavía se puede colocar el dinero en sectores rentable donde el Estado no tiene tanta facilidad o interés en intervenir. O aprovechar el creciente “estatismo” actual para hacer pingües negocios con los gobiernos nacionales y los provinciales. O beneficiarse con las tendencias nacionalistas y proteccionistas del actual Poder Ejecutivo nacional para obtener aumentos de aranceles, restricciones a la importación de productos que compiten con los propios para poder venderlos más caros. O lograr subsidios o preferencias para mi compañía en función de las buenas relaciones con el poder. Sin embargo, no parece suficiente para lograr los niveles de inversión que la Argentina necesita para soñar con abandonar la tendencia al subdesarrollo.
La solución al problema no es sencilla. Las naciones exitosas no lo son porque sean de izquierda o de derecha o estén en el norte o en el sur del planeta. Si uno divide a los países entre desarrollados y subdesarrollados, observará rápidamente que la diferencia entre ambos grupos es que las primeras son más respetuosas de las instituciones y los derechos de los ciudadanos. Un ejemplo de este camino de desarrollo son Chile, Nueva Zelanda, Australia y otros en el Cono Sur, Irlanda, España y diversas ex economías soviéticas en el hemisferio norte. Pero iniciar este mismo camino no depende de un gobierno, sino de la decisión de un pueblo de ser maduros, respetar los límites y entender que el fin nunca justifica los medios.
Cuando los argentinos pensemos de esa forma, seguramente los gobiernos no tendrán más remedio que cumplir con las funciones y atenerse a las restricciones para su ejercicio que marca la Constitución nacional. Hasta tanto, es deber de todos trabajar para difundir y asumir individualmente el compromiso con este cambio cultural.

 

   

ALDO ABRAM  Director Consultora Exante.

   
 
 
 
Diario Río Negro.
Provincias de Río Negro y Neuquén, Patagonia, Argentina. Es una publicación de Editorial Rio Negro SA.
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