| | El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, amenazó a las empresas petroleras con aplicarles las sanciones que establece la Ley de Abastecimiento.
Según especificó, éstas pueden incluir clausuras e incluso, desde un punto de vista jurídico, la prisión. Si bien algunos constitucionalistas discuten si esta norma está vigente o si ha quedado suspendida, la realidad es que, cuando se la derogó parcialmente en 1991 (decreto 2.284), se aclaró que para poder aplicarla debía aprobarse en el Congreso una ley de emergencia de abastecimiento.
De hecho, ante un decreto del entonces presidente Duhalde en 2002, la Procuración del Tesoro dictaminó que la norma no estaba vigente. Lo único que queda exento de este requisito es el inciso C del artículo 2 que la resolución 25 cita en sus “considerandos” y que permite al Poder Ejecutivo dictar normas que rijan la comercialización, intermediación, distribución y/o producción de un bien o servicio. Esto está muy lejos de la posibilidad de aplicar sanciones y, más aún, de meter preso a alguien.
En el Anexo de la resolución se habilita a la Secretaría de Comercio Interior a actuar de oficio, aplicando los procedimientos previstos en la Ley de Abastecimiento. Por supuesto que, hasta acá, es sólo el comentado inciso C del artículo 2; aunque todo es lo suficientemente vago como para plantear las “necesarias” dudas de los potenciales “sancionables”.
Sin embargo, algunos en el gobierno declaman que la Ley de Emergencia Económica le delega al Poder Ejecutivo la facultad del Congreso de poner en vigencia la Ley de Abastecimiento en todos sus puntos. Desde ya, parece una interpretación “muy amplia” de la Ley de Emergencia Económica, que se contrapone al dictamen de la Procuración del Tesoro que mencionáramos ante- riormente.
Si tienen razón, esto nos lleva a otro tema de gravedad que es la inseguridad jurídica actual por la falta de respeto a los principios republicanos que están en la Constitución.
Cada vez se diluye más la capacidad de control del PEN por parte del Congreso y de la Justicia (por ej. con el incremento de su poder político dentro del reformado Consejo de la Magistratura). Por otro lado, la fuerte tendencia de los legisladores a transferirle al gobierno las facultades propias permite al gobierno hegemonizar cada vez más poder.
Por otro lado, el secretario de Comercio Interior dijo que las empresas debían haber previsto el incremento de la demanda interna que genera el crecimiento y están obligadas a suministrar y abastecer todo lo que la economía consuma. Cabe aclarar, que la escasez de gasoil se debe a que el gobierno, arbitrariamente, decidió que su precio interno debía ser inferior al valor internacional. Por lo tanto, para proveer excedentes de consumo por encima de las posibilidades de producción local hay que importarlo a pérdida. Argumentar que las empresas ganan con otros productos en el mercado local e internacional y eso justifica que tengan que, obligatoriamente, perder importando gasoil es meterse en una decisión comercial que no le corresponde al gobierno.
El camino es resolver el problema de fondo que generó con su errada y demagógica política energética. Si los precios fijados arbitrariamente por el gobierno fueran rentables para las empresas, nadie se perdería la oportunidad de ganar mucha plata, habría inversión y suficiente provisión de combustibles. A menos que esto no sea así, lo cual es cierto por los relativamente bajos valores determinados por el Poder Ejecutivo, o que el riesgo de invertir en la Argentina sea muy alto, lo que también es cierto por las arbitrariedades de la política económica actual.
Aun dentro de los principios de gestión de este gobierno se podían idear medidas que preservaran, en cierta forma, la seguridad jurídica. Por ejemplo, las petroleras podrían atender su red de distribución y el gobierno, a través de ENARSA, traer gasoil y venderlo internamente al precio artificial que fijó. Por supuesto que eso implicará un subsidio (pérdida de la compañía estatal) que debería atender de rentas generales.
Otra opción sería incrementar las retenciones de las exportaciones de naftas y darles un subsidio explícito a las petroleras que importen gasoil para venderlo al precio oficial. El subsidio se podría pagar con un título que podría ser utilizado para abonar las retenciones de las ventas externas de naftas y de petróleo. De esta forma, el gobierno podría llevar a la práctica la compensación que argumenta cuando dice que las petroleras ganan con la venta al exterior de nafta a precio internacional y, por ello, pueden perder trayendo gasoil.
Ante las amenazas de un Estado que cada vez acumula más poder, tiene menos controles y más capacidad de tomar medidas arbitrarias que afecten derechos y la propiedad de ciudadanos y empresas, puede que “llueva gasoil”. Las empresas petroleras evaluarán seriamente cuáles son los daños que futuras políticas del gobierno le pueden ocasionar y, en esa medida, decidirán traer dicho combustible a pérdida.
Sin embargo, algo es seguro, convendrá empezar a “abrir el paraguas”. La inversión en capacidad de producción mermará fuertemente y, con ello, se incrementarán los problemas de provisión futuros. En ese momento, ¿cómo será la nueva danza de la lluvia que bailarán nuestros funcionarios?
El actual “clima tormentoso” lo padecen las petroleras; pero lo perciben todos los inversores que se preguntarán cuándo les tocará a ellos. Por lo tanto, si seguimos así, nuestro vaticinio meteorológico es que habrá que acostumbrarse a una dura sequía de inversiones, con creciente sensación de subdesarrollo y alto porcentaje de pobreza. |
